El caso sale a la luz a pocos días de que Navarro tenga que declarar en el juzgado como imputado por el posible amiguismo, el próximo día 5 de marzo, acusado de tráfico de influencias, prevaricación y malversación.
En septiembre del año pasado ya pidieron desde el SPPLB explicaciones al alcalde socialista por esta contratación sin un proceso selectivo público para el programa de atención a menores y jóvenes a quienes se aplican medidas judiciales en medio abierto, cuando este plan cuenta con subvención de la Conselleria de Bienestar Social.
«Nuevamente confluyen varias casualidades en torno a esta contratación, la misma persona que ya fue contratada como trabajadora social para el mismo programa y es la segunda ocasión en la que se contrata a personal con dinero público, dinero de todos, y no consta convocatoria de proceso selectivo público, abierto, transparente y con igualdad de oportunidades para todos», según el portavoz del SPPLB, Francisco Ángel González.
También resulta «llamativo», a ojos del también miembro de la Junta de Personal del Ayuntamiento, que se le pague un finiquito del primer contrato entre septiembre y diciembre de 2013, para a continuación formalizar un segundo para todo este año 2014, antes a tiempo parcial y ahora a jornada completa con, lo que su retribución pasa de 767 euros al mes a 1.535.
«De volver a obtener el silencio como respuesta, el sindicato pondrá los hechos en conocimiento de la autoridad judicial», advirtieron, además de criticar como «lamentable» que «a sabiendas de que las contrataciones están siendo controladas con lupa, no dudan ni un instante en seguir haciendo las cosas de forma irregular».
En la investigación judicial, a raíz de la documentación facilitada por el SPPLB a la Fiscalía, se relacionaban hasta 43 casos de familiares –dos sobrinos del alcalde, entre ellos– afiliados y personas próximas al PSOE supuestamente empleadas en el Ayuntamiento o beneficiadas por un aumento de categoría y sueldo.
Para su defensa jurídica, Navarro también ha recurrido a un abogado externo, hermano de la exconcejal del PSOE benidormense Irene Bajo García, a pesar de que los servicios municipales cuentan con nueve letrados expertos en derecho administrativo, tal como publicó ABC. Su estrategia en la declaración como imputado será achacar a los técnicos cualquier infracción.
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