La causa fue defendida por el sindicato de Policías y Bomberos, que denuncia que los servicios jurídicos del ayuntamiento de Benidorm parecen empeñados en atacar a sus empleados, ralentizando procesos que elevan al Tribunal Superior de Justicia, para después no personarse a defender sus propios recursos.
"Parece indignante que se presenten recursos contra trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento ante los tribunales superiores, alargando los procesos y colapsando los juzgados, para después ni siquiera personarse. Esto es una forma de proceder con absoluta falta de respeto a la justicia, un perjuicio para el trabajador y para las arcas municipales". Así de contundente se ha manifestado para Onda Cero Marina Baixa el secretario del sindicato Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB) en el Ayuntamiento de Benidorm, Francisco Ángel González, tras tener conocimiento de la sentencia firme a favor de un funcionario, al que Benidorm debe abonar más de 23.000 euros, por realizar labores de superior categoría. También deberá pagarle intereses de demora y todos los costes judiciales.
La causa fue defendida por el SPPLB, que denuncia que los servicios jurídicos del ayuntamiento de Benidorm parecen empeñados en atacar a sus empleados, ralentizando procesos judiciales, que elevan hasta el Tribunal superior de justicia, para después no presentarse para defender sus propios recursos.
En esta ocasión los hechos se remontan a abril, tras ganar el trabajador, representado por por el SPPLB, la reclamación para percibir una diferencia de sus retribuciones por realizar trabajos de superior categoría. Lejos de aceptar la sentencia, el departamento jurídico del Ayuntamiento benidormense recurrió la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, ni siquiera se personó ante este tribunal para defender su recurso, como ha tenido conocimiento el sindicato tras recibir la sentencia firme.
El Ayuntamiento deberá ahora pagar esos 23.000 euros aproximadamente al empleado, más intereses de demora por prolongar el proceso y todos los costes judiciales.
En los últimos cuatro años, el Ayuntamiento de Benidorm ha sido condenado a pagar más de 700.000 euros en reclamaciones presentadas por el personal municipal.
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