El Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm ha dictado apertura de juicio oral para investigar supuestas irregularidades en la política de contratación de personal y la cobertura de distintas plazas por parte del anterior gobierno del PSOE de la ciudad. Así, según el auto al que ha tenido acceso este diario, los encausados son los exediles socialistas Natalia Guijarro y Juan Ramón Martínez, además de dos representantes de sindicatos y cuatro técnicos municipales.
La jueza ha decretado la apertura de juicio oral a petición de la Fiscalía y la acusación particular que ejerce el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) contra los dos exconcejales y seis técnicos municipales imputados por supuestos delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias. Para ellos, el fiscal pide penas de ocho años y seis meses de inhabilitación para cargo público en el caso del delito continuado de prevaricación administrativa y de cuatro años y seis meses de prisión por malversación.
Según el auto, será ahora la Audiencia de Alicante la que determine la fecha del juicio después de que los acusados comparezcan en la causa. Varios de los imputados habían presentado recursos para evitar la apertura de juicio oral solicitando que se declarara prescrita la causa, a lo que la Fiscalía Provincial de Alicante se opuso.
Los hechos objeto de investigación fueron denunciados en su día por el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos (SPPLB) y tienen que ver con la firma de hasta 130 contratos temporales en el año 2010, de los que 43 habrían ido a parar a personas con vínculos familiares o políticos con el PSOE local, cuando el Gobierno central había prohibido taxativamente incrementar las plantillas para reducir la inmensa deuda que entonces tenían los ayuntamientos. También, por la concesión de pluses, complementos y ascensos a funcionarios supuestamente afines desde finales de 2009 a 2012, entre otros hechos. La suma de todo ello generó un desfase presupuestario cercano a los 4,5 millones en el capítulo de Personal con respecto a lo que preveía el plan de ajuste municipal.
En aquella época, Natalia Guijarro ejercía como concejal de Hacienda, mientras que su compañero de grupo, Juan Ramón Martínez, era el responsable de Recursos Humanos. Tras las municipales de 2011, que ganó el PSOE, Guijarro mantuvo las delegaciones del área económica y sumó también las de Personal, departamento que gestionó hasta que los socialistas perdieron las elecciones de 2015.
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