SPPLB manifiesta su oposición a la reserva de plazas para militares profesionales
EL SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS LOCALES MANIFIESTA SU OPOSICIÓN A LA RESERVA DE PLAZAS PARA MILITARES PROFESIONALES
El Sindicato profesional de Policías Locales SPPLB, mayoritario en el colectivo, rechaza la reserva de plazas para militares profesionales en las Policías Locales de la Comunidad Valenciana. Así lo ha trasladado en las últimas reuniones recientes mantenidas con todos los grupos parlamentarios en Les Corts.
No entendemos como lo que pudiera ser un problema para la Administración del Estado en la búsqueda de alternativas de rejuvenecimiento de sus plantillas al acabar su contrato, se traslada éste a las Administraciones Locales.
Siendo el Estado el responsable de aportar soluciones dentro de su ámbito mediante medidas de su propia competencia, como la continuación del contrato hasta pasar a la reserva en el ejército o la reserva de plazas en plantillas de su competencia (AGE, personal civil de Defensa, Policía Nacional, Guardia Civil, Puertos, Agencia tributaria, etc.), acaba trasladándose la responsabilidad y la obligación a los ayuntamientos.
Lo paradigmático es que la Generalitat, a través de las Cortes Valencianas, que tiene la competencia y, por tanto, la obligación de la coordinación y homogenización de los cuerpos locales, ahora resulta que le pasa “el paquete” a los ayuntamientos sin ni siquiera contar con ellos a través de un posicionamiento de la FVMP.
Hay que recordar que los Cuerpos de Policía Local no le pertenecen a la Generalitat, ya que dependen de los ayuntamientos, que son quienes realmente pagan los procesos selectivos, los costes del servicio y las nóminas del personal, detrayendo presupuesto de otras partidas de su competencia y que por ello reciben una escasa, por no decir nula, aportación económica por parte de la Generalitat; todo ello para dar un servicio que tanto el Estado a través de los cuerpos estatales de seguridad, como la Generalitat con la policía autonómica se les escatima.
Resumiendo, un problema que no es de la Generalitat o de la Comunidad Valenciana, acaba convirtiéndose en un problema de éstos. ¿Por qué? Sencillamente porque si se limita la edad máxima (45 años) para militares es en base a su operatividad para sus funciones, pero el mismo criterio es aplicable a la función policial (55 años, siendo destinados a funciones no operativas) lo cual en ambos casos es obvio, ¿la consecuencia? Tener que asumir los ayuntamientos personal que va estar muy poco tiempo operativo.
Los ayuntamientos, con el fin de mantener sus cuerpos de policía operativos, ya están haciendo un gran esfuerzo para poder adelantar jubilaciones de estos a través de sobrecotizaciones a la Seguridad Social, compensando los años que adelantan su jubilación ordinaria, para que ahora les apliquen medidas que conviertan en inútil ese esfuerzo.
Vaya por delante todo el respeto hacia los profesionales de defensa, los cuales dan la cara y su vida por España allá donde estén, pero su dependencia es del Estado y por lo tanto es el Estado (y con carácter nacional) quien debe de aportar las soluciones, lo demás es querer quedar bien (Generalitat Valenciana), pagando otros el pato (ayuntamientos y vecinos).
El SPPLB, en la defensa del colectivo que de manera mayoritaria representa, realizará las acciones que considere necesarias para que dicha medida no se implemente en la Comunidad Valenciana.
