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El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) criticó ayer la decisión del Ayuntamiento de Callosa de Segura de anular 55 de las 80 sanciones impuestas por los agentes en un fin de semana amparándose en un informe elaborado por el instructor que consideraba que las penalizaciones se multiplicaron con el propósito de «perturbar a la ciudadanía» incurriendo en mala praxis. A este respecto, la agrupación sindical defendió la profesionalidad de los agentes y consideró que desde el gobierno local se ha emprendido una «campaña de desprestigio» hacia su Policía «por motivos políticos». Por ello, anunció que acudirán a los tribunales contra los responsables de esta decisión al considerar que se está cometiendo un presunto delito de prevaricación administrativa.
El secretario provincial del SPPLB, José María Jiménez, valoró que el informe que puso en evidencia la labor de los agentes ha sido realizado por un sindicalista de UGT, «un sindicato que se está ganando a pulso ser el medio habitual que utiliza el equipo de gobierno (PSOE, IU y Somos) para desprestigiar las labores de los policías». Según defendió ayer, los hechos ocurridos el fin de semana del 19 al 21 de junio «se iniciaron a raíz de numerosas quejas verbales y llamadas telefónicas de los vecinos denunciando que los rebajes de discapacitados, así como algunos pasos de peatones, se encontraban ocupados por vehículos». Prosiguió que los agentes «tuvieron que velar por la disciplina de la seguridad vial, denunciando y retirando los vehículos que obstaculizaban el paso de los usuarios, cuyo seguimiento se reiteró en los días y semanas posteriores, observándose una clara disminución de este tipo de infracciones y obteniendo el resultado deseado». El secretario del SPPLB aseguró que a la mayoría de denuncias interpuestas se adjuntó una fotografía en la cual podía verse la infracción cometida.
Movilidad reducida
José María Jiménez argumentó que no se puede alegar que los rebajes de la acera no están señalizados correctamente «cuando la legislación deja muy claro que es una infracción estacionar un vehículo obstaculizando la utilización normal de los pasos para personas con movilidad reducida». Asimismo, defendió que sí es posible interponer sanciones en los casos en los que no se puede identificar al conductor.
«Hay que resaltar que los funcionarios de Policía probaron que las infracciones se habían interpuesto correctamente y es casualmente sólo uno de ellos, el sindicalista de UGT y Jefe de la Unidad de Gestión y Sanciones, el que informa de lo contrario», prosiguió Jiménez. El mismo advirtió que el sindicato, una vez que compruebe que se ha ordenado anular 55 de las 80 multas impuestas, denunciará el caso. «No vamos a permitir que se falta a la profesionalidad y el buen hacer de la Policía local de Callosa».
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