La juez del caso de los 43 enchufes de militantes y afines al PSOE en el Ayuntamiento de Benidorm ha desestimado los recursos de reforma presentados por cinco de los ocho investigados -dos concejales y seis técnicos y funcionarios- para evitar in extremis llegar a juicio.
Según el auto al que ha tenido acceso ABC, han intentando que el delito de prevaricación administrativa se considere prescrito por haber transcurrido diez años, pero el plazo empieza a contar desde 2013 aunque las presuntas irregularidades por colocaciones y cobro de pluses de productividad se produjeron en 2010.
Tras ver que no ha prosperado este recurso de reforma, una de las investigadas -Matilde Martínez, representante sindical de CCOO y jefa de negociado de Personal- ha presentado otro de apelación.
El resto que se ha resignado ya a sentarse en el banquillo son el secretario general de UGT, Daniel Caneiro, que según la denuncia del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) y la Fiscalía ejercía como jefe de Personal sin titulacion y recibiendo retribuciones superiores al alcalde (unos 7.000 euros más al año); los jefes de nóminas y contratacion y gestión de la Seguridad Social (Julio Fernández y José Asensio Salamero, a su vez concejal del PSOE en Relleu entonces y en la actualidad); la concejal de Hacienda y Personal Natalia Guijarro.
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