El juicio se celebra después de que la Audiencia Provincial de Valencia instara a la jueza de instrucción del Juzgado número 3 de Ontinyent a revocar el auto de sobreseimiento dictado en primera instancia e iniciara el procedimiento penal abreviado. La jueza estimaba que existían indicios de que «no sólo se está en presencia de meras discrepancias laborales entre policía y alcalde, sino que consideradas conjuntamente la sucesión de situaciones descritas por el apelante y el contexto en el que, supuestamente, se han ido desenvolviendo las mismas... existen datos suficientes para seguir adelante con el procedimiento».
Según recuerdan desde el sindicato, el germen de este proceso por acoso laboral hay que buscarlo en 2010, tras la denuncia que el agente, en su condición de Delegado de Personal y a raíz de una queja de los trabajadores, interpone por considerar que se produjeron irregularidades en la oferta de empleo público del Ayuntamiento para cubrir dos plazas de administrativo que favorecían a una familiar de José Luis Juan, concretamente su hermana, al ser éste quien aprobó las bases de la oposición y además nombró a todo el tribunal de selección. El tribunal del Juzgado Contencioso Administrativo número 8 de Valencia daba la razón al Delegado de Personal.
Es entonces cuando, aseguran desde el sindicato, se iniciaron las acciones del alcalde contra el agente, que le llevó incluso a la baja laboral, como el retraso en el pago de las nóminas, denegación de las vacaciones en tiempo estival, denegación de días de libre disposición, imposición de la jornada partida sin previa negociación sindical, afectando gravemente a su conciliación familiar, ya que tenía hijos menores a su cargo e incluso la denegación del arma reglamentaria una vez que se reincorporó de la baja, incluso cuando le obligaba a patrullar solo, fuera del núcleo urbano.
Contra todas estas resoluciones de la alcaldía interpuso las correspondientes denuncias, todas ellas con sentencias favorables. De hecho, en el auto, la jueza de la Audiencia Provincial, en sus razonamientos jurídicos, indica que «...lo que no se puede aceptar es que una vez reincorporado se le considere apto para el servicio activo, se le asigne funciones de patrulla de calle, se le obligue a ejecutarlo solo frente a la normal actuación en binomio y, sin embargo, se le prohibe el arma reglamentaria... es absolutamente insostenible, por no emplear calificativos más contundentes».
También recuerdan, que a pesar de que también se le imputó por un presunto delito de amenazas, a través de cartas anónimas, a familiares del alcalde, los hechos fueron finalmente archivados, al no poderse comprobar. De hecho, el sindicato apunta que el mismo Juzgado y a instancias de los denunciantes, solicitó la averiguación de huellas sobre las cartas que contenían las amenazas, dando como resultado final que éstas cartas no contenían las huellas del Policía Local denunciado, «aunque si se detectaron otras huellas que pertenecían a otro funcionario muy cercano a la alcaldía, el cual posteriormente obtuvo la plaza como funcionario en propiedad en el Ayuntamiento».
Por su parte, el alcalde, José Luis Juan, asegura que no tiene notificación de la celebración de juicio y califica de «malicioso y maquiavélico o, cuanto menos, llama la atención» que se de a conocer por parte del Sindicato «a escasos diez días de la celebración de las elecciones municipales». «Está claro que se pretende pervertir y ensuciar una campaña electora», ha manifestado a LAS PROVINCIAS y denuncia el hecho de que «tanto el sindicato como el policía que me ha denunciado, han ido de la mano del concejal portavoz del partido de la oposición en el Ayuntamiento de Aielo en varios recursos y denuncias contra mi persona durante las últimas dos legislaturas».
Juan Pinter asegura tener plena confianza en la Justicia, «no en balde, en mis tres legislaturas y viendo que no se me podía ganar en las urnas, han intentado hasta en dos ocasiones ganar las elecciones en los tribunales y en ambas ocasiones el juzgado ha resuelto que o había en este alcalde ninguna acción que mereciera reproche peal».
Por último, el alcalde dice que estudiará medias legales contra el sindicato de policías, al entender que «por prudencia, por respeto a la Justicia y por respeto a las personas, deberían haberse abstenido de dar esta información, que sólo tiene clara intención de desgastar a un alcalde».
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