En la mañana del lunes se desplazaban hasta nuestra ciudad unos 30 bomberos del SEPEI, trabajadores de la Diputación de Albacete que han querido protestar, irrumpiendo en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Hellín, ante Ramón García, en calidad de Presidente de la Mesa General de Negociación de la institución provincial.
Los bomberos, encabezados por el representante del representante del sindicato SPPLB de Policías Locales y Bomberos, Manuel García, pedían la dimisión de Ramón García por su “mala gestión”, alegando que se les adeudan varios pagos de nóminas y que se estaban “contratando mediante dedo a algunos de sus amigos”.
Portando pancartas y caretas con la efigie del propio Ramón García, permanecían en el Salón de Plenos durante toda la sesión, y a su finalización realizaban una “representación” en la que uno de los bomberos se hacía pasar por el vicepresidente de la Diputación y era preguntado por su gestión por otro bombero.
Minutos más tarde era el propio Ramón García quien explicaba a los medios su versión, alegando que respetaba las protestas aunque no le parecía que el lugar más adecuado fuera el Ayuntamiento de Hellín. En su opinión, esta protesta se debe a que este sindicato apenas tuvo presencia en las protestas que el colectivo realizaba hace días en la Diputación y desplazándose hasta Hellín habrían querido no quedar al margen de aquella concentración.
Aseguró Ramón García que no son ellos los que deben pedir su dimisión, sino los ciudadanos que lo votaron en Hellín. El vicepresidente de la diputación explicó que es cierto que se adeudan algunas cantidades de los complementos por noches y festivos, alegando que había existido un problema puntual en cuanto al personal del área encargado de dichos pagos y de entrega a tiempo de los partes de hora, pero que se pagaría lo adeudado lo antes posible.
Lo que no se iba a pagar, aseguró, son las pagas que llevan reparo de ilegalidad. Ramón García explicó que los trabajadores de la Diputación tienen un total de 17 pagas, las 12 anuales, 2 pagas extraordinarias, y otras tres de productividad. Son estas pagas las que, explicó, no cumplen con los preceptos legales y la pretensión del equipo de gobierno de la Diputación es regularizar estos importes, que ascienden a 1 millón de euros cada uno. “Son ellos los que no se quieren sentar a negociar un nuevo acuerdo marco y convenio porque saben que podrían perder estas pagas que no son legales”.
En cuanto a la acusación de que se estaban contratando a personas “a dedo”, aseguró que era infundada, explicando que el compromiso del PSOE cuando estaba en la oposición de la institución provincial era devolver el trabajo a los 40 bomberos, trabajadores fijos discontinuos, que fueron despedidos por el anterior gobierno mediante un ERE, y que solo se ha decretado que se vuelva a contratar a estas personas. “El problema es que los bomberos no quieren darles cabida”.
Le extrañaba a Ramón García que precisamente protesten ante el diputado que hasta el momento se ha sentado a negociar y a hablar con ellos, y que lo hagan unos trabajadores que no deberían quejarse trabajando 65 días al año y cobrando un muy buen sueldo.