La plantilla de la Policía Local de Alcoy ha perdido en los últimos años unos 40 efectivos por bajas médicas y jubilaciones sin que el Ayuntamiento haya cubierto estas plazas. La falta de agentes afecta a la seguridad ciudadana y a los servicios que prestan los los policías a un municipio de cerca de 60.000 habitantes.
Esta situación se vio agravada con la entrada en vigor del decreto que permitía la jubilación de los policías locales y que el Gobierno no supo prevenir. Tras el compromiso de reforzar y cubrir los servicios mínimos estipulados durante los seis meses que pudiera durar el proceso selectivo, ya han transcurrido más de dos años y siguen produciéndose bajas médicas y jubilaciones.
Los agentes se quejan por el retraso de más de siete meses en el impago de los servicios extraordinarios, habiendo cobrado en los últimos días dos meses del total, y sin un calendario o garantías para cobrar el resto hasta final de año.
La ciudad de Alcoy solo dispone en algunos de los casos de una o dos patrullas por turno para toda la ciudad, y su el término municipal, incluidos el fin de semana y días festivos, queda desprotegido. En la proximidad de fechas tan señaladas preocupa que la situación empeore, con la petición del Ayuntamiento de Cocentaina para reforzar la Fira de Tots Sants, y dos citas muy esperadas para los alcoyanos, su Mig Any y el Nadal Alcoià.
Los agentes temen que les obliguen a realizar servicios extraordinarios en fiestas pese al impago de los mismos. Además, la plantilla sufre un estancamiento salarial, faltan medios personales y materiales con coches que tienen cerca de 300.000 kilómetros, motocicletas de más de 10 años de antigüedad y fallos en la red de transmisiones y programas informáticos.
Toda esta problemática ha provocado que 15 policías hayan presentado la solicitud para salir de la plantilla en comisión de servicio y trabajar en otras localidades. A pesar de la falta de medios y personal, los agentes siguen realizando sus funciones propias en coordinación con otros cuerpos de seguridad, así como servicios humanitarios y de prevención de delincuencia.
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