El caso del intendente cesado por el Ayuntamiento de Altea sigue levantando la polémica entre ambas partes: el gobierno local y el sindicato que representa al funcionario, SPPLB-FESEP. La organización ha emitido un comunicado este viernes en el que acusa al bipartito de Compromís y PSOE de "utilizar artimañas de manera maliciosa para desviar la atención sobre las imputaciones por una presunta prevaricación administrativa del concejal Rafa Mompó, del Secretario Accidental y del exalcalde".
El sindicato se refería así a la nota de prensa enviada la semana pasada por el propio Ayuntamiento en el que informaban sobre la apertura de diligencias previas por presunto delito de falsificación en documento público a Armando Reig Botella, intendente provisional cesado por el propio Consistorio. Este último había denunciado a la otra parte por entender que se le había cesado injustamente de su cargo, según relataron en el comunicado.
Frente a todo ello, el sindicato ha optado por personarse en los Juzgados de Benidorm para solicitar copia de toda la documentación de los denunciantes. Además, reclaman que se exhorte al Juzgado de Instrucción numero 2 esta causa, donde se siguen diligencias previas contra la otra parte. A su vez, afirmaron que ejercerán "las acciones judiciales oportunas para restablecer el honor" de Reig. Para ello, han solicitado "encarecidamente al Sr. Mompó que rectifique de forma inmediata sus acusaciones y al Gobierno Alteano de PSOE y Compromís que dejen de montar estercoleros, fangos y lodos, donde están acostumbrados a revolcarse".
El presunto delito de falsificación en documento público lo lleva el Juzgado de Instrucción Número 4 de Benidorm, a instancias del Ministerio Fiscal. Según explicó el Ayuntamiento, se había "recabado indicios de que el sospechoso, estando en marcha el proceso de selección del puesto de Intendente y siendo aspirante al mismo y a sabiendas de que no podía acudir al curso de capacitación, a celebrar en el IVASPE, en tanto no se produjera su expreso nombramiento y se practicaran las correspondiente publicaciones en los diarios oficiales, elaboró un documento, fechado el 15 de febrero de 2023, en el que, firmado como Intendente-Jefe de la Policía Local, remitió comunicación a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a Emergencias, por la que se proponía a sí mismo para incorporarse al curso organizado por el IVASPE para la categoría de Intendente".
Todo ello, afirman desde la administración local, pese a su deber legal de abstención al corresponderle al alcalde presidente de la Corporación Local dicha competencia. También aseguraron que existen indicios de que la Providencia o Comunicación se remitió al IVASPE de "forma subrepticia para no dejar constancia ni conocimiento de los responsables de la Corporación".
Tras estas acusaciones desde el canal oficial del Ayuntamiento, ahora el sindicato ha informado de la existencia de un acta notarial en el que afirman que el exconcejal de Seguridad Ciudadana, Miguel de la Hoz, "reconoce la autenticidad de su firma en la solicitud remitida al IVASPE, proponiendo al Sr. Armado Reig para la realización del curso de acceso a la escala de Intendente". De igual forma, dicen desconocer el documento al que se refieren en el comunicado de hace una semana: "Desde esta central sindical entendemos que, aparte de burlarse de la justicia, una vez más mienten descaradamente de forma deleznable con el objetivo de confundir a la opinión pública y tapar la cacicada que, a nuestro juicio cometieron, cesando al intendente jefe de la Policía Local de Altea".
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