El Ayuntamiento de Benidorm, ahora en manos del Partido Popular, tendrá que afrontar el pago de la indemnización a una funcionaria que sufrió acoso laboral por parte de una exconcejal socialista. La ex regidora fue condenada a una pena de prisión de un año y al pago de la indemnización, pero la insolvencia de la demandada ha provocado que sea el consistorio el que tenga que hacer frente al gasto porque fue señalado en la sentencia como responsable civil subsidiario.

La necesidad de hacer efectivo el pago se refleja en el acta de la Junta de Gobierno Local del pasado 2 de diciembre, a la que ha accedido EsDiarioCV, y en ese documento también se apunta que el Ayuntamiento procederá legalmente contra el letrado y el procurador que ostentaban la representación municipal en ese procedimiento judicial “con el fin de depurar las responsabilidades civiles y penales por negligencia profesional”.

La historia arranca cuando la ex concejala socialista Isabel Martínez fue condenada en 2016 a indemnizar con 35.610 euros a una funcionaria del Ayuntamiento que estaba a sus órdenes por un delito de acoso laboral. La sentencia era firma, pero en el año 2018 el juzgado emitió un auto de insolvencia de la ex edil, que ni siquiera fue impugnado por el Ayuntamiento.

Según aparece en el acta de la Junta de Gobierno Local, Isabel Martínez apenas pagó 418,72 euros de la cantidad total a la que debía hacer frente, un dinero que le fue embargado de la prestación que percibe cada mes por jubilación. Ese auto de insolvencia devino en firme por lo que, tal y como recoge el acta citada, “procede efectuar” por parte del Ayuntamiento “el pago del resto de la indemnización”.

Sin embargo, a la vista de un informe jurídico elaborado por un asesor legal del consistorio, el Ayuntamiento también actuará contra el abogado y el procurador que llevaban la representación del Ayuntamiento. El motivo esgrimido es que “no procedieron a notificar debidamente a este Ayuntamiento ninguna de las diligencias judiciales que se iban produciendo”. Un total de seis notificaciones, según se precisa.

El Ayuntamiento ya sabe que ha de consignar el dinero en la cuenta del Juzgado de lo Penal número 2 de Benidorm “a la mayor brevedad posible” para evitar que la cantidad se incremente en concepto de intereses de demora.

Sin embargo, como se ha dicho, también se procederá contra el letrado y el procurador al entender que ambos incurrieron en “mala praxis” y que mantuvieron una “negligente y dolosa actuación” que ha perjudicado de manera ostensible los intereses del Ayuntamiento “al privarle de reaccionar con todos los medios legales a su alcance”.

Conviene recordar que en su día, noviembre de 2016, la Audiencia consideró probado que la demandada realizó u ordenó una serie de acciones “para vaciar de competencias” a la funcionaria, que ejercía las funciones de coordinadora del departamento de Bienestar Social. Acciones que se llevaron a cabo “de forma continuada y sin justificación laboral”, según la sentencia. Todo ello motivó que la trabajadora sufriera “trastorno de adaptación mixto de ansiedad y humor deprimido”, además de requerir tratamiento médico.