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El criminólogo había demandado a un dirigente del sindicato SPPLB, que puso al fiscal sobre la pista de los contratos supuestamente irregulares
La juez ha decretado el sobreseimiento de las diligencias abiertas contra el secretario general del Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPBL) de Benidorm, Francisco Ángel González, por supuestas injurias al criminólogo municipal. En su auto, sostiene que de las declaraciones públicas del denunciado, en las que cuestionó esta plaza de empleado público creada por el anterior alcalde, Agustín Navarro, «no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa».
González había sido denunciado por la vía penal por el criminólogo del Ayuntamiento de Benidorm, Justo López, que le acusaba de un presunto delito continuado de calumnias, injurias y denuncia falsa.
La creación de esta plaza de criminólogo municipal, un caso único en España para un municipio de las dimensiones de Benidorm, está dentro del casi medio centenar de posibles casos de enchufismoque se investigan en otra causa judicial abierta contra el exalcalde y hoy diputado provincial socialista, Agustín Navarro. Precisamente este representante del PSOE también está en el centro de otra controversia, ya que su asignación de nuevo cargo y sueldo en la Diputación ha dinamitado hace unos días el acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Popular en la institución provincial.
La formación de Albert Rivera ha retirado su apoyo al presidente popular, César Sánchez, justamente a raíz de esta investigación por posible nepotismo durante la anterior legislatura, por la que está formalmente imputado -ahora investigado- por varios delitos, como malversación de caudales públicos, falsedad documental y tráfico de influencias, si bien Navarro ha defendido en reiteradas ocasiones que se trata en cualquier caso de una «prevaricación administrativa». No obstante, ha contratado los servicios del abogado de Francisco Camps en el caso de los trajes.
El sindicalista González recriminó al entonces alcalde que dicha plaza de criminólogo no tenía dotación presupuestaria ni estaba motivada su urgencia o necesidad. También acusó a este funcionario que la ocupaba de usurpar tareas de otros departamentos.
En concreto, el criminólogo programó charlas de concienciación en centros educativos que se venían ofreciendo años atrás por policías locales, lo que motivó la queja de la coordinadora de estas actividades, que se enteró de que ya se habían impartido cuando los agentes acudieron a las aulas y les dijeron que ya se habían realizado.
Aquellas críticas del secretario del SPPLB motivaron la denuncia del criminólogo, que ahora ha sido sobreseída tras la petición del propio fiscal, «toda vez que no concurre en el denunciado ánimo alguno de injuriar sino, exclusivamente, el ejercicio del cargo de delegado sindical para el que fue nombrado».
Para González, «las maniobras de acoso y derribo contra el SPPLB por haber denunciado las contrataciones irregulares -incluida la del criminólogo que consta en autos- se van a ir desmontando a medida que la Justicia vaya tomando cartas en los asuntos». Con este archivo de la denuncia por injurias, a su entender, los tribunales «colocan las cosas en su sitio», y González concluye «otros no pueden decir lo mismo», en alusión a la causa judicial por los posibles enchufes.
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