Levante-emv.com Miércoles 06 de junio de 2012
J.MESTRE CASTELLÓ
Cerca de 300 policías locales y bomberos se concentraron ayer ante el Ayuntamiento de Castelló para protestar contra el recorte en los complementos salariales. El ejecutivo local ha reducido a sus funcionarios un 30% las productividades de festividad, nocturnidad y jornada partida, según pactó ayer con el sindicato mayoritario (CC OO), y adeuda desde enero estos emolumentos.
Los manifestantes se acercaron hasta la misma puerta del consistorio y expresaron su malestar con una estruendosa pitada y con gritos de "fuera, fuera", a la vez que portaban varias pancartas con los lemas de "basta de agravios, protocolo de horarios", "no somos esclavos políticos". En frente tenían a una unidad de la propia Policía Local, que fue reforzada para evitar una posible intrusión al interior del ayuntamiento. La marcha transcurrió sin incidentes, aunque parece que algún integrante de la misma quemó en uno de los lavabos municipales papel higiénico.
La concentración fue convocada por UGT y el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos de la Comunitat (SPPLB-CV). "Queremos manifestar que mientras se estan pagando productividades desorbitadas a ciertos colectivos, que no estan recogidas en convenio, se les quiere rebajar los de los compañeros que sí que realizan el trabajo, como los de nocturnidad, festividad y jornada partida. Consideramos que es injusto que se pretenda justificar el despilfarro de este ayuntamiento recortando derechos a los trabajadores" subrayó un portavoz de UGT, central que se ha desmarcado del acuerdo de productividades acordado ayer entre el equipo de gobierno y Comisiones Obreras.
Estas retribuciones pueden representar al mes cerca de 300 euros por agente y UGT y SPPLB alertaron que el ejecutivo local les adeuda los complementos desde enero. El concejal de Personal, Juan José Pérez Macián, eludió valorar la concentración y afirmó que no escuchó sus reivindicaciones porque estaba reunido en la mesa de negociación municipal
Asistencia sanitaria
En la manifestación también participó un colectivo de funcionarios que defiende la continuidad de la prestación asistencial privada para el grupo de empleados que entró antes de 1993. Ese año se suprimió el régimen especial de entidades locales y desde entonces los nuevos funcionarios incorporados han quedado adscritos a la Seguridad Social.
Defiende que se mantenga este servicio para la plantilla antigua y sospecha que empleados contratados después de 1993 pueden gozar de este privilegio, que supone 570.000 euros a las arcas municipales y que el plan de ajuste contempla su supresión. Pérez Macián negó tales hechos.
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