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El caso de los 43 enchufes investigados en el Ayuntamiento de Benidorm cuando gobernaba el PSOE en 2010 llega a juicio tras el auto de procedimiento abreviado dictado por el juzgado número 2 del municipio, por los «indicios racionales» de los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Se sentarán en el banquillo dos exconcejales socialistas y seis técnicos municipales, por un perjuicio económico para las arcas públicas de 4,5 millones de euros.
La forma en que se favoreció a personas con «relación familiar o política con el equipo de gobierno», según describe este auto, consistió en aplicar subidas salariales -con el informe contrario del interventor municipal- y en cubrir plazas de trabajo sin justificar.
En consecuencia, se considera que hubo una «irregular política de personal y presupuestaria» con un «delito continuado de tráfico de influencias» y se responsabiliza a ocho acusados.
Están procesados por sus cargos y funciones en aquel momento Carmen Navarro Orts (como jefa de Recursos Humanos), Juan Ramón Martínez Martínez (concejal delegado de Recursos Humanos), Daniel Caneiro Espino (coordinador de Recursos Humanos y jefe de Personal), Natalia Guijarro Martínez (concejal de Recursos Humanos), Julio Fernández Lleras (jefe del departamento de Nóminas), María Dolores Cantó Cerdá (técnica de Relaciones Laborales del departamento de Recursos Humanos), María Matilde Martínez Pérez (jefa de Negociado de Personal) y José Asensio Salamero (funcionario municipal).
Desde el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), que denunció las irregularidades que luego, a su vez, llevó al juzgado el Ministerio Fiscal, han valorado que «queda claro que el político puede tener responsabilidades por firmar resoluciones injustas y ordenar cualquier cosa, pero el funcionario, en definitiva, los técnicos, deben velar por la legalidad, por lo que tienen la misma responsabilidad o mayor».
Además, han puesto de relieve que «un político sin la ayuda de los técnicos no puede cometer este tipo de delitos en una Administración pública, además, la prevaricación administrativa es el peor delito que puede cometer un funcionario».
Según señala el SPPLB, como ejemplo de las colocaciones «a dedo», se constata que «la contratación personal laboral de nuevo ingreso se cifra en 130 nuevos contratos, el personal funcionario de nuevo ingreso se cifra en 13, a pesar de que según la tasa de reposición establecida en la Ley 26/2009, correspondían únicamente 3 nuevos ingresos»
Entre los 43 enchufes bajo investigación en esta causa, están el padre, el marido y el hermano de tres concejales socialistas de aquel momento, y otros beneficiados vinculados a la lista municipal de este partido en las elecciones.
Uno de los casos más escandalosos que se destapó con la denuncia de este sindicato apuntaba al secretario general de UGT en el Ayuntamiento,Daniel Caneiro, uno de los investigados que será juzgado, y que pudo llegar a cobrar más que el alcalde. El SPPLB le acusó públicamente, además, de «prohibir» al departamento de Nóminas que facilitara esa información sobre su sueldo.
También llamó la atención en su día la creación de una plaza de criminólogo, que existe en unas pocas ciudades españolas con más población, pero inusual en municipios de 60.000 habitantes como Benidorm. Todos estos dispendios, en un momento de crisis y austeridad. El volumen de información y la cantidad de beneficiados por los incrementos retributivos de miles de euros hizo que este caso se convirtiera en «causa compleja».
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