Denuncian diferencias salariales desiguales entre mandos de la Policía Local de Cehegín
El SPPLB no descarta acudir a los tribunales si persiste "una brecha salarial que no responde a criterios de productividad ni de especial dedicación"
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El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) en la Región de Murcia ha hecho pública una denuncia por desigualdades salariales entre mandos de la Policía Local de Cehegín "que, a ojos de muchos ciudadanos, ejemplifican lo peor del sistema funcionarial: arbitrariedades que se perpetúan sin justificación y al margen de la lógica del mérito y la eficiencia", informan desde el citado colectivo en un comunicado.
En concreto, el problema es que "existen actualmente en el Ayuntamiento de Cehegín subinspectores encuadrados en el mismo grupo profesional, desempeñando funciones idénticas y con la misma responsabilidad, que sin, embargo, perciben retribuciones claramente desiguales", lo cual supone "una brecha salarial que no responde a criterios de productividad ni de especial dedicación, sino a la vía por la que accedieron al puesto".
Inercia y falta de voluntad
El SPPLB subraya que "esta desigualdad se mantiene aunque ya ha desaparecido la normativa que limitaba retribuciones en determinados procesos de integración. Por tanto, hoy no existe obstáculo legal que impida igualar los salarios entre quienes hacen el mismo trabajo, salvo la inercia administrativa y la falta de voluntad política".
Prosigue el sindicato: "La situación aún resulta más escandalosa si se tiene en cuenta que uno de los mandos afectados ya obtuvo por silencio administrativo el reconocimiento de ese derecho retributivo, mientras a otro se le deniega ahora en idénticas circunstancias".
Desde el punto de vista de la organización, "esta contradicción evidencia el caos interno en la gestión del personal público, un terreno fértil para los agravios comparativos y las decisiones caprichosas". El sindicato exige "la modificación inmediata de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para que se corrija este desequilibrio y se respete el principio de igualdad".
"No podemos seguir tolerando que se mantengan privilegios sin fundamento, como si la administración fuera un cortijo donde cada uno cobra según de donde venga y no por lo que hace", apunta el sindicato, que da su respaldo jurídico al subinspector afectado y no descarta acudir a los tribunales si persiste la negativa municipal a aplicar criterios de equidad". Y es que "no es de recibo que, en pleno siglo XXI, sigan vigentes diferencias retributivas nacidas de antiguas estructuras funcionariales que nadie parece querer revisar"
Los sindicatos alcanzan un acuerdo con la Diputación de Albacete sobre la reclasificación al grupo C1 de los bomberos del SEPEI
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Los sindicatos SPPLB, CCOO, UGT y CSIF han alcanzado un acuerdo con la Diputación Provincial de Albacete que garantiza la reclasificación de los bomberos del Servicio Provincial de Bomberos de la Diputación Provincial de Albacete (SEPEI) al grupo C1. Este acuerdo ha permitido desconvocar la movilización que estaba prevista para este jueves frente a la sede de la Institución provincial.
La reclasificación al C1 supone “un avance importante” en las condiciones laborales de los bomberos del SEPEI, que desde hace tiempo demandaban una mejora profesional y un reconocimiento a la labor que desempeñan, esencial para la seguridad y bienestar de la ciudadanía.
Las negociaciones siguen con la actualización del reglamento interno y con la implantación de la segunda actividad, siendo esta última una de las propuestas que mejoraría las condiciones de los bomberos que, por accidente laboral, enfermedad o edad, pudieran tener una merma en sus condiciones físicas, lo que les permitiría continuar prestando servicio en otras funciones adaptadas a sus necesidades, han informado los sindicatos en nota de prensa.
El acuerdo ha sido recibido con satisfacción por los bomberos y cabos, que han destacado la voluntad de diálogo y entendimiento por parte de la Diputación de Albacete. De igual manera, los sindicatos agradecen el esfuerzo realizado para dar respuesta a las legítimas reivindicaciones de los trabajadores, lo que contribuye a una mejora significativa en su reconocimiento profesional y condiciones laborales.
Este acuerdo es un reconocimiento profesional que ya tiene casi la totalidad de los bomberos de toda España; “supone reconocimiento profesional que merecen los integrantes del SEPEI y que se han estado reivindicando durante más de 15 años”. La desconvocatoria de la movilización refleja el compromiso de ambas partes de seguir trabajando conjuntamente por el bienestar de los trabajadores del SEPEI y por el fortalecimiento de los servicios públicos en la provincia de Albacete.
Desde los sindicatos firmantes se reafirma el compromiso con la defensa de los derechos laborales de todos los empleados públicos y se hace un llamamiento a continuar con el trabajo conjunto para seguir mejorando las condiciones laborales en todos los sectores públicos.
Un sindicato acusa al Ayuntamiento de Yaiza de vulnerar los derechos de los policías locales
Así , señala que "es evidente el empeño" del consistorio en "vulnerar los derechos de sus propios funcionarios del cuerpo" y su "estrategia encaminada a engordar el currículum de un policía concreto"
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El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos batalla para lograr que el Ayuntamiento de Yaiza "cumpla con la ley", con respecto a los funcionarios de la Policía Local del municipio.
Asimismo, denuncia "irregularidades" en la actuación del consistorio y descata que, "ante la falta de mandos", se convocó en el año 2019 un concurso para proveer de plazas de oficial de la Policía Local. Según ha asegurado este sindicato, el Ayuntamiento tras la admisión de ocho aspirantes al puesto de oficial, "paralizó incomprensiblemente dicho proceso", y mientras, "para cubrir la ausencia de mandos ha designado sin proceso selectivo válido alguno a un policía local que ni tan siquiera estaba entre aquellos ocho admitidos como aspirantes a oficial".
Este sindicato ha puesto de manifiesto "una y otra vez la irregular actuación del Ayuntamiento de Yaiza", entidad a la que acusa de vulnerar "los derechos de sus policías", y a quien señala que "se empeña en designar a dedo a un funcionario como oficial y como Jefe de la Policía, vulnerando el derecho del resto de funcionarios, muchos con mayor antigüedad, y que cumplen los requisitos para el acceso a la plaza de Oficial de la Policía Local, a los que se ningunea continuamente por este Ayuntamiento y se les deniega su legítima progresión en su carrera profesional".
El SPPLB ha ido recurriendo las designaciones como Jefe de la Policía Local de Yaiza de "ese funcionario designado por el alcalde sin proceso selectivo alguno, y ha ido obteniendo siempre resultados favorables, unas veces mediante recursos administrativos y otras mediante sentencias judiciales que han dado todas la razón al SPPLB y han anulado los nombramientos realizados por la Alcaldía, con condena en costas al Ayuntamiento".
La última sentencia, dictada por el Juzgado de lo Contencioso 6 de Las Palmas en el PA 321/2022, estima el recurso interpuesto por el SPPLB frente al Decreto del Ayuntamiento de Yaiza en el que "designó al mismo policía como sustituto del jefe de la Policía Local esta vez por jubilación del antiguo jefe, sin justificación para nombrar a ese agente y sin proceso selectivo alguno, y otra vez condena en costas al Ayuntamiento".
Esta sentencia se une a las previas obtenidas por el SPPLB en relación a los nombramientos realizados por el Ayuntamiento respecto a ese mismo funcionario: Sentencia de 17 de mayo de 2023 dictada por el Juzgado contencioso 2 en el PA 427/2022; y la Sentencia de 26 de septiembre de 2022 dictada por el Juzgado contencioso 3 en el PA 500/2021. Todas ellas favorables para el SPPLB y desfavorables para el Ayuntamiento de Yaiza con condena en costas. A estas sentencias hay que añadir un Auto de 13 de diciembre de 2021 dictado por el Juzgado Contencioso 1 en el PA 233/2021 que anula el nombramiento del mismo funcionario como sustituto del Jefe de la Policía Local, al haberse allanado el Ayuntamiento reconociendo la ilegalidad de tal sustitución, y además, habrá que sumar 2 más de procedimientos que se encuentran en curso impugnando la designación de Oficial, y la designación de Oficial Jefe respecto al mismo funcionario al que se le han tumbado ya sus designaciones anteriores como superior de sus compañeros.
Además de "esos procedimientos referidos a un funcionario concreto al que el Ayuntamiento se empeña en poner por encima de sus compañeros sin justificación legal alguna", el SPPLB ha obtenido también sentencia favorable frente al Ayuntamiento de Yaiza acreditando "la vulneración constante de la legalidad respecto a sus propios policías locales y obteniendo otra sentencia que anuló una adscripción en comisión de servicios a un funcionario de la Policía Local de otra corporación (Sentencia de 19 de mayo de 2022 dictada por el Juzgado contencioso 2 en el PA 23/2022 con condena en costas al Ayuntamiento)".
Finalmente, el sindicato ha resaltado que "es evidente por tanto el empeño y reiteración del Ayuntamiento de Yaiza en vulnerar los derechos de sus propios funcionarios del cuerpo de la Policía Local, y aún más, evidencia toda una estrategia encaminada a engordar el currículum de un policía concreto y designarlo mando, oficial y jefe de la Policía Local, vulnerando la legalidad vigente y en perjuicio de sus compañeros".
Llega el juicio del caso de los 43 enchufes del PSOE en Benidorm, quince años después con siete sesiones en noviembre y diciembre.
La Fiscalía pide penas de hasta cuatro años de prisión y quince de inhabilitación para tres exconcejales socialistas, dirigentes de UGT y CCOO, y técnicos.
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El caso de los 43 presuntos enchufes del PSOE en Benidorm, con colocaciones y subidas salariales bajo sospecha, tiene por fin fechas para el juicio, quince años después y con peticiones fiscales de penas de hasta cuatro años de prisión y quince de inhabilitación. Las siete sesiones se celebrarán el 6 de noviembre y los días 9, 10, 11, 16, 17 y 18 de diciembre.
La Audiencia Provincial de Alicante ha notificado a las partes este calendario del juicio oral, en una causa en la que se dilucidará si los implicados cometieron delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias.
Se sentarán en el banquillo los entonces concejales socialistas de Personal y Recursos Humanos y Hacienda, Juan Ramón Martínez y Natalia Guijarro, respectivamente; también, dos sindicalistas, el que era secretario general de UGT en Benidorm y coordinador de Personal y Recursos Humanos, Daniel Caneiro; y la número uno de CCOO y jefa de negociado de Personal, María Matilde Martínez Pérez; así como técnicos del área como la jefa de Personal (Carmen Navarro Orts), jefe de Nómina (Julio Fernández Lleras), una técnica de Relaciones Laborales del departamento de Recursos Humanos (María Dolores Cantó Cerdá); y el jefe de Contratación y Gestión de la Seguridad Social y concejal del PSOE en otro municipio (Relleu), José Asensio Salamero.
Entre los citados a declarar como testigos, se encontrarán también Encarna Llinares, que en aquel momento era subdelegada del Gobierno, a quien el sindicato que denunció los presuntos enchufes (SPPLB) había alertado de las irregularidades y había entregado la documentación en mano. Se trataba de las pruebas de que el Ayuntamiento benidormense -gobernado por los socialistas con el alcalde Agustín Navarro, fallecido en 2021- había incumplido con la Ley de Presupuestos del Estados con contrataciones y aumentos retributivos cuando existía la obligación de contener el gasto público, tal como advirtió la Intervención Municipal.
La actual portavoz municipal, citada como testigo.
También se va a convocar para testificar a Cristina Escoda, actual portavoz del grupo municipal del PSPV-PSOE en la Corporación local, ya que su marido fue uno de los presuntamente beneficiados por aquellas gestiones.
El Supremo fija que funcionarios tienen derecho al complemento de carrera horizontal en una demanda contra Torrevieja
El SPPLB-FESEP aplaude la resolución tras haber llevado a cabo el recurso
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Los servicios jurídicos del sindicato SPPLB-FESEP dirigidos por el letrado Luis Santamaría Ortiz han conseguido que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en su providencia de fecha 26 de febrero de 2025 que resuelve Recurso de Casación número 5727/2024 inadmita el mismo, presentado por el Ayuntamiento de Torrevieja contra la sentencia del TSJCV número 418/2024 de 30 de abril, por la que estimando la demanda del sindicato SPPLB establecía: "Que, en el plazo máximo de 6 meses la Administración municipal deberá aprobar para su personal municipal las normas reglamentarias de la carrera horizontal en los términos que regula el artículo 133.
Desde el sindicato han señalado que "han recibido con gran alegría y satisfacción esta resolución del Tribunal Supremo, ya que, se despejan las dudas sobre la validez de las diversas sentencias dictadas desde el año 2022 del TSJCV a instancias de los sindicatos SPPLB y FESEP, favorables a los empleados públicos de los Ayuntamientos.
Esta Resolución del Tribunal Supremo es muy importante porque es extensiva a todos los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y con ello se van a beneficiar sus empleados públicos a los que se les tendrá que aplicar el derecho a la carrera horizontal que regula la normativa autonómica valenciana.
Un sindicato pide activar el protocolo de acoso laboral por las supuestas amenazas a un funcionario que afirma el PSOE
El SPPLB pide que se investiguen estos hechos a los que se refirió la portavoz en una nota de prensa, afirmación por la que el alcalde le pidió una rectificación
La portavoz del gobierno afirma que los órganos competentes "deben activarse como ahora se solicita por parte de los sindicatos"
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El encontronazo entre el alcalde Toni Pérez y la portavoz del PSOE de Benidorm, Cristina Escoda, por unas declaraciones de esta última sobre un supuesto caso de amenazas a un funcionario suma un nuevo capítulo. El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos ha pedido que se active de "forma inmediata" el protocolo de acoso laboral del Ayuntamiento para que se investigue este caso referido por la socialista el pasado día 3 de febrero en una nota de prensa. Con todo, el gobierno del PP afirma que "deben activarse" los órganos competentes ahora que lo solicita el sindicato.
Como publicó este diario, este martes la tensión se incrementaba entre Pérez y Escoda por este asunto. El primer edil pedía a la concejala socialista que rectificara sus declaraciones hechas en esa nota de prensa, para lo que le envió una carta el pasado día 6 en la que también llegó a anunciar acciones judiciales si no lo hacía. Algo que este martes la edil describió como una "amenaza" por parte del alcalde.
Ahora, el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) ha solicitado que se active dicho protocolo que existe en el Ayuntamiento desde 2013 para aclarar si los hechos a los que se refiere la portavoz socialista sucedieron y en qué manera. Cabe recodar que en dicha nota de prensa se reflejó lo siguiente: "Cabe recordar que el alcalde presentó una querella criminal a los funcionarios de Antifraude que se personaron en el Ayuntamiento para solicitar información el año 2021, y que un funcionario se acogió al estatuto de protección del denunciante ante las amenazas recibidas".
El Secretario Local del SPPLB, Francisco A. González indicó que "tales afirmaciones expuestas por Escoda son altamente preocupantes, máxime cuando se cuenta en este Ayuntamiento con mecanismos para prevenir, detectar y erradicar conductas que supongan un acoso laboral", como es ese protocolo. "Como representantes sindicales, delegados de prevención y miembros del Comité de expertos de acoso laboral, tenemos la obligación de proteger los derechos fundamentales de los trabajadores y su dignidad en el ámbito laboral", añadió.
Así recordó que el citado protocolo de prevención y actuación en caso de acoso laboral, aprobado sesión plenaria de fecha 29 de abril de 2013, establece en sus artículos 5 y 6, como competencias del Comité de expertos llevar a cabo la investigación de los supuestos casos de acoso laboral de los que se tenga conocimiento y en su artículo 6 especifica el procedimiento de denuncia. Por lo tanto, "no podemos tolerar que en el Ayuntamiento de Benidorm se produzcan hechos como estos y que además nos tengamos que enterar por los medios de comunicación".
El gobierno del PP ve "normal" la petición
La portavoz del gobierno del PP, Lourdes Caselles, apuntó que "es normal que los sindicatos cursen esta petición ante las declaraciones vertidas por la portavoz socialista el pasado 3 de febrero en las que aseguraba literalmente que 'un funcionario se acogió al estatuto de protección del denunciante ante las amenazas recibidas'". La edil popular añadió que "debería haberlo solicitado la propia señora Escoda que es quien afirmó que se habían producido amenazas, puesto que ante un hecho así su obligación es ponerlo en conocimiento del órgano municipal competente".
El sindicato mayoritario del Ayuntamiento de Benidorm exige refuerzos para la inspección de viviendas turísticas
El SPPLB pide que se convoquen de forma inmediata 20 plazas de agente de Policía Local y 6 de inspectores municipales
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El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos, central mayoritaria en el Ayuntamiento de Benidorm, ha solicitado esta semana mediante un escrito que "de forma inmediata" se convoquen las veinte plazas de agente de Policía Local y las otras seis inspectores municipales que constan en la Oferta de Empleo Público del año 2024.
El portavoz del sindicato profesional, Francisco A. González, ha manifestado que "es urgente" que se cubran estas plazas para poder hacer frente al compromiso que el consistorio de la capital turística ha contraído al adherirse al convenio marco firmado por la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para inspeccionar y sancionar a las viviendas turísticas.
Se hace necesario reforzar la plantilla que empieza a tener déficit por motivo de las jubilaciones que se están produciendo", ha explicado González.
Entre las competencias delegadas por la Generalitat a la administración municipal están la incoación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores por la comisión de faltas leves, graves y muy graves en materia de viviendas de uso turístico.
El alcalde descarta la declaración de zonas tensionadas
El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ya descartó a finales del año pasado la posibilidad de declarar en la ciudad alguna zona que se pueda considerar tensionada por los precios de los alquileres y ha abogado por afrontar el problema de la vivienda sin intervenir el mercado y mediante la construcción de vivienda.
Nueva condena al Ayuntamiento de Benidorm en el área de Personal, esta vez por incumplir los descansos de un trabajador
La sentencia reconoce el derecho del trabajador al descanso semanal de 48 horas una vez finalizado el descanso diario y condena al Consistorio a abonar al actor la cantidad de 3.000 euros en concepto de daños y perjuicios.
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Un descanso semanal de 48 horas una vez finalizado el descanso diario. Esto es lo que una sentencia reconoce a un trabajador del Ayuntamiento de tras demandar al consistorio por no cumplir con ese descanso semanal. Un juzgado ha estimado parcialmente la demanda del empleado municipal y la administración local deberá indemnizarle con 3.000 euros en concepto de daños y perjuicios.
Así se recoge en el fallo del Juzgado de lo Social número 2, al que ha tenido acceso este diario, y que llega tras la demanda de ese empleado que no estaba conforme con las horas que hacía y por no tener un descanso de 48 una vez finalizado su descanso diario.
Según la sentencia apunta en los hechos probados, este trabajador, que presta sus servicios para el tenía un horario hasta 2022 que comprendía una "jornada de lunes a viernes de 15 horas a 21 horas y los sábados de 10 horas a 14 horas. Desde septiembre de 2020 a diciembre de 2023 el horario del trabajador era de lunes a viernes de 14.45 horas a 21.15 horas y sábados de 9.00 horas a 14.00 horas".
En diciembre de 2023, mediante decreto, se modifica el horario de nuevo "pasando al siguiente horario: martes a viernes de 14 horas a 21.30 horas, sábados de 10 h a 14 horas y de 16.30 a 20 horas".
Así, el fallo explica que "resulta de aplicación el Convenio Colectivo de relaciones laboral del personal laboral del Ayuntamiento de Benidorm" en el que, en el artículo 6, dispone que "el personal tendrá derecho a un descanso semanal de 48 horas desde el cese de su actividad hasta la reanudación de la misma o de dos días naturales correlativos. Este descanso comprenderá como regla general el sábado y el domingo con excepción de los pactos específicos con determinados colectivos". Por tanto, según el empleado, no se cumpliría con esas 48 horas de descanso semanal.
El fallo de la sentencia
Por ello, el trabajador reclamó que se cumpliera ese periodo de descanso además de "una indemnización de 6.000 euros por los periodos de descanso semanal no respetados desde 2020, fecha en la que el actor realizó la primera reclamación de cambio de horario por no respetar la jornada de descanso semanal". Finalmente, el juzgado ha estimado parcialmente la demanda del empleado, reconociéndole ese derecho de 48 horas semanales al terminar el descanso diario y la administración local deberá indemnizarle con 3.000 euros en concepto de daños y perjuicios. Contra la sentencia no cabe recurso.
Tras conocerse la sentencia, el portavoz del sindicato SPPLB (quien representa al trabajador), Francisco A. González, manifestó su indignación por estos hechos: "Estamos hartos de que nos obliguen de forma continuada a acudir a los tribunales de justicia para que reconozcan los derechos a nuestros afiliados". Desde el sindicato hacen hincapié en que "previamente pusieron de manifiesto por escrito dirigido al Departamento de Recursos Humanos que el horario de trabajo semanal que se le estaba aplicando al trabajador, no se ajustaba al convenio colectivo de aplicación y por lo tanto era irregular". Pero "hicieron oídos sordos y en ningún momento se dignaron a remitir respuesta alguna, teniendo que acudir al juzgado para que le reconocieran el derecho del trabajador al descanso semanal de 48 horas una vez finalizado su descanso diario, reconocido en la normativa vigente".
Para terminar, González apuntó que "esperamos que el Ayuntamiento ejecute la sentencia de forma inmediata y que la haga extensiva al resto de trabajadores que se encuentran en esta misma situación, que los hay y que dejen de provocar gastos innecesarios que van a tener que pagar los bolsillos de los ciudadanos de Benidorm por la forma arbitraria de actuar contra los intereses de los trabajadores".
Los bomberos de València se movilizan por la dana: "Nuestros jefes ponen en peligro a los ciudadanos”
Un centenar de efectivos del cuerpo municipal de bomberos protesta frente al Parque Central de la avenida de La Plata para exigir el cese de sus mandos al considerar que no estuvieron a la altura en los servicios del Saler, Campanar o la dana.
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Un centenar de Bomberos de València se han manifestado a las puertas del Parque Central de la Avenida de La Plata para seguir añadiendo presión sobre sus mandos. El sindicato SPPLB, con dos terceras partes de la plantilla en sus filas, ya había pedido reiteradamente la destitución de la Jefatura al considerar que no está respondiendo de manera adecuada a los grandes servicios que por desgracia lleva tiempo sufriendo la ciudad de València, caso de los incendios del Saler, el incendio de Campanar o la devastadora dana del pasado 29 de octubre. Con la protesta de hoy –ampliamente respaldada según su propia estimación– los bomberos esperan forzar el cambio de rumbo en la gestión del servicio.
Faustino Yanguas, delegado de bomberos en el sindicato SPPLB, ha explicado que los bomberos llevan mucho tiempo observando que la gestión de los servicios importantes no es la adecuada, y ha añadido: “Nuestra seguridad y la seguridad de los ciudadanos se pone en peligro por las decisiones de nuestros mandos. Necesitamos medios, personal y el entendimiento de que este servicio debe tratarse de otra manera”, ha resumido.
En lo más reciente, la gestión de la riada, Yanes ha explicado que un total de 43 bomberos acudieron de manera voluntaria ante la falta de iniciativa de sus jefes, señalando además que la movilización no es tanto una queja sindical como la protesta de todo el colectivo, cansados del trato recibido: “No se nos ha tenido respeto y nos han amenazado y castigado durante la gestión de la dana. Se han hecho presiones para que no venga gente a la protesta y además tenemos un turno de guardia, por lo tanto es una convocatoria elevada para el número de bomberos que tenemos en Valencia –unos 440– y representativo de que la gran mayoría del colectivo quiere que cambie la gestión”, ha insistido el delegado sindical.
Uno de los bomberos manifestantes se llama Darío Ayllón y el día 29 acudió a la zona cero de manera voluntaria. Cuenta que estaba en casa en Catarroja cuando sobre las 19 horas empezó a ver cómo subía el agua. Una hora después, sus padres le dijeron desde La Torre que estaba entrando agua en su casa. Darío les dijo que se subieran a una primera planta y se fue al Parque Central, desde donde partió a las zonas más afectadas. Fue, junto con otro compañero, el primer buceador en llegar a las pedanías del sur. Y como muchos bomberos municipales está molesto por la gestión de las últimas catástrofes.
"Los mandos se han aislado"
“En ningún momento solicitaron buceadores ni apenas movilizaron a gente. Al final pidieron 12 voluntarios, pero en los grupos ya había mucha más gente dispuesta a salir a las zonas afectadas. La protesta no es una cuestión personal, yo tengo aprecio por quienes están a los mandos y no quiero que se vayan del cuerpo, pero las cosas no se han hecho bien”, opina el bombero buceador. “Otro de los problemas es que apenas hay contacto entre la Jefatura y los bomberos rasos. Todas las críticas se las toman de manera personal y se han rodeado de unos cuantos que tampoco les censuran”, agrega.
Una sensación parecida tiene un compañero que el 29 de octubre sí estaba en el turno y sobre las 19 horas fue enviado a la zona afectada. El bombero, que no da su nombre porque quiere abordar el conflicto desde un punto de vista “constructivo” –es decir, dialogado con los mandos–, cuenta que el malestar en los parques de bomberos de València no solo tiene que ver con la “deficiente gestión” de Campanar o la dana. “Nuestros jefes se han aislado del resto de compañeros. Primero pusieron paredes y se metieron arriba en una planta superior. Ahora directamente se han construido su propio edificio en el centro y no los ves en todo el día. No son capaces de bajar al barro, preguntar y escucharnos. Y por ahí empiezan todos los problemas”, resume.
La rebel·lió dels bombers de València contra la gestió de la dana
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Si els bombers forestals de la Generalitat Valenciana van criticar la direcció del Consorci Provincial de Bombers per la tardança en el desplegament potent d'aquest cos d'emergències, els treballadors contra el foc i les inundacions de l'Ajuntament de València han demanat la dimissió de la seua cúpula. El Sindicat Professional de Policies Locals i Bombers denuncia la falta de mobilització d'efectius i l'activació tardana de les unitats de rescat i del grup caní, amb experiència a catàstrofes d'abast internacional.
Els crits d'auxili ressonaven com un martell al cap i les estampes de gent arrossegada per l'aigua torrencial s'havien quedat gravades a la retina. Dormir era una quimera, una pràctica impossible quan desconeixies l'estat dels éssers estimats, quan hi havia la convicció que l'adveniment de la llum mostraria la dimensió de l'horror causat per aquella riuada del 29 d'octubre del 2024. Una data funesta, ja registrada dintre del llibre dels horrors de la història recent valenciana.
A la pedania de la Torre, ubicada a l'altre costat del nou llit del Túria, el xoc per la barrancada va transformar-se en malestar quan van observar que el desplegament dels cossos d'emergències, els agents de seguretat i dels recursos del consistori era limitat. Que la corporació municipal no va desenfundar la seua potència de foc fins ben passat els dies. És un dels retrets dels veïns contra la gestió desenvolupada per l'Ajuntament de València, governat pel tàndem PP-Vox i que encapçala la conservadora María José Català.
Messi a la banqueta
Els bombers de València, a través del Sindicat Professional de Policies Locals i Bombers, han denunciat, no debades, l'actuació de la cúpula dels treballadors contra el foc i les inundacions. Això sí, exculpen de responsabilitat als dirigents polítics i apunten contra la comandància dels bombers de València. Fins i tot, «reconeixen l'esforç» de la regidoria que lidera el popular Juan Carlos Caballero, una de les figures rellevants del gabinet local de Català.
«No aconseguim comprendre el suport incondicional que manté», expressen, tanmateix, en referència a l'equip de govern municipal, «cap a aquesta direcció malgrat les nombroses crítiques rebudes per part dels qui estan en primera línia, arriscant les seues vides pels altres». «Aquest suport resulta desconcertant i genera una sensació de desprotecció en el col·lectiu, que veu com les seues reivindicacions i preocupacions no s'estan atenent de manera adequada», afirmen contra el posicionament que ha adoptat l'executiu municipal de la baronessa popular.
La incomprensió del sindicat, majoritari a la plantilla de Bombers València, s'estén a les paraules pronunciades per la comandància del cos municipal, que va admetre una actuació «conservadora» durant l'emergència. Aquelles afirmacions van provocar que la petició de dimissió dels capitostos del servei —avalada per un quart de la plantilla— es reforçara. «De debò es pot justificar ser conservador en la catàstrofe més gran de l'últim segle? Aquesta afirmació resulta inacceptable i incomprensible per als qui vam estar sobre el terreny, veient la magnitud de la tragèdia i les necessitats urgents que demandava l'emergència», censuren.
«És com si arribàrem a la final de la Lliga de Campions i deixàrem a Messi en la banqueta. Algú entendria això? Perquè, precisament, això és el que no entenem els bombers: com, sabent que hi havia més de 100 bombers preparats i disponibles, van ser capaços de deixar-los inoperatius, en la banqueta, mentre l'emergència continuava desbordant els recursos disponibles en el terreny», critiquen. «Aquesta decisió no sols va mostrar una falta de visió, sinó que a més evidencia una desconnexió total amb la realitat operativa», agreguen.
En una catàstrofe de la magnitud d'aquesta dana, que ha devastat els pobles meridionals de València i bona part de l'Horta Sud, «no hi ha marge per a ser conservador», ressalta Faustino Yanguas, delegat del Sindicat Professional de Policies Locals i Bombers al cos municipal de bombers. «En una situació com aquesta, cal eixir amb tot, mobilitzar cada recurs humà i material disponible, i actuar amb determinació per a salvar vides i minimitzar danys. No fer-ho, com va quedar demostrat, va tindre conseqüències directes en el temps de resposta i en l'eficàcia de les intervencions, amb zones que van quedar sense atendre durant dies», assenyala.
Una mobilització tardana
Els integrants d'aquesta organització sindical han desvelat una intervenció tardana de les unitats especialitzades. «El mateix matí del 29 d'octubre, al voltant de les 11:30, un integrant del Grup de Rescat Aquàtic (GRA) es va posar en contacte amb la direcció de bombers per a advertir, en previsió de les pluges i considerant com estava evolucionant la dana, la conveniència de mobilitzar al grup especial, per si fora necessari intervindre durant el dia. La resposta que va rebre va ser que, malgrat trobar-nos en alerta roja, no era necessari mobilitzar-los», expliquen.
«Aquest integrant va tornar a insistir pocs minuts després, destacant la urgència de tindre al grup preparat davant el qual clarament es perfilava com una emergència crítica, però novament va rebre la mateixa negativa. Persistint en el seu esforç, va contactar novament amb la direcció a les 19:15, moment en què se li va comunicar que l'activació depenia d'una ordre de CECOPI», arredoneixen. La conversa, segons narren, «va tindre lloc només una hora abans que arribara l'alerta oficial de la Generalitat Valenciana». «Si bé entenem que la direcció va estar treballant durant tot el dia, resulta incomprensible que no es prevera la necessitat d'activar al GRA», es queixen.
El GRA, especialistes en un escenari de riuada, no es van mobilitzar oficialment fins cinc dies després de l'inici de l'emergència, «limitant la seua intervenció exclusivament al terme municipal de València». «Una vegada mobilitzats, els integrants del GRA van treballar sense descans a partir del quint dia, duent a terme cerques de persones desaparegudes en zones inundades i de difícil accés. El seu esforç i dedicació durant aquelles intervencions van ser exemplars, però no podem ignorar que aquesta actuació va arribar massa tard, quan moltes de les oportunitats per a realitzar rescats efectius ja s'havien perdut a causa de la falta de previsió inicial», lamenta Yanguas.
«Van estar els bussejadors de Bombers València treballant en el rescat de persones durant les primeres hores a la Torre? La resposta és que sí, però els pocs components del GRA que van estar aquelles hores en la zona es van presentar al parc central de manera voluntària, sense que se'ls haguera mobilitzat, fins i tot amb la reprimenda verbal d'algun comandament que se'ls va queixar per anar a ajudar», puntualitzen des d'aquesta central de treballadors. «La primera barca que accedeix a la Torre i comença a realitzar rescats de persones estava encapçalada per dos bombers bussejadors que es van presentar allí per iniciativa pròpia», complementen.
L'esquema pràcticament va calcar-se a la Unitat Canina de Rescat, amb experiència en el terratrèmol de Turquia i en les inundacions de Líbia. «No van actuar fins tres dies després, malgrat estar disponibles amb els seus gossos des del mateix matí del dia 30 i haver-hi almenys un desaparegut confirmat a la Torre el dia 31», apunten.
«La Unitat Canina de Rescat va ser activada al cap de tres dies, en serveis molt puntuals on es van descartar xicotetes zones, més per pressió després de la queixa de part dels seus integrants i després de la publicació en premsa que molts dels seus integrants estaven com a voluntaris ajudant a netejar cases i moure vehicles, amb els seus gossos de localització a les seues cases», recorden. I disparen: «Si aquesta unitat s'haguera mobilitzat en el temps adequat, s'hauria pogut fer un treball de cerca en les primeres hores, descartant zones al voltant de la Torre».
En cas d'una resposta ràpida d'aquestes unitats de rescat especialitzades, d'acord amb l'argumentació del Sindicat Professional de Policies Locals i Bombers, «s'hauria pogut confirmar la localització de persones que, malgrat haver sigut arrossegades per les aigües, podrien haver sigut expulsades cap a una zona pròxima i quedar inconscients, com es va poder comprovar l'endemà en altres àrees afectades per la catàstrofe». «En aquesta mena de situacions, les primeres hores són crucials, especialment quan es tracta de persones potencialment supervivents», subratllen per consolidar la seua càrrega contra la comandància de Bombers València.
«La demora de 72 hores en la mobilització de la unitat, durant les quals les seues guies van estar ajudant en labors externes o van romandre al parc sense anar a la zona afectada, va resultar determinant. Si algun dels desapareguts haguera sobreviscut a la riuada, aquestes primeres hores haurien sigut essencials per a la seua localització i rescat», insisteixen. I rematen destapant que durant la segona fase, consistent en trobar persones ja sense vida, va rebutjar-se l'oferiment d'una unitat alemanya. Quan van passar deu dies, va ser requerida pel Consorci Provincial de Bombers.
A mig gas
L'altre gran retret per exigir la renúncia de l'actual comandància dels bombers de l'Ajuntament de València és el desplegament esquifit que va efectuar-se. O, si més no, així ho sostenen des d'aquest sindicat: «S'afirma que es van mobilitzar en les primeres hores de l'emergència a 63 bombers fora de servei a través de mitjans oficials, però la realitat és que la majoria d'aquest personal es va presentar per iniciativa pròpia i no perquè se li mobilitzara per part del servei».
«En els primers dies no es van mobilitzar els recursos humans i tècnics dels quals es disposava, deixant a casa a desenes de bombers que estaven preparats per a actuar i desconcertats davant la falta d'iniciativa de la direcció», accentua Yanguas, encarregat de traslladar l'estupor que va generar al cos «veure bombers de Granada, Màlaga, Madrid i altres poblacions de tota Espanya treballar de manera incessant en les zones afectades mentre Bombers València no arrancava ni posava a la disposició de la ciutadania tots els seus recursos».
L'organització sindical manifesta que «durant tota l'emergència van treballar amb material que no era específic per a aquesta mena d'intervencions» i retrau «la manca d'eines essencials com ara bombes de buidatge i motoserres». «Resulta paradoxal que el mateix personal de Bombers de València haguera de recórrer a l'associació ONG Bombers Pel Món per a sol·licitar material donat per empreses privades, incloent-hi les motoserres i bombes de buidatge que no estaven disponibles en la nostra dotació», arredoneixen. És el malestar que ha provocat la rebel·lió d'una part del cos municipal de bombers de València contra la gestió de la dana.