Las graves goteras de la Biblioteca de Benidorm: documentos históricos destruidos y un peligro para trabajadores y usuarios. El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) ha remitido un escrito a la Concejalía de Patrimonio Histórico denunciando la situación. www.informacion.es www.cadenaser.com   La Biblioteca Municipal de Benidorm hace aguas. Se repiten los graves problemas de goteras, desprendimientos y humedades sucedidos cada vez que llueve. Así lo denuncia el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), que ha remitido un escrito a la Concejalía de Patrimonio Histórico alertando de una situación que, según exponen, se ha convertido en “una pesadilla que se repite una vez tras otra cada vez que llueve”. Desde el sindicado han alertado que no solo es un problema de salud para los lectores y trabajadores, afectados por olores y humedad: una buena parte de los documentos se han visto afectados, entre ellos algunos de gran valor, como las realizadas por Edelmiro Trillo y Christine Charpentier, que incluyen libros de los siglos XVIII, XIX y XX.   En la denuncia, firmada por el secretario local del SPPLB, Francisco Ángel González Gómez, se detalla que los últimos episodios de lluvia han provocado “desperfectos en el techo de la biblioteca central como consecuencia del problema de acumulación de agua”, con “desprendimiento de las placas y las intensas goteras” tanto en la sala infantil como en la sala de adultos. Este diario ya alertó de varios, episodios, como el cierre de la sala infantil en 2024.   El sindicato advierte de que estos daños “pueden provocar un riesgo creciente para los usuarios”, y recuerda que la sala infantil permanece cerrada al público, mientras que el resto del edificio continúa en funcionamiento pese a las filtraciones.     Un deterioro que se arrastra desde hace una década Desde el SPPLB se subraya que estos episodios no son hechos aislados, sino “el síntoma más evidente de un deterioro estructural que se arrastra desde hace más de diez años” y que actualmente “afecta ya a la seguridad, la salud laboral y la conservación del patrimonio cultural”, señalan.   El escrito alerta de que las humedades más graves se concentran en la sala infantil, uno de los espacios más utilizados del edificio. Debido a ello, cada episodio de lluvia obliga a cerrarla " “durante varios días, hasta que desaparece el riesgo de desprendimientos”. El sindicato recuerda que “las placas de escayola del techo y las lámparas de lectura ya se han desplomado en ocasiones anteriores”, generando “una lógica alarma entre familias, usuarios y personal”. “El cierre preventivo se ha convertido en rutina ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad”, añaden.   La hemeroteca y los fondos documentales La hemeroteca se encuentra también en situación "alarmante", según el sindicato. Según exponen, las filtraciones “han evolucionado de forma clara y preocupante”: “lo que hace un año eran simples gotas son hoy chorros de agua que caen directamente sobre zonas de consulta de prensa, sección local y lectura accesible”. Debido a esta situación se están degradando papeles, se favorece la aparición de moho y se "acelera un daño irreversible en los fondos documentales."   Un problema que se ha extendido aún más con el paso del tiempo: Nuevas goteras han aparecido “frente a la sección de idiomas y en el pasillo de acceso a la sala de consultas”, lo que confirma que “el deterioro afecta ya a buena parte del edificio”.   Daños fuera de las zonas abiertas al público Las filtraciones no se limitan a las áreas accesibles a los usuarios. El sindicato señala que también afectan “a la zona de depósito, donde se conservan libros y materiales que requieren condiciones ambientales estables”, así como “a la sala de estudio, cuya rehabilitación fue abandonada hace tiempo”.   En todos estos espacios, “el olor a humedad es permanente y la presencia de moho empieza a ser evidente”, según recoge el escrito.   Esta situación, añade el SPPLB, está teniendo consecuencias directas sobre los trabajadores de la biblioteca. La exposición continuada “a la humedad y el moho son factores que pueden provocar problemas respiratorios y otras afecciones”, a lo que se suma “la preocupación continua por el riesgo físico derivado de posibles desprendimientos del techo”.   Por ello, el sindicato considera que “no se están garantizando las condiciones de seguridad y salubridad requeridas para una biblioteca de una ciudad tan importante como Benidorm”.   Patrimonio cultural en riesgo La denuncia subraya también el impacto de la humedad sobre el patrimonio cultural. Según el texto, se están deteriorando “libros, revistas y discos”, con “encuadernaciones deformadas, manchas, hojas onduladas, oxidación y soportes sonoros dañados”.   Entre los fondos afectados se encuentran “donaciones de gran valor”, como las realizadas por Edelmiro Trillo y Christine Charpentier, que incluyen libros de los siglos XVIII, XIX y XX. Se trata de “materiales únicos, difíciles de reemplazar”, que actualmente “se encuentran en un entorno incompatible con cualquier criterio básico de conservación”.   Un problema que se veía venir El SPPLB recuerda que el origen de esta situación “es conocido desde el principio”. Y es que la biblioteca se ubicó “en un local donde ya se sabía que existían graves problemas de filtraciones” y, veinte años después, “las consecuencias de aquella decisión siguen recayendo sobre lectores, trabajadores y sobre un patrimonio que debería haberse protegido con especial celo”, denuncian en el comunicado.   Como consecuencia: “Diez años de goteras, olor a humedad y riesgo estructural no son una incidencia puntual: son el reflejo de un abandono prolongado”, concluye el escrito. Mientras “el agua avanza” y “el moho se extiende”, la biblioteca municipal de Benidorm se acerca, según el sindicato, “a un punto crítico en el que la lluvia no solo obliga a cerrar salas, sino que pone en cuestión la viabilidad misma del servicio público”.   Debido a esta situación, el SPPLB solicita a la Concejalía de Patrimonio Histórico que actúe "de forma inmediata" para subsanar la situación de la Biblioteca Municipal, que por ahora hace aguas.

SPPLB-FESEP firma un acuerdo histórico para mejorar el trabajo nocturno en los puertos de Las Palmas   Los empleados de la Policía Portuaria, el Centro de Control Marítimo o el departamento de Protección acumularán días libres para compensar la dureza de las noches   www.atlanticohoy.com   Los sindicatos con representación en el comité de empresa de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) han llegado a acuerdo con la entidad para obtener una compensación en días libres por el trabajo nocturno realizado.   Se trata de un sistema corrector similar al que existe en otros cuerpos seguridad o colectivos, como la Policía Nacional, cuya finalidad de compensar el esfuerzo y la penosidad laboral en los turnos nocturnos.     Avance social   En la comisión negociadora participaron todos los sindicatos del comité de empresa: CCOO, SOPC, SPPLP, UGT y CSIF. Tras varias discrepancias en los porcentajes reductores y su manera de aplicarlos, finalmente llegaron a un acuerdo con la APLP, explican fuentes conocedoras de las negociaciones.   El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) considera que se trata de un avance "histórico" y "beneficioso" para todos los trabajadores nocturnos de la administración portuaria. Su secretario general nacional, Artemis Casañas Rodríguez, agradece la ratificación de estas mejoras en derechos sociales a la presidenta de la APLP, Beatriz Calzada.   Reclamación histórica   El eje central del acuerdo es el reconocimiento de la ponderación de la jornada nocturna. Tras años de lucha sindical, la comisión del acuerdo de empresa ha ratificado la dureza y penosidad de los turnos de noche, una medida que afecta directamente a colectivos críticos como la Policía Portuaria, el Centro de Control Marítimo y el departamento de Protección.   Desde el SPPLB señalan que, tras una reciente reunión con la Presidencia y la jefatura de Recursos Humanos, se ha logrado generar un derecho que no había sido reconocido en etapas anteriores. "Si bien el acuerdo no cubre por completo todas las expectativas, es un avance fundamental para los trabajadores a turnos", destaca Casañas.   Infraestructuras y salud   Más allá de las condiciones horarias, el sindicato también pone en valor la implicación de la Autoridad Portuaria en la mejora de las instalaciones. Según los compromisos adquiridos, se prevé la modernización de las dependencias de la Policía Portuaria y la creación de un gimnasio propio.   Esta nueva infraestructura no solo servirá para el entrenamiento físico, sino que está proyectada para impartir cursos de seguridad y defensa personal, promoviendo así una mejora continua en la salud y la capacitación técnica de los agentes.   Nuevo clima de entendimiento   "Creemos que este es el camino", afirma el secretario general, que reitera su agradecimiento a la gestión actual por la disposición al diálogo.   Para el sindicato, la firma del acuerdo cierra un ciclo de reclamaciones y abre una etapa de colaboración enfocada en la modernización de los servicios de seguridad de los puertos de la provincia de Las Palmas.

Los denunciantes del "caso Enchufes" de Benidorm recurren su expulsión del proceso El SPPLB cuestiona su exclusión del proceso judicial por las presuntas irregularidades, alegando que su labor defiende los intereses colectivos de los trabajadores municipales.  www.informacion.es  www.alicanteplaza.es Los denunciantes del llamado "caso Enchufes" de Benidorm un procedimiento judicial que investiga presuntas irregularidades en la contratación y gestión de personal en este Ayuntamiento durante 2009 y 2010,han presentado un recurso de súplica ante la Audiencia de Alicante en contra de su expulsión del proceso comoacusación particular.     El recurso, presentado por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) cuestiona que el tribunal limitara su participación como acusación particular y les fijara una fianza de 12.000 euros para ejercer la acción popular. El secretario general del SPPLB, Francisco Ángel González, ha asegurado que con este recurso de súplica pretenden que "nos traten como un sindicato normal y corriente. Somos un sindicato humilde, con pocos recursos y luchamos por la restitución de los 4,5 millones de euros que se han perdido en las arcas municipales con estas presuntas irregularidades. No nos mueve nada más".   El sindicato defiende que posee legítimamente la condición de acusación particular desde 2014, acreditada mediante varios autos judiciales, y sostiene que su exclusión vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Según su recurso, los denunciantes, en su condición de funcionarios y policías locales del Ayuntamiento de Benidorm, habrían sufrido perjuicios económicos y morales derivados de las presuntas irregularidades en la gestión municipal, que incluyen malversación de fondos y tráfico de influencias.   El SPPLB argumenta que su labor como acusación particular no es individual, sino en defensa de los intereses colectivos de los trabajadores municipales, incluidos todos los afiliados al sindicato. Destaca que los delitos investigados afectan directamente a los funcionarios, a los procesos selectivos y a las condiciones salariales, lo que justificaría su personación en la causa. Rebaja de la fianza En caso de que la Audiencia confirmara la condición de acusación popular, el sindicato solicita subsidiariamente la rebaja de la fianza a 3.000 euros, alegando que la cuantía inicial podría impedir el ejercicio efectivo de la acción tras más de doce años de instrucción. También pide la ampliación del plazo para prestar la fianza, considerando insuficiente el periodo de ocho días otorgado por el tribunal. El recurso será ahora valorado por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que deberá decidir si revoca la exclusión como acusación particular o, en su defecto, reduce la fianza y amplía los plazos de actuación del sindicato en la causa. El otro revés judicial es que la Audiencia ha dejado la causa con solo tres de los ocho acusados. El juicio se celebrará solo para el que fuera concejal de Recursos Humanos, Juan Ramón Martínez, y dos funcionarios que eran responsables de esta área entre 2009 y 2012. La causa se ha archivado para la exedil Natalia Guijarro y otros cinco funcionarios, porque su imputación se produjo sin que se el juzgado hubiera ampliado el tiempo en forma para continuar con la instrucción. En el recurso presentado, el sindicato hace constar su protesta contra este cierre de la causa para parte de los acusados.

El PSOE rebajó un 5% el sueldo a sus funcionarios en Benidorm mientras repartía pluses entre sus 43 enchufes a juicio   El sindicato SPPLB recurre la fianza de 12.000 euros y pide seguir como acusación particular en el caso como parte perjudicada también por la falta de medios al personal por la presunta malversación.   www.abc.es El PSOE rebajó el sueldo un 5% a sus funcionarios municipales cuando gobernaba el Ayuntamiento de Benidorm al mismo tiempo que repartía pluses y subía complementos retributivos a familiares y afines del caso de los 43 presuntos enchufes, ahora a juicio.   Así lo ha revelado el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) en su recurso de súplica para recuperar su condición de acusación particular en la causa, como uno de los argumentos que justifican que ha sido «perjudicado» por los presuntos delitos, en concreto, la malversación de fondos públicos, ya que ese gasto imprevisto y excesivo bajo investigación entrañó la merma retributiva y también de medios materiales para trabajar.   En caso de no prosperar esta solicitud, piden al menos que se les rebaje la fianza desde 12.000 hasta 3.000 euros para continuar como acción popular. «Nuestro recurso es para que la Audiencia Provincial de Alicante nos trate como a un sindicato normal y corriente, que no tiene un montón de ingresos, somos un sindicato humilde que lo único que ha hecho es luchar contra la presuntacorrupción en el Ayuntamiento de Benidorm», ha manifestado Francisco Ángel, dirigente del SPPLB.     Además, ha hecho hincapié en que el objetivo final de su denuncia -que luego hizo suya la Fiscalía- únicamente se encamina a «que se restituyan los 4,5 millones de euros que faltaron en las arcas públicas a los ciudadanos y a los empleados públicos», por lo que insta al tribunal a «sea benevolente» con el sindicato.   En su recurso de súplica -al que ha tenido acceso ABC- puntualiza precisamente que esa cantidad de dinero se reclama como responsabilidad civil de los ocho enjuiciados para el Ayuntamiento, no para el sindicato.   La Fiscalía solicita inicialmente penas de hasta ocho años y seis meses de prisión, y seis años y seis meses de inhabilitación para dos concejales y seis técnicos y sindicalistas, por presunta prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.  

  El sindicato SPPLB niega que el caso de los 43 presuntos enchufes del PSOE en Benidorm esté cerrado .   La central denunciante también desmiente que se le haya expulsado de esta causa que hizo suya la Fiscalía con peticiones de ocho años de prisión   Nuevo intento para cerrar el caso de los 43 enchufes del PSOE en Benidorm por retrasos y prescripción de los delitos   www.abc.es www.abc.es El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) ha negado que el caso de los presuntos 43 enchufes del PSOE en Benidorm en el Ayuntamiento entre 2009 y 2012 esté «cerrado» y también que se les haya expulsado en este proceso, que sigue en fase de juicio. Hasta ahora ejercía la acusación particular y se le ha instado a pasar a la acción popular.     Aunque se ha publicado en algunos medios que la causa judicial se había archivado, Francisco Ángel lo ha desmentido y ha asegurado que los servicios jurídicos del SPPLB iniciarán las «acciones judiciales» que consideren oportunas en este caso.   Esta investigación arrancó precisamente a raíz de una denuncia suya, pero que posteriormente asumió la Fiscalía, que al sentar en el banquillo a ocho acusados -dos concejales y seis sindicalistas y técnicos municipales presuntamente implicados- ha formulado peticiones de hasta ocho años y seis meses de prisión, así como seis y seis meses de inhabilitación.   La última hora de la causa judicial es que la Audiencia Provincial de Alicante, donde arrancó el juicio el pasado 6 de noviembre, debe decidir sobre una petición de nulidad de las defensas argumentando que la instrucción agotó los plazos legales en 2017, cuando se tenía que haber prorrogado -tal como solicitó el SPPLB-. Asimismo, los acusados tratan de eludir cualquier responsabilidad por prescripción de los delitos.   Se les atribuye presuntamente haber cometido prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias, mediante contratos que no estaban autorizados por el Ministerio de Hacienda debido a las reglas de austeridad en el gasto público, además de pluses salariales generosos y ascensos a familiares y afines al PSOE.

EL AGENTE VICENTE PLANAS LLEVA LA VOZ DE JÁVEA AL CONGRESO INTERNACIONAL EN HONDURAS   San Pedro Sula, 28 de octubre. El criminólogo y agente de la Policía Local de Jávea, Vicente Planas, viajó recientemente a Honduras para participar en el III Congreso sobre Criminología y Criminalística, celebrado en la ciudad de San Pedro Sula. El evento, organizado por la Universidad Nacional de la Policía de Honduras en colaboración con la Policía Nacional hondureña, reunió a expertos internacionales en seguridad, investigación criminal y ciencias forenses.   Durante la jornada, Planas tuvo un papel destacado como ponente, ofreciendo dos conferencias que despertaron gran interés entre los asistentes. La primera, titulada “La normalización del crimen en la vida cotidiana”, abordó cómo ciertos comportamientos delictivos se integran en la rutina social y los riesgos que ello supone para la convivencia y la percepción ciudadana de la seguridad. En su segunda intervención, “Innovaciones que transforman la criminalística”, el criminólogo expuso los avances tecnológicos y metodológicos que están revolucionando la investigación criminal, desde nuevas técnicas de análisis forense hasta herramientas digitales aplicadas a la prevención y resolución de delitos.   El congreso, que congregó a académicos, investigadores y profesionales de distintos países, se consolidó como un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias en torno a los desafíos actuales de la criminología. La participación de Vicente Planas no solo puso en valor la labor investigadora y formativa que se desarrolla en España, sino que también reforzó los lazos de cooperación internacional en materia de seguridad y justicia. Con este viaje, Planas reafirma su compromiso con la divulgación científica y la mejora de las prácticas policiales, aportando una visión crítica y actualizada sobre fenómenos que afectan a sociedades de todo el mundo. INVITADO DE HONOR EN HONDURAS El criminólogo español Vicente Planas fue invitado por la Cónsul Honoraria, Sra. María Isabel Rodríguez de Vera Sala, junto con el Embajador de España en Honduras, Sr. Diego Nuño, a la recepción ofrecida por la Embajada de España en San Pedro Sula el pasado 29 de octubre, con motivo de la celebración de la Fiesta Nacional de España.   Posteriormente, Planas se trasladó a Tegucigalpa, donde impartió formación a policías dentro de la Maestría de Criminología de la Universidad Nacional de la Policía. Durante su estancia, tuvo la oportunidad de visitar varios departamentos de la Policía Nacional, entre ellos la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), conociendo de primera mano el trabajo que realizan los agentes de investigación en Honduras. Asimismo, realizó una visita a la Academia Nacional de la Policía de Honduras (ANAPO), ubicada en La Paz, acompañado por la Sub Comisaria Sra. Yamilet Meza Martínez, donde recorrieron las instalaciones y compartieron experiencias con los cadetes.   En el marco de estas actividades, el Embajador de España, Sr. Diego Nuño, ofreció una clase magistral en la Universidad, enriqueciendo el intercambio académico y profesional entre ambas instituciones.       RECONOCIMIENTOS Como reconocimiento a su labor y colaboración, Vicente Planas fue distinguido con la Medalla del Gobierno de la República de Honduras, así como con la Gorra Honorífica de la Policía Nacional de Honduras, símbolos de respeto y gratitud hacia su contribución en el ámbito de la criminología y la formación policial.

"RÉPLICA DE SPPLB- FESEP AL COMUNICADO DEL SINDICATO CC.OO EN RELACIÓN NOMBRAMIENTOS MANDOS POLICIALES POR ASIGNACIÓN DE FUNCIONES"   www.leoradiofm.com El Secretario ejecutiva del SPPLB-FESEP Villajoyosa, mediante el presente, quiere realizar las siguientes aclaraciones: En primer lugar, cabe resaltar que el sindicato, CCOO, registró el pasado día 31 de octubre en el Registro del Ayuntamiento un documento en el cual denuncia la irregularidad de mantener mandos policiales en situación de interinidad mediante atribuciones de funciones temporales. En concreto, únicamente, tal y como se recoge literalmente en la noticia publicada en el diario El Español, pide explicaciones sobre la " asignación temporal de funciones de inspectores a dos oficiales. Además, pone el énfasis que " resolver una nueva asignación de funciones en los mismos términos es contraria a derecho y podría incurrir, al menos, en un fraude de ley..." Resulta curioso y llamativo, que el sindicato CCOO, haga una denuncia parcial, dado que únicamente pide explicaciones en relación con la asignación de funciones de los inspectores y no sea también extensible a la que actualmente viene ejerciendo, desde hace más de DOS años (20/03/2023) por Decreto del anterior Alcalde(PSOE), el Intendente con asignación de comisario, J.A.I. Para el sindicato CCOO, ¿el mantenimiento de la asignación " a dedo " del Comisario (J.A.I) no es un fraude de ley? Por ello, el sindicato SPPLB-FESEP, quiere manifestar su profundo malestar e indignación, dado que carece de justificación, que el sindicato CCOO haya registrado una denuncia parcial, solamente contra la asignación de funciones de los Inspectores y no sobre la de Comisario, nos lleva a la única reflexión posible:  que dicha omisión intencionada, por parte de ese sindicato(CCOO), sobre la situación actual del Comisario, no interesa que lo conozca la opinión pública. Esta cuestión, pueda obedecer a ¿cuestiones políticas de la oposición? Fue el PSOE el que lo nombró; ¿intereses personales de amistad con el Intendente con asignación de Comisario? Resulta llamativo que el actual representante de CCOO, es el único Agente de la Policía Local de Villajoyosa, al cual se le ha permitido, con autorización del Intendente con asignación de Comisario, que pudiese acumular horas, para compensar en días, por periodos de más de un mes.  Cabe resaltar que la asignación temporal de funciones a cualquier funcionario, son totalmente ajustadas a la legislación vigente y son una herramienta prevista en el Estatutito Básico del Empleado Público, donde en el Artículo 73.2 establece que:  Artículo 73. Desempeño y agrupación de puestos de trabajo.  2 " Las Administraciones Públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen sin merma en las retribuciones". Este sindicato considera que tras la retirada de la atribución de funciones de los inspectores se deja a la plantilla en una situación complicada a nivel organizativo ya que se priva de la escala intermedia, y por ende se perjudica de manera grave a la distribución de funciones organizativas. Interfiriendo notablemente en el desarrollo del colectivo de la Policía Local, ya que funciones organizativas diarias no serán atendidas. FESEP va a solicitar al ayuntamiento que, para paliar este déficit existente en la escala de mandos de la Policía Local de Villajoyosa, resulta imperativo sacar a concurso las plazas vacantes. Pero de manera urgente y, hasta tanto en cuanto no se cubran las vacantes en propiedad, de conformidad con los criterios establecidos en la legislación vigente, además de la posibilidad de poder cubrirlas mediante la asignación de funciones como herramienta contemplada en el texto refundido del estatuto de los empleados públicos, otra de las posibles opciones sería la convocatoria de las mismas por mejora empleo. En este sentido, desde SPPLB-FESEP, entendemos que se está intentando confundir a la opinión pública, desvirtuando la realidad y dañando la imagen y profesionalidad del colectivo de la Policía Local de Villajoyosa. Por ello, pedimos RESPETO, VERACIDAD E IMPARCIALIDAD.  

El sindicato de la Policía Local de la Vila urge la sustitución de los dos inspectores cesados El FESEP arremete por la posible caducidad del comisario nombrado por el PSOE www.informacion.es La Confederación Sindical FESEP ha solicitado al Ayuntamiento de La Vila Joiosa que se designe de manera urgente a dos inspectores para sustituir a los dos cesados mediante resolución al haber caducado su nombramiento temporal. El sindicato omite la vía oficial más lenta y apunta a una atribución de funciones o a una mejora de empleo por la necesidad de organizar los servicios de la policía.     Los dos inspectores nombrados por el alcalde Marcos Zaragoza fueron cesados el pasado 25 de noviembre con carácter retroactivo después de haber caducado su designación. Esta es la situación en la que se apoya el sindicato de la Policía para acusar la insuficiencia actual de mandos intermedios como un “perjuicio grave” a la distribución de funciones organizativas.   Designación o mejora de empleo   En la petición registrada en el Consistorio proponen dos modos inmediatos de solventar la situación, bien por una designación temporal de inspectores o por una mejora de empleo. Para la selección de esta segunda propuesta indican su validez en la base decretada por el Consell , que establece las bases y criterios generales para la selección, promoción y movilidad en los cuerpos de policía local de la Comunitat Valenciana.   Según esta versión, la mejora sería provisional hasta que se haga efectiva la oferta de empleo público en propiedad y la ejecución de las respectivas oposiciones y cursos de capacitación preceptivos.   Por otro lado, el sindicato abre una brecha en el caso de las irregularidades que han afectado a los dos inspectores ahora cesados y que fueron nombrados por el alcalde después de que hubieran suspendido los exámenes de acceso con un 1,4 y un 4,4.   Comisario nombrado por el PSOE   La sección sindical aborda ahora el pasado de un intendente nombrado comisario, en marzo de 2023, por decreto del entonces alcalde, Andreu Verdú, del PSOE y cuestiona en el mismo escrito registrado en el Ayuntamiento por las fechas de caducidad y de emisión de esa atribución.   Y solicitan que se facilite el informe jurídico anexo a la resolución que ampare ese porte de divisas y atribución de funciones, “ya que en el día de su emisión, no existía nombramiento de Intendente más allá del atribuido a funciones de Comisario”.   También explican en un comunicado paralelo que quieren evitar “parcialidad” en la información y una valoración más concreta cuando se compara la designación del PSOE con el hecho que ha afectado a los dos inspectores nombrados y cesados por el alcalde popular.   En cuanto a la reclamación registrada se refiere, la interpretación del sindicato es que la Administración puede proceder en derecho si la atribución no es conforme a la normativa porque la plaza de Comisario no estaría contemplada en la Oferta de Empleo Público.   No obstante y como recurso general, FESEP-SPPLB solicitan acabar con el déficit existente en la escala de mandos con la convocatoria a concurso de las plazas vacantes como modo estable para la solución de estas circunstancias.

El juicio por 43 enchufes del PSOE de Benidorm arranca este jueves con 32 testigos entre técnicos y funcionarios.   Alguno de los beneficiados por las colocaciones y pluses salariales llegó a cobrar más que el alcalde y se juzga a ocho acusados en sesiones hasta el 18 de diciembre   www.abc.es www.ondacero.es www.informacion.es   El juicio por los supuestos 43 enfuches del PSOE de Benidorm a través de contrataciones y pluses salariales en el Ayuntamiento -alguno llegó a cobrar más que el alcalde- arranca este jueves con 32 testigos en total y ocho acusados entre concejales, sindicalistas (UGT y Comisiones Obreras) y técnicos municipales.   La Fiscalía presenta peticiones de hasta cuatro años y seis meses de prisión y ocho años y seis meses de inhabilitación y las sesiones se prolongarán hasta el 16 de diciembre.   Se sientan en el banquillo José Asensio Salamero (jefe de Contratación y Seguridad Social), Daniel Caneiro (coordinador de Recursos Humanos y jefe de Personal), María Dolores Cantó (técnica de Relaciones Laborales del Departamento de Recursos Humanos), Julio Fernández Lleras (jefe del Departamento de Nóminas), Natalia Guijarro (concejal delegada de Hacienda), Juan Ramón Martínez (concejal delegado de Recursos Humanos), María Matilde Martínez (jefa de Negociado de Personal) y Carmen Navarro (jefa de Recursos Humanos). Declararán el primer día del juicio en la Audiencia Provincial de Alicante.   Tanto las contrataciones presuntamente irregulares como los complementos de sueldo se realizaron en 2011, en un momento en el que el Ministerio de Hacienda había exigido austeridad a los ayuntamientos y estaban prohibidos esos aumentos del gasto de personal.   Las gestiones en las que se ha puesto la lupa en esta investigación judicial se centran en las colocaciones en servicios municipales de deportes y en las playas como empleados beneficiando a afines del PSOE, familiares de concejales o sindicalistas, según los casos, con justificaciones dudosas como, por ejemplo, que habían aumentado los robos en estas zonas, una circunstancia desmentida por los responsables de la Policía Local, además de que las funciones de vigilancia se circunscriben a los agentes, no a inspectores que se contrataban.   Declararán como testigos del fiscal el 9 de diciembre Francisco Ángel González, Sebastián Orias, Antonio Lozano y Francisco Montes (funcionarios policiales del sindicato SPPLB, que interpuso la denuncia inicial en 2013, que luego hizo suya la Fiscalía); Mariola Fluviá (concejal de Playas); Juan Fuentes (exjefe de la Policía Local); Gema Amor (concejal); Francisca Crespo (secretaria de la concejal de Servicios Sociales, concejal del PSOE en Altea); Antonio Francisco Cruañes (coordinador de Deportes cuya mujer formó parte de una lista del PSOE a las municipales); Alfonso Alonso (jefe de monitores deportivos); Moisés Pellicer (el ecólogo de playas); y Francisca Marín (abogada con funciones de secretaria general del Ayuntamiento en suplencias).   Para el 10 de diciembre, está previsto que testifiquen también a petición del Ministerio Público Lorenzo Medina (jefe de Personal posteriormente, tras el cambio de gobierno municipal al ganar el PP las elecciones, el único que accedió a su puesto en un proceso selectivo); José Ignacio Oiza (interventor municipal); Francisco José García Martínez (secretario municipal); Dolores Lillo (cuyo puesto se vació de funciones y se le trasladó, y luego ganó una sentencia contra el Ayuntamiento por acoso laboral); Rafael Vicent Queralt (síndico mayor de Cuentas, que realizó el informe de la Sindicatura, clave en esta causa judicial); y varios funcionarios más.   Al día siguiente, será el turno de los testigos de la acusación particular ejercida por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB): Cristina Escoda (portavoz actual del grupo municipal del PSOE, cuyo marido obtuvo una plaza de funcionario de carrera como electricista); y Encarna Llinares (subdelegada del Gobierno en Alicante, que defendió que el SPPLB denunciara legítimamente incumplimientos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), pero luego impugnó algunos casos y otros no, en función del color político del Ayuntamiento, según le afeó este sindicato).   También el 11 de diciembre, declararán como testigos, en este caso de la defensa de Natalia Guijarro, el encargado general de los Servicios Técnicos, Roque Pérez Agulló; y el director de la Biblioteca municipal (ya jubilado), Antonio Couto.   Finalmente, en la última sesión del juicio, el 16 de diciembre, será el turno de los testigos de la defensa de Daniel Caneiro (José Juan Server, abogado externo del Ayuntamiento); de la defensa de Juan Ramón Martínez (Juan Caro -de CCOO, ascendido en su puesto-; Justo López -criminólogo-; Bernabé Sánchez Tena -policía local y coordinador de Servicios Sociales, miembro de la Ejecutiva Local del PSOE en Villajoyosa- y Jaime Pérez Marcet -director adjunto del Palau de Esports, en excedencia-). También, del testigo de las defensas de Julio Fernández Lleras y José Asenso (Laureano Pérez, quien realizaba los expedientes administrativos de personal, número uno de UGT en la actualidad); y de los testigos de la defensa de Carmen Navarro (Fernando Mahiques, empleado de la Biblioteca municipal; y Jerónimo Miralles, de Servicios Generales).   Desde la acusación particular han señalado que aunque no hay posible responsabilidad penal del entonces alcalde, Agustín Navarro, que falleció en 2021, sí puede existir responsabilidad civil, que tendrían que asumir sus familiares.

Piden cárcel en el juicio por los 43 enchufes del PSOE de Benidorm con ocho concejales, técnicos y sindicalistas acusados   La Fiscalía insta a comprobar la solvencia de los procesados por tres delitos en contratos y pluses, y se sentarán en el banquillo en siete sesiones del 6 de noviembre al 18 de diciembre.   www.abc.es El juicio oral por los 43 presuntos enchufes del PSOE en Benidorm arrancará dentro de un mes, el próximo 6 de noviembre, en siete sesiones entre el 6 de noviembre y el 18 de diciembre, con peticiones de hasta cuatro y años y seis meses de prisión y ocho años y seis meses de inhabilitación. Se sentarán en el banquillo ocho acusados entre exconcejales socialistas, sindicalistas de UGT y CCOO y técnicos municipales.     Los dos últimos cambios en el proceso judicial solamente han sido la inclusión de una de las presuntas implicadas que se había omitido por error por parte de la Fiscalía y la modificación del horario en el primer día del juicio.   Precisamente en el escrito de acusación del Ministerio Público, se insta a «acreditar la solvencia económica de los acusados, a efectos de determinar correctamente la cuota diaria de la multa» que se les pueda aplicar, en caso de condena, según la documentación a la que ha tenido acceso ABC.   El litigio se inició hace más de una década a raíz de una denuncia del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) que luego hizo suya la Fiscalía, y a los implicados se les ha investigado como presuntos autores de tres delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias.   En concreto, se pone el foco principalmente en contrataciones en contra de las exigencias del Gobierno central de no incrementar el gasto público en aquella coyuntura de crisis, asignación de pluses salariales no justificados y otras posibles irregularidades que beneficiaron a personas afines al PSOE, en algunos casos familiares directos.   Se enjuiciará, entre los políticos, a Carmen Navarro Orts, jefa de Recursos Humanos cesada del cargo en 2011 aunque continuó adscrita a esa misma concejalía; Juan Ramón Martínez, concejal delegado de Recursos Humanos desde septiembre de 2009 hasta julio de 2011; Daniel Caneiro, coordinador de Recursos Humanos y jefe de Personal en esas mismas fechas, que también pasó a desempeñar las funciones de jefe de Recursos Humanos a partir de julio de 2011; y a Natalia Guijarro, concejal delegada de Hacienda en idéntico periodo, y que igualmente desde julio de ese año pasó a ejercer también como concejal delegada de Recursos Humanos.   Y del cuerpo técnico, Julio Fernández Lleras, jefe del Departamento de Nóminas; María Dolores Cantó, técnica de Relaciones Laborales del Departamento de Recursos Humanos; María Matilde Martínez Pérez, jefa de Negociado de Personal; y José Asensio Salamero, jefe de Contratación y Seguridad Social.   «Los acusados, siendo conscientes de lo ilícito de su proceder, en el periodo comprendido entre finales del año 2009 y hasta 2012, llevaron a cabo una irregular política presupuestaria y de personal, y ello a pesar de tener conocimiento de quebranto de la legalidad», sostiene la Fiscalía.   Esta conducta «supuso un aumento desproporcionado de la masa salarial que debía ser satisfecha con cargo a las arcas municipales», señala también, además de apuntar que «violentando la legislación aplicable, propiciaron que ciertos complementos retributivos fueran aumentando».