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A pesar de hallarse inmerso en un proceso judicial que analiza 43 posibles casos de «enchufismo», el alcalde socialista de Benidorm, Agustín Navarro, continúa con las prácticas que le han llevado recientemente a dar explicaciones ante el juez sobre la gestión de los recursos humanos del Ayuntamiento que dirige.
La última se remonta a la semana pasada, cuando dos traductores-intérpretes se han incorporado al servicio de atención al extranjero sin que se haya tenido constancia de convocatoria o proceso selectivo público.
Así lo denuncia el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos de Benidorm (SPPLB), desde donde se asegura que se trata de una nueva vulneración por parte del gobierno local de la obligación de garantizar y facilitar el libre acceso de todos los ciudadanos al empleo público. Según su portavoz, Francisco González, se trata de dos nuevas contrataciones que «a todas luces» alertan de presuntas irregularidades.
«No tenemos constancia de que el Ayuntamiento haya ofertado públicamente estas plazas, ni que se hayan aprobado bases, ni quién o quiénes han formado parte del tribunal calificador. Muchas interrogantes que llevan a sospechar que siguen incumpliendo el plan de ajuste y continúan saltándose la Ley a la torera, evitando los procedimientos legales establecidos y la transparencia que debe de rodear cualquier contratación pública», explica.
En este sentido, han hecho constar que el Gobierno de Navarro, apoyado por la expopular Gema Amor, no puede justificar la falta de transparencia en la que incurren «continuamente» a la hora de contratar a personal con dinero público. «Tampoco sirve como excusa que las citadas contrataciones, por casualidad, se hubieran llevado a efecto a través de alguna subvención, convenio o compromiso adquirido, en todos los casos prevalecen procesos selectivos de personal a través de convocatorias a tal efecto», sostienen.
El sindicato profesional hace hincapié en que es difícil de entender cómo después de las denuncias que pesan en contra del Ayuntamiento de Benidorm relativas a contrataciones irregulares «no hayan escarmentado todavía, cometan los mismos errores, los mismos vicios adquiridos y que además, se atrevan a retar a la Justicia de esta manera tan temeraria».
Desde el SPPLB han requerido tanto a Agustín Navarro, que como alcalde firma los contratos, y a Gema Amor, concejal de Turismo, además de a la edil de Personal, Natalia Guijarro, para que faciliten toda la información referente a la fecha de la convocatoria y las bases que han regido el proceso selectivo, así como copia certificada del acta del proceso. «Ni siquiera el comité de empresa (formado por el SPPLB, CSIF, SEP, CCOO y UGT), que debería haber formado parte del tribunal calificador, tiene constancia de lo acontecido», explica el sindicato.
Contratación de militantes
Las posibles contrataciones irregulares –todas ellas desveladas en las páginas de ABC en los últimos tres años– del alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, para «enchufar» a amigos y parientes de su entorno en el equipo de gobierno tienen indicios de delito, según la Fiscalía. El Ministerio Público solicitó una investigación judicial que llevó al socialista ante el juez el pasado mes de marzo. Según la denuncia original, del Sindicato de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), estos casos de «enchufismo» han supuesto un perjuicio de 4,5 millones de euros a las arcas municipales en dos años (2010 y 2011) y ha beneficiado al menos a 43 privilegiados.
De ellos, 28 consiguieron la plaza de funcionario en propiedad o un contrato laboral (de los 130 que se firmaron en total en ese periodo), en lo que se podría calificar como gracia del alcalde, ya que no hubo concurso ni oposición. Otros 15 percibían pluses de productividad «desorbitados», según la denuncia del SPPLB, de entre 500 y 1.000 euros mensuales. Todo, con informes contrarios de la intervención municipal, ignorados por el equipo de gobierno.
En su declaración ante la juez que instruye el caso por su imputación en 43 posibles casos de «enchufismo» en el Ayuntamiento, el alcalde admitió que contrató a militantes y simpatizantes del PSOE, si bien matizó que «también había de otros partidos» y justificó que siempre se trataba de servicios imprescindibles para la ciudad. «Hablamos de la vigilancia en las playas en Benidorm», vino a resumir tras testificar durante dos horas. No obstante, la denuncia del fiscal va mucho más allá de los vigilantes para las playas, como ha venido contando este periódico, y lo acusa de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
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