Un policía de Callosa pide a Subdelegación del Gobierno que investigue la desaparición de su arma   El agente ya denunció la retirada temporal de la pistola ante la Guardia Civil y el sindicato SPPLB alerta de la inseguridad en el entorno tras achacarse a un error   www.abc.es Un agente de la Policía Local de Callosa de Segura (Alicante) ha elevado una petición a la Subdelegación del Gobierno para que se investigue la desaparición temporal de su arma, después de haber presentado una denuncia ante la Guardia Civil. Desde el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) han denunciado que esta incidencia «aumenta la sensación de descontrol y desorientación en la dirección» de este cuerpo, así como la inseguridad. El agente comprobó, al incorporarse al servicio, que el casillero de su arma estaba vacío y tampoco se encontraba la caja en la que la deposita, ni la guía. El jefe de Servicio tuvo que activar el protocolo para estos casos y contactar con el Puesto Principal de la Guardia Civil y que se realizara una investigación. También debía estar informado de si su arma era utilizada en cualquier ilícito penal o conducta delictiva, que pudiera llegar a implicarle. El Intendente Jefe, como responsable de la custodia y depósito del armamento policial de la Policía Local de Callosa de Segura justificó lo ocurrido por «un error» de uno de sus subordinados, al que había dado la orden de retirar el arma de otro agente por incapacidad temporal, o sea, por enfermedad.   Para el SPPLB, esa circunstancia es «muy grave» además por la «revelación de datos personales protegidos, como es el estado de salud de un funcionario».   Paralelamente a la denuncia inicial, el agente elaboró un informe interno para dejar constancia de lo ocurrido y lo elevó al considerado Jefe Nato de la Policía Local, en este caso la alcaldesa, Amparo Serrano, con el fin de que se activaran las comprobaciones y medidas que correspondieran.   Asimismo, solicita que el asunto sea remitido, si procede, a la Intervención de Armas y Explosivos (ICAE/IAE) de la Guardia Civil para que valore lo sucedido dentro de sus competencias. Y ue se conserven las pruebas que puedan aclarar lo ocurrido, especialmente grabaciones de videovigilancia y cualquier registro de accesos o movimientos, para evitar que se pierda información relevante.   El entonces concejal de Policía, Javier Pérez Trigueros — que ha cesado recientemente de sus competencias, pero sigue en la Corporación municipal sin sueldo— ofreció una explicación pública en la que se limitó a «restar importancia al asunto y a justificar lo sucedido sin detallar qué controles fallaron ni qué medidas se adoptaron después», según el SPPLB.   En una rueda de prensa, afirmó que todo se debió a un «error», porque supuestamente se pretendía retirar el arma a otro policía, unas aclaraciones insuficientes, a juicio del SPPLB y del agente.   Por eso, el afectado señala también que desconoce si desde el Ayuntamiento se han adoptado medidas suficientes para asegurar esas evidencias o para esclarecer internamente lo ocurrido, motivo por el que ha decidido elevarlo a Subdelegación del Gobierno para «garantizar que se actúe con control y garantías».   Tampoco entiende los motivos por los que su arma de fuego ha estado sin supervisión, ni se le ha informado de qué persona ha sido la que la ha manipulado, ni durante cuánto tiempo.   «Tachamos los hechos de extremadamente graves y hemos solicitado de forma inmediata la investigación, mediante escrito dirigido a la alcaldesa, más si cabe cuando existen cámaras de videovigilancia dentro del armero policial», han abundado desde este sindicato.   «Revelación de secretos» sobre la salud de otro compañero Además, aseguran que la supuesta retirada del arma reglamentaria al otro agente, afiliado también al SPPLB, se realizó «sin comunicación previa y sin transcurrir el plazo exigido en la ley» y van a estudiar si se incurrió en un delito de revelación de secretos por parte de funcionario público, al poner en conocimiento de terceros, sin autorización, información reservada sobre su salud, lo que pueden entrañar penas de multa e inhabilitación especial.   Denuncian que se vive «una situación insostenible, los agentes revelan persecuciones y tratos arbitrarios en la gestión diaria, especialmente con los afiliados al sindicato: además de todos los problemas diarios, ahora se añade que los policías temen que desaparezcan sus armas o que sean manipuladas en el interior del propio armero».   En consecuencia, como sindicato mayoritario de la Policía Local, «exige de forma inmediata la adopción de medidas cautelares para que este funcionario deje de hostigar y atacar de forma impune a sus miembros, y que una vez se realicen las investigaciones oportunas se aplique el régimen disciplinario».

EL SPPLB GANA UN PLEITO AL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM Y EXPULSA AL CSIF DE LA MESA DE NEGOCIACIÓN   El sindicato de funcionarios había hecho valer su representatividad nacional, pero no tenía elegidos en el ámbito local, como establece la doctrina del Supremo   www.abc.es www.informacion.es www.ahoramarinabaixa.es   El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) ha ganado un pleito al Ayuntamiento de Benidorm y expulsará al CSIF de la Mesa General de Negociación conjunta del personal funcionario y laboral, donde se había incorporado a dos miembros suyos a pesar de no contar con representantes el comité de empresa.   Aunque el sindicato de funcionarios había hecho valer su representatividad nacional, no haber contado con respaldo de fotos en el ámbito local lo invalida para formar parte de este órgano municipal, según la doctrina del Tribunal Supremo.   Como detalle anecdótico, durante el juicio fue la propia juez quien advirtió a las partes de que este aspecto jurídico lo «conocía muy bien» por su experiencia profesional.   Así lo refleja la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante, Plaza 2, -a la que ha tenido acceso ABC- Y que ha fallado a favor del SPPLB y estima íntegramente su recurso.   «A pesar de que previamente el SPPLB presentó sentencias del Supremo y argumentos infinitamente sólidos que demostraban la 'cacicada' que iban a cometer, y advirtiendo de su ilegalidad, alteraron de forma unilateral y contraria a derecho la composición de la mesa», han lamentado desde el sindicato denunciante.   Ahora, se declaran «satisfechos» con esta decisión judicial que «va a restablecer la legalidad, desmontando una interpretación partidista e interesada con el objetivo de colocar al CSIF en la Mesa General».   En detalle, esa incorporación vulneraba el Estatuto Básico del Empleado Público y la jurisprudencia Supremo, que exige para participar en una Mesa General conjunta haber alcanzado el 10% de representación en ambos colectivos (funcionarios y laborales) en el ámbito correspondiente.   Según el Portavoz del Sindicato Profesional, Francisco A. González, «la sentencia es clara: no basta con acreditar representatividad a nivel estatal, si no se cumple el requisito en el ámbito territorial concreto, en este caso en el Ayuntamiento de Benidorm«.   En definitiva, «la Justicia confirma lo que el SPPLB ha defendido con firmeza desde el inicio: la Mesa General no puede convertirse en un espacio configurado al margen de los resultados democráticos de las elecciones sindicales municipales», según la valoración de González.   Aunque el Ayuntamiento dictó inicialmente una resolución basándose en estos mismos argumentos, desconocen porqué «a posteriori» cambiaron sus criterios y «cedieron a las pretensiones del sindicato CSIF», han recordado.   Tras mostrar su «indignación» al sentirse en una clara posición de «indefensión» por tener que acudir a las instancias judiciales para corregir «atajos por interés corporativo», el SPPLB ha presentado un escrito por registro solicitando al Ayuntamiento que ejecute de forma inmediata la sentencia y «expulse formalmente y anule la incorporación del sindicato CSIF». Deberán volver a la mesa los dos representantes del SPPLB según los resultados de la últimas elecciones sindicales.

Lío en la Policía Local de Callosa de Segura: el jefe policial ordena retirarle el arma a un agente de baja y se la quitan a otro por error. El SPPLB asegura que el Intendente no tiene potestad para manipular las armas y que la decisión se adoptó sin comunicación previa y solicita una investigación a la alcaldesa Amparo Serrano. www.informacion.es Polémica en la Policía Local de Callosa de Segura. Un agente se encontró el pasado 26 de enero, al incorporarse a su servicio, con el su casillero del armero vacío: su arma reglamentaria, la caja de depósito y la guía habían desaparecido. Según denunció este jueves el Sindicato de Policía Local (SPPLB), la explicación proporcionada por el intendente jefe de la Policía que ordenó esa retirada revela un error en la gestión del armamento: un subordinado se equivocó de agente y retiró el arma a un funcionario distinto al que estaba previsto.   Casillero vacío Cuando el agente se encontró con el casillero vacío al iniciar su turno se lo comunicó al jefe de servicio, que inmediatamente notificó la incidencia al Puesto Principal de la Guardia Civil porque en esos momentos desconocían el paradero de la pistola. Se denunció para que la Guardia Civil investigara y en previsión de cualquier uso ilícito del arma desaparecida.   Además, se informó al Intendente Jefe Juan Antonio Sánchez Pérez, responsable de la custodia y depósito del armamento, según un comunicado del mismo sindicato.   La misma fuente recuerda que existen cámaras de videovigilancia dentro del armero policial que podrían esclarecer lo sucedido por lo que ha solicitado por escrito a la alcaldesa Amparo Serrano una investigación inmediata   Según recoge la denuncia sindical, el Intendente Jefe justificó la desaparición alegando que se trató de un "error de uno de sus subordinados". La orden original era retirar el arma a un agente que se encontraba de baja por incapacidad temporal. Sin embargo, quien ejecutó la orden se equivocó de casillero y sustrajo el arma del agente ahora afectado, afiliado al SPPLB.   "No es un despiste" Para el sindicato, este hecho "no es un simple despiste", sino síntoma de una situación "insostenible" que aumenta la sensación de descontrol en la dirección de la Policía Local. El SPPLB subraya la gravedad de que el Intendente delegue en terceros "acciones indelegables de alta responsabilidad". Además, critican que para ejecutar dicha orden se haya cometido un supuesto "ilícito" mediante la revelación de datos personales protegidos, como es el estado de salud de un funcionario, información que fue puesta en conocimiento de terceros sin autorización.   El agente perjudicado ha manifestado "su desconcierto" ante la falta de transparencia. Hasta el momento, no se le ha informado sobre quién manipuló su arma ni durante cuánto tiempo estuvo fuera de su supervisión. Ante las preguntas del afectado, el Intendente, siempre según la versión sindical, se limitó a responder que daría explicaciones "a quien él considerara".   El sindicato asegura en el mismo comunicado que el Intendente no tiene potestad para disponer o manipular las armas, ya que son responsabilidad exclusiva de los agentes. Además, la retirada del arma -incluso la del agente enfermo que motivó la orden- se realizó sin comunicación previa y sin respetar los plazos legales exigidos.   Investigación El sindicato baraja la posibilidad de que el Intendente haya incurrido, a su juicio, en un delito de revelación de secretos por parte de funcionario público. Finalmente, se le ha devuelto el arma al agente y retirado al inspector, ahora sí, tras una notificación.   Esta denuncia se produce en un contexto en el que el mismo sindicato ha denunciado supuestas irregularidades y el clima de conflictividad generado supuestamente por el regreso del jefe policial, tras una comisión de servicios y unas declaraciones en la televisión local del concejal de Seguridad, Javier Pérez, sobre la actitud laboral de los agentes que no han ayudado a calmar las aguas y en las que el edil se extendió durante 20 minutos.   Medidas cautelares La organización sindical exige la adopción de medidas cautelares para cesar "el hostigamiento" que, según denuncian, sufren los afiliados, y reclama que se aplique el régimen disciplinario una vez se aclaren las responsabilidades. También han pedido el concejal de Policía, Javier Pérez Trigueros, que aborde la problemática; aunque se ha mostrado colaborador, aún no se ha reunido con los representantes sindicales. La Guardia Civil continúa con las diligencias para esclarecer la desaparición y la manipulación del arma reglamentaria.

Estudian denunciar a un concejal de Callosa de Segura por «señalar» a policías locales al estar de baja.   El exalcalde Javier Pérez (UCIN) ha relatado en público varios casos de agentes «indispuestos» y al dar detalles se les puede identificar, lo que invade su «intimidad»   www.abc.es Fuentes policiales han «denunciado públicamente» la actuación del concejal de Seguridad de Callosa de Segura (Alicante), Javier Pérez Trigueros, por haber «señalado reiteradamente» en medios de comunicación a varios agentes locales al haber estado de baja laboral. Y han anunciado que estudian acciones legales por no haber respetado su «intimidad».   En concreto, el origen de este conflicto surge porque el responsable municipal -exalcalde popular y hoy al frente de un partido local independiente (UCIN) que sustenta el gobierno local del PSOE- ha salido al paso de unas críticas en las que se le recriminaba por no haberse «anticipado» a esa falta de recursos humanos en algunos turnos de noche.   Pérez Trigueros se ha justificado en la poca antelación con que varios agentes comunicaron que se encontraban «indispuestos», en algunos casos menos de una hora y coincidiendo en las mismas fechas, en días festivos de las pasadas vacaciones navideñas.   No obstante, en su extensa exposición ante los micrófonos y cámaras, este responsable municipal ha revelado datos que permiten identificar a los agentes u oficiales, aunque sin nombres y apellidos.   De esta manera, ha aludido a ellos «por encontrarse en situación de incapacidad temporal, llegando incluso a identificarlos por su número profesional», según las mismas fuentes, próximas al entorno de los afectados.   En la rueda de prensa celebrada el pasado 30 de enero, por ejemplo, afirmó públicamente que «el inspector se da de baja, tiene una baja médica por enfermedad», en referencia inequívoca al único oficial de esa graduación en la plantilla. «Esta afirmación no sólo permite su identificación directa ante la ciudadanía, sino que supone un ataque frontal al derecho fundamental a la intimidad del funcionario afectado», han subrayado.   Además, «podría resultar especialmente grave que, con carácter previo a dicha manifestación, el propio concejal destacara que ese inspector había ejercido como Jefe de la Policía Local hasta la incorporación del actual intendente: con esta precisión podría haber dejado entrever su identidad ante la opinión pública, eliminando cualquier posible duda o anonimato»   La incapacidad temporal «sin su consentimiento» A su juicio, «no es aceptable que un cargo público utilice su posición institucional para exponer la situación médica de un trabajador ante los medios de comunicación», hasta el punto de que aseguran que «revelar públicamente la condición de incapacidad temporal de un empleado público, sin su consentimiento, podría constituir un presunto delito de revelación de secretos».   Aunque Pérez Trigueros reitera en varias ocasiones que no cuestiona la «profesionalidad» ni duda de que esas bajas laborales estén justificadas, estas fuentes policiales consideran «inaceptable que se utilice a los medios de comunicación para cuantificar públicamente las bajas de determinados agentes».   Han añadido además que el pasado 6 de febrero, «la situación alcanzó un nivel aún más preocupante cuando el concejal volvió a identificar a agentes, esta vez mencionando su número profesional». Como consecuencia de aquella revelación, «uno de los funcionarios fue interpelado por un ciudadano mientras prestaba servicio, preguntándole si era «el que se daba de baja como decía el concejal», evidenciando el perjuicio directo generado por estas declaraciones públicas».   En definitiva, han concluido que «la seguridad ciudadana no se garantiza señalando a trabajadores concretos», lo que provoca -a su entender- que «se estigmatice a agentes enfermos».   Finalmente, instan al concejal de Seguridad a que «reconsidere su actitud y a cesar inmediatamente en este tipo de manifestaciones, a rectificar públicamente y a asumir la responsabilidad política que le corresponde», sin descartar acciones legales contra él.  

La Guardia Civil le quita las porras extensibles a la Policía Portuaria de Las Palmas   Dos sindicatos reclaman a Puertos del Estado que medie en el conflicto y exija al Ministerio del Interior la restitución de los medios de defensa perdidos, que son clave para garantizar la seguridad en el Puerto de Las Palmas.   www.atlanticohoy.com Por orden de la Intervención de Armas de la Guardia Civil, la Policía Portuaria de Las Palmas se ha visto obligada a entregar sus defensas extensibles, una herramienta de autoprotección clave que los agentes venían utilizando desde hace casi dos décadas en los puertos de la provincia.   Este desarme parcial ha provocado una respuesta inmediata de los sindicatos, que denuncian una situación de "extrema vulnerabilidad" en labores de seguridad.   Y es que los puertos estatales están considerados infraestructuras críticas, con obligaciones estrictas en la gestión de los cruceros y las normativas contra el terrorismo, entre otros peligros potenciales.   Solo porras rígidas A raíz de la resolución de la Guardia Civil, los policías portuarios, al comienzo de sus turnos, han comenzado a entregar a sus superiores los bastones extensibles. Este medio les permitía defenderse con más eficacia que la porra rígida tradicional, cuya longitud es de sólo 50 centímetros.     Ante la "gravedad de los hechos", los delegados del Sindicato Profesional de Policía y Bomberos (SPPLB), Artemis Casañas y Ayose Medina, y del Sindicato Obrero de los Puertos Canarios (SOPC), Nauzet González y Juan Francisco Romero, se han trasladado de urgencia a la sede de Puertos del Estado en Madrid para exigir la restitución inmediata de sus medios de defensa.   Competencias y seguridad La medida ha causado un profundo malestar en la plantilla y en las cúpulas directivas locales, explican desde ambas formaciones sindicales, que están adscritas a la Federación de Sindicatos de Empleados Públicos (FSEP)   Desde los colectivos sindicales subrayan la incoherencia de la medida adoptada por la Guardia Civil, que se basa en un informe emitido por la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos (CIPAE), un órgano administrativo adscrito al Ministerio del Interior que se encarga de interpretar la normativa, asesorar y proponer actualizaciones en materia de armas, explosivos y artículos pirotécnicos.   El CIPAE funciona como un ente consultivo técnico, que colabora a menudo con la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE) para regular la seguridad pública en este sector, pero los sindicatos consideran que la regulación de los bastones extensibles se ha quedado obsoleta.   Formación adecuada Los policías portuarios, además, tienen la consideración de autoridad y han recibido la correspondiente formación para usar estas armas. Es más, en puertos como Las Palmas, cuarto el año pasado en el sistema nacional, los agentes llevan 18 años portando estas defensas sin ningún tipo de conflicto jurídico o técnico.   Los puertos estatales que reciben cruceros turísticos tienen que cumplir la estricta normativa internacional ISPS/PBIP contra el riesgo terrorista. La Policía Portuaria es la encargada de los controles de acceso a buques. De ahí la pregunta retórica que se hacen los colectivos afectados: "¿Cómo es posible realizar tareas de prevención antiterrorista si se nos retiran los elementos de autoprotección?".   Exigencias a Puertos del Estado En la reunión mantenida en Madrid, los representantes de los trabajadores han exigido a Puertos del Estado la mediación urgente en este conflicto, es decir, que emita un informe ante Interior y la Guardia Civil en defensa del uso de los bastones extensibles.   También reclaman el acceso al borrador del nuevo Reglamento de Policía Portuaria en el que está trabajando el organismo estatal, así como una mesa de negociación para que las aportaciones de los agentes sean escuchadas antes de aprobar cualquier cambio que afecte a su seguridad.   Alerta de movilizaciones Los sindicatos advierten que este "despojo" de medios de defensa podría extenderse al resto de los puertos de España, lo que consideran un ataque directo a la profesionalización del cuerpo.   "No descartamos un calendario de movilizaciones", han sentenciado los portavoces, dejando claro que no permitirán que la seguridad de los agentes y de las infraestructuras clave del Estado se vea comprometida por una decisión técnica que los deja en la "indefensión absoluta".  

Las graves goteras de la Biblioteca de Benidorm: documentos históricos destruidos y un peligro para trabajadores y usuarios. El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) ha remitido un escrito a la Concejalía de Patrimonio Histórico denunciando la situación. www.informacion.es www.cadenaser.com   La Biblioteca Municipal de Benidorm hace aguas. Se repiten los graves problemas de goteras, desprendimientos y humedades sucedidos cada vez que llueve. Así lo denuncia el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), que ha remitido un escrito a la Concejalía de Patrimonio Histórico alertando de una situación que, según exponen, se ha convertido en “una pesadilla que se repite una vez tras otra cada vez que llueve”. Desde el sindicado han alertado que no solo es un problema de salud para los lectores y trabajadores, afectados por olores y humedad: una buena parte de los documentos se han visto afectados, entre ellos algunos de gran valor, como las realizadas por Edelmiro Trillo y Christine Charpentier, que incluyen libros de los siglos XVIII, XIX y XX.   En la denuncia, firmada por el secretario local del SPPLB, Francisco Ángel González Gómez, se detalla que los últimos episodios de lluvia han provocado “desperfectos en el techo de la biblioteca central como consecuencia del problema de acumulación de agua”, con “desprendimiento de las placas y las intensas goteras” tanto en la sala infantil como en la sala de adultos. Este diario ya alertó de varios, episodios, como el cierre de la sala infantil en 2024.   El sindicato advierte de que estos daños “pueden provocar un riesgo creciente para los usuarios”, y recuerda que la sala infantil permanece cerrada al público, mientras que el resto del edificio continúa en funcionamiento pese a las filtraciones.     Un deterioro que se arrastra desde hace una década Desde el SPPLB se subraya que estos episodios no son hechos aislados, sino “el síntoma más evidente de un deterioro estructural que se arrastra desde hace más de diez años” y que actualmente “afecta ya a la seguridad, la salud laboral y la conservación del patrimonio cultural”, señalan.   El escrito alerta de que las humedades más graves se concentran en la sala infantil, uno de los espacios más utilizados del edificio. Debido a ello, cada episodio de lluvia obliga a cerrarla " “durante varios días, hasta que desaparece el riesgo de desprendimientos”. El sindicato recuerda que “las placas de escayola del techo y las lámparas de lectura ya se han desplomado en ocasiones anteriores”, generando “una lógica alarma entre familias, usuarios y personal”. “El cierre preventivo se ha convertido en rutina ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad”, añaden.   La hemeroteca y los fondos documentales La hemeroteca se encuentra también en situación "alarmante", según el sindicato. Según exponen, las filtraciones “han evolucionado de forma clara y preocupante”: “lo que hace un año eran simples gotas son hoy chorros de agua que caen directamente sobre zonas de consulta de prensa, sección local y lectura accesible”. Debido a esta situación se están degradando papeles, se favorece la aparición de moho y se "acelera un daño irreversible en los fondos documentales."   Un problema que se ha extendido aún más con el paso del tiempo: Nuevas goteras han aparecido “frente a la sección de idiomas y en el pasillo de acceso a la sala de consultas”, lo que confirma que “el deterioro afecta ya a buena parte del edificio”.   Daños fuera de las zonas abiertas al público Las filtraciones no se limitan a las áreas accesibles a los usuarios. El sindicato señala que también afectan “a la zona de depósito, donde se conservan libros y materiales que requieren condiciones ambientales estables”, así como “a la sala de estudio, cuya rehabilitación fue abandonada hace tiempo”.   En todos estos espacios, “el olor a humedad es permanente y la presencia de moho empieza a ser evidente”, según recoge el escrito.   Esta situación, añade el SPPLB, está teniendo consecuencias directas sobre los trabajadores de la biblioteca. La exposición continuada “a la humedad y el moho son factores que pueden provocar problemas respiratorios y otras afecciones”, a lo que se suma “la preocupación continua por el riesgo físico derivado de posibles desprendimientos del techo”.   Por ello, el sindicato considera que “no se están garantizando las condiciones de seguridad y salubridad requeridas para una biblioteca de una ciudad tan importante como Benidorm”.   Patrimonio cultural en riesgo La denuncia subraya también el impacto de la humedad sobre el patrimonio cultural. Según el texto, se están deteriorando “libros, revistas y discos”, con “encuadernaciones deformadas, manchas, hojas onduladas, oxidación y soportes sonoros dañados”.   Entre los fondos afectados se encuentran “donaciones de gran valor”, como las realizadas por Edelmiro Trillo y Christine Charpentier, que incluyen libros de los siglos XVIII, XIX y XX. Se trata de “materiales únicos, difíciles de reemplazar”, que actualmente “se encuentran en un entorno incompatible con cualquier criterio básico de conservación”.   Un problema que se veía venir El SPPLB recuerda que el origen de esta situación “es conocido desde el principio”. Y es que la biblioteca se ubicó “en un local donde ya se sabía que existían graves problemas de filtraciones” y, veinte años después, “las consecuencias de aquella decisión siguen recayendo sobre lectores, trabajadores y sobre un patrimonio que debería haberse protegido con especial celo”, denuncian en el comunicado.   Como consecuencia: “Diez años de goteras, olor a humedad y riesgo estructural no son una incidencia puntual: son el reflejo de un abandono prolongado”, concluye el escrito. Mientras “el agua avanza” y “el moho se extiende”, la biblioteca municipal de Benidorm se acerca, según el sindicato, “a un punto crítico en el que la lluvia no solo obliga a cerrar salas, sino que pone en cuestión la viabilidad misma del servicio público”.   Debido a esta situación, el SPPLB solicita a la Concejalía de Patrimonio Histórico que actúe "de forma inmediata" para subsanar la situación de la Biblioteca Municipal, que por ahora hace aguas.

SPPLB-FESEP firma un acuerdo histórico para mejorar el trabajo nocturno en los puertos de Las Palmas   Los empleados de la Policía Portuaria, el Centro de Control Marítimo o el departamento de Protección acumularán días libres para compensar la dureza de las noches   www.atlanticohoy.com   Los sindicatos con representación en el comité de empresa de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) han llegado a acuerdo con la entidad para obtener una compensación en días libres por el trabajo nocturno realizado.   Se trata de un sistema corrector similar al que existe en otros cuerpos seguridad o colectivos, como la Policía Nacional, cuya finalidad de compensar el esfuerzo y la penosidad laboral en los turnos nocturnos.     Avance social   En la comisión negociadora participaron todos los sindicatos del comité de empresa: CCOO, SOPC, SPPLP, UGT y CSIF. Tras varias discrepancias en los porcentajes reductores y su manera de aplicarlos, finalmente llegaron a un acuerdo con la APLP, explican fuentes conocedoras de las negociaciones.   El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) considera que se trata de un avance "histórico" y "beneficioso" para todos los trabajadores nocturnos de la administración portuaria. Su secretario general nacional, Artemis Casañas Rodríguez, agradece la ratificación de estas mejoras en derechos sociales a la presidenta de la APLP, Beatriz Calzada.   Reclamación histórica   El eje central del acuerdo es el reconocimiento de la ponderación de la jornada nocturna. Tras años de lucha sindical, la comisión del acuerdo de empresa ha ratificado la dureza y penosidad de los turnos de noche, una medida que afecta directamente a colectivos críticos como la Policía Portuaria, el Centro de Control Marítimo y el departamento de Protección.   Desde el SPPLB señalan que, tras una reciente reunión con la Presidencia y la jefatura de Recursos Humanos, se ha logrado generar un derecho que no había sido reconocido en etapas anteriores. "Si bien el acuerdo no cubre por completo todas las expectativas, es un avance fundamental para los trabajadores a turnos", destaca Casañas.   Infraestructuras y salud   Más allá de las condiciones horarias, el sindicato también pone en valor la implicación de la Autoridad Portuaria en la mejora de las instalaciones. Según los compromisos adquiridos, se prevé la modernización de las dependencias de la Policía Portuaria y la creación de un gimnasio propio.   Esta nueva infraestructura no solo servirá para el entrenamiento físico, sino que está proyectada para impartir cursos de seguridad y defensa personal, promoviendo así una mejora continua en la salud y la capacitación técnica de los agentes.   Nuevo clima de entendimiento   "Creemos que este es el camino", afirma el secretario general, que reitera su agradecimiento a la gestión actual por la disposición al diálogo.   Para el sindicato, la firma del acuerdo cierra un ciclo de reclamaciones y abre una etapa de colaboración enfocada en la modernización de los servicios de seguridad de los puertos de la provincia de Las Palmas.

Los denunciantes del "caso Enchufes" de Benidorm recurren su expulsión del proceso El SPPLB cuestiona su exclusión del proceso judicial por las presuntas irregularidades, alegando que su labor defiende los intereses colectivos de los trabajadores municipales.  www.informacion.es  www.alicanteplaza.es Los denunciantes del llamado "caso Enchufes" de Benidorm un procedimiento judicial que investiga presuntas irregularidades en la contratación y gestión de personal en este Ayuntamiento durante 2009 y 2010,han presentado un recurso de súplica ante la Audiencia de Alicante en contra de su expulsión del proceso comoacusación particular.     El recurso, presentado por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) cuestiona que el tribunal limitara su participación como acusación particular y les fijara una fianza de 12.000 euros para ejercer la acción popular. El secretario general del SPPLB, Francisco Ángel González, ha asegurado que con este recurso de súplica pretenden que "nos traten como un sindicato normal y corriente. Somos un sindicato humilde, con pocos recursos y luchamos por la restitución de los 4,5 millones de euros que se han perdido en las arcas municipales con estas presuntas irregularidades. No nos mueve nada más".   El sindicato defiende que posee legítimamente la condición de acusación particular desde 2014, acreditada mediante varios autos judiciales, y sostiene que su exclusión vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Según su recurso, los denunciantes, en su condición de funcionarios y policías locales del Ayuntamiento de Benidorm, habrían sufrido perjuicios económicos y morales derivados de las presuntas irregularidades en la gestión municipal, que incluyen malversación de fondos y tráfico de influencias.   El SPPLB argumenta que su labor como acusación particular no es individual, sino en defensa de los intereses colectivos de los trabajadores municipales, incluidos todos los afiliados al sindicato. Destaca que los delitos investigados afectan directamente a los funcionarios, a los procesos selectivos y a las condiciones salariales, lo que justificaría su personación en la causa. Rebaja de la fianza En caso de que la Audiencia confirmara la condición de acusación popular, el sindicato solicita subsidiariamente la rebaja de la fianza a 3.000 euros, alegando que la cuantía inicial podría impedir el ejercicio efectivo de la acción tras más de doce años de instrucción. También pide la ampliación del plazo para prestar la fianza, considerando insuficiente el periodo de ocho días otorgado por el tribunal. El recurso será ahora valorado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que deberá decidir si revoca la exclusión como acusación particular o, en su defecto, reduce la fianza y amplía los plazos de actuación del sindicato en la causa. El otro revés judicial es que la Audiencia ha dejado la causa con solo tres de los ocho acusados. El juicio se celebrará solo para el que fuera concejal de Recursos Humanos, Juan Ramón Martínez, y dos funcionarios que eran responsables de esta área entre 2009 y 2012. La causa se ha archivado para la exedil Natalia Guijarro y otros cinco funcionarios, porque su imputación se produjo sin que se el juzgado hubiera ampliado el tiempo en forma para continuar con la instrucción. En el recurso presentado, el sindicato hace constar su protesta contra este cierre de la causa para parte de los acusados.

El PSOE rebajó un 5% el sueldo a sus funcionarios en Benidorm mientras repartía pluses entre sus 43 enchufes a juicio   El sindicato SPPLB recurre la fianza de 12.000 euros y pide seguir como acusación particular en el caso como parte perjudicada también por la falta de medios al personal por la presunta malversación.   www.abc.es El PSOE rebajó el sueldo un 5% a sus funcionarios municipales cuando gobernaba el Ayuntamiento de Benidorm al mismo tiempo que repartía pluses y subía complementos retributivos a familiares y afines del caso de los 43 presuntos enchufes, ahora a juicio.   Así lo ha revelado el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) en su recurso de súplica para recuperar su condición de acusación particular en la causa, como uno de los argumentos que justifican que ha sido «perjudicado» por los presuntos delitos, en concreto, la malversación de fondos públicos, ya que ese gasto imprevisto y excesivo bajo investigación entrañó la merma retributiva y también de medios materiales para trabajar.   En caso de no prosperar esta solicitud, piden al menos que se les rebaje la fianza desde 12.000 hasta 3.000 euros para continuar como acción popular. «Nuestro recurso es para que la Audiencia Provincial de Alicante nos trate como a un sindicato normal y corriente, que no tiene un montón de ingresos, somos un sindicato humilde que lo único que ha hecho es luchar contra la presuntacorrupción en el Ayuntamiento de Benidorm», ha manifestado Francisco Ángel, dirigente del SPPLB.     Además, ha hecho hincapié en que el objetivo final de su denuncia -que luego hizo suya la Fiscalía- únicamente se encamina a «que se restituyan los 4,5 millones de euros que faltaron en las arcas públicas a los ciudadanos y a los empleados públicos», por lo que insta al tribunal a «sea benevolente» con el sindicato.   En su recurso de súplica -al que ha tenido acceso ABC- puntualiza precisamente que esa cantidad de dinero se reclama como responsabilidad civil de los ocho enjuiciados para el Ayuntamiento, no para el sindicato.   La Fiscalía solicita inicialmente penas de hasta ocho años y seis meses de prisión, y seis años y seis meses de inhabilitación para dos concejales y seis técnicos y sindicalistas, por presunta prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.  

  El sindicato SPPLB niega que el caso de los 43 presuntos enchufes del PSOE en Benidorm esté cerrado .   La central denunciante también desmiente que se le haya expulsado de esta causa que hizo suya la Fiscalía con peticiones de ocho años de prisión   Nuevo intento para cerrar el caso de los 43 enchufes del PSOE en Benidorm por retrasos y prescripción de los delitos   www.abc.es www.abc.es El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) ha negado que el caso de los presuntos 43 enchufes del PSOE en Benidorm en el Ayuntamiento entre 2009 y 2012 esté «cerrado» y también que se les haya expulsado en este proceso, que sigue en fase de juicio. Hasta ahora ejercía la acusación particular y se le ha instado a pasar a la acción popular.     Aunque se ha publicado en algunos medios que la causa judicial se había archivado, Francisco Ángel lo ha desmentido y ha asegurado que los servicios jurídicos del SPPLB iniciarán las «acciones judiciales» que consideren oportunas en este caso.   Esta investigación arrancó precisamente a raíz de una denuncia suya, pero que posteriormente asumió la Fiscalía, que al sentar en el banquillo a ocho acusados -dos concejales y seis sindicalistas y técnicos municipales presuntamente implicados- ha formulado peticiones de hasta ocho años y seis meses de prisión, así como seis y seis meses de inhabilitación.   La última hora de la causa judicial es que la Audiencia Provincial de Alicante, donde arrancó el juicio el pasado 6 de noviembre, debe decidir sobre una petición de nulidad de las defensas argumentando que la instrucción agotó los plazos legales en 2017, cuando se tenía que haber prorrogado -tal como solicitó el SPPLB-. Asimismo, los acusados tratan de eludir cualquier responsabilidad por prescripción de los delitos.   Se les atribuye presuntamente haber cometido prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias, mediante contratos que no estaban autorizados por el Ministerio de Hacienda debido a las reglas de austeridad en el gasto público, además de pluses salariales generosos y ascensos a familiares y afines al PSOE.