Un juzgado de Benidorm ha condenado, en una sentencia fechada el pasado 27 de septiembre y a la que ha tenido acceso este periódico, al Ayuntamiento de Benidorm a admitir como trabajadora fija a una empleada que, desde el año 2013, venía realizando su labor como técnico de programación como, según han explicado desde el Sindicato de Policías Locales y Bomberos (Spplb) de la ciudad, el mayoritario en el Consistorio, falsa autónoma.
El secretario local del sindicato, Paco Ángel González, ha explicado a LAS PROVINCIAS, que esta sentencia llega como consecuencia no sólo de la denuncia interpuesta por el Spplb, sino también por la jurisprudencia que emana de una decisión del Tribunal Supremo del año 2018, que establece que se considera como falso autónomo a aquel trabajador que “tiene que acudir a la oficina o lugar de trabajo del cliente diariamente y con un horario fijo, que recibe encargos de trabajo que no puede rechazar, que recibe una retribución determinada de forma unilateral y que no tiene capacidad de decidir sobre la organización del trabajo, ni sobre la carga del mismo”.
González subraya que la dictaminada por la Justicia es “una sentencia pionera porque es la primera que se le gana al ayuntamiento de Benidorm en este ámbito”. Una decisión que implica que a esta trabajadora “se le va a pasar al régimen laboral. La trabajadora no va a perder ningún derecho y como facturaba con IVA, ese IVA está considerado como salario y vamos a solicitar a la Agencia Tributaria su devolución y que luego se le repercuta al Ayuntamiento”.
El máximo responsable del Spplb de Benidorm afirma que “no se puede tolerar que una persona lleve nueve años como autónoma cuando son puestos que se deben cubrir mediante procesos selectivos” y avisa de que “la sentencia es contundente y muy bien argumentada” por lo que, alerta, “hay más autónomos en el Ayuntamiento que ya se han puesto en contacto con nosotros para ver si cumplen los mismos requisitos”.
En cuanto al uso de trabajadores autónomos por parte de la Administración, González afirma que “entiendo que es una solución puntual. Un contrato para un servicio específico. En este caso, se trata de una técnico de programación y entiendo que un año sería un plazo normal antes de que en la oferta de empleo público del año siguiente se pudiera sacar esa plaza”.
El secretario del Spplb insiste en que el en Ayuntamiento de Benidorm “sigue habiendo autónomos en distintas áreas” y avanza que “nosotros estamos dispuestos a ayudar y facilitarles el asesoramiento a todos ellos” porque “no se puede aceptar que en un Ayuntamiento como el de Benidorm se tenga que ir todos los días al juzgado para que se reconozcan los derechos de los trabajadores”.
Y todo ello, como explica Paco Ángel González, supone un gasto económico considerable para las arcas municipales. Algo que, en su opinión, se podría solucionar “si cuando el Ayuntamiento es condenado a pagar los gastos e intereses, para mí siempre innecesarios, habría que dictaminar responsabilidades patrimoniales para que lo pague el que ha sido el causante. Si lo pagara de su bolsillo y no del dinero de todos los ciudadanos… Con todas esas costas judiciales, que son muy caras, se podrían haber hecho muchas cosas para los ciudadanos de Benidorm”.
El representante sindical, además, incide en el hecho de que desde el Consistorio se está abusando de la figura del silencio administrativo, algo que ha llegado, incluso, a provocar una llamada de atención por parte de un juez.
“Antes de acudir al juzgado, cualquier trabajador del Ayuntamiento presenta un escrito por registro y la Administración tiene un plazo de tres meses para contestar. Hace poco se ganó una sentencia por el caso de un trabajador que ejercía funciones de superior categoría y el propio juez se enfadó con el Ayuntamiento y dijo que no se podía utilizar el silencio administrativo cuando todo está más que claro. A mí me daría vergüenza que un juez me diga que no estoy haciendo nada”, explica.
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