Luis Rubio es alcalde de Villahermosa del Río, un pueblo de 500 habitantes del interior de Castellón, desde el año 1991. En las pasadas elecciones obtuvo el voto del 88% de la población, así que el PP no tiene oposición en su Ayuntamiento. Gracias a este mayoritario apoyo, que se repite desde que gobierna, ha podido homenajear desde su localidad a Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón y ahora preso por corrupción. La plaza principal del pueblo está dedicada a él. Antes, se llamaba plaza de José Antonio.

A pesar de su indisimulado apego al líder provincial anterior, Rubio mantiene una importante responsabilidad en el equipo de gobierno del presidente actual, Javier Moliner. Rubio sigue siendo el diputado delegado del Consorcio Provincial de Bomberos, una entidad vinculada a la Diputación que durante el próximo año manejará un presupuesto de 17 millones de euros, de los cuales 9,2 llegarán de la institución provincial. Desde este puesto, el alcalde de Villahermosa puede contratar obras y servicios que no superen el 5% del presupuesto -si son mayores de este porcentaje, tienen que pasar por la Comisión de Gobierno, que también preside Rubio-, firmar las bases de las convocatorias de nuevas plazas y decidir qué funcionario de carrera presidirá el tribunal calificador.

La agrupación de electores Castelló en Moviment, que ocupa desde el pasado mes de mayo un escaño en la Diputación Provincial, denuncia que bajo el paraguas del Consorcio Provincial de Bomberos se ha contratado a 41 personas afines al PP. De ellos, 34 son alcaldes de este partido o candidatos de las listas municipales en las elecciones municipales del pasado mes de mayo. Los otros nueve son familiares directos o amigos cercanos de importantes cargos públicos.

Según Castelló en Moviment, esta realidad responde al modelo político que puso en práctica Carlos Fabra, resumida en su conocida frase “yo no sé la cantidad de gente que habré colocado”. “Es fácil concluir que la Diputación ha sido el foco principal de estas redes de votos fieles”, declaró la diputada provincial de Castelló en Moviment, Anna Peñalver. eldiariocv.es se ha puesto en contacto con la Diputación de Castellón para recabar su versión sobre este asunto, pero la institución ha preferido no aportarla.

Alcaldes, candidatos y dos cuñadas de Luis Rubio

Las 41 personas vinculadas con el PP están incluidas en alguno de los tres cuerpos principales que integran el dispositivo de emergencias del Consorcio: el de bomberos voluntarios, el de bomberos profesionales y las brigadas de emergencia de la empresa Tragsa, contratada a través de concurso público. En el cuerpo de bomberos profesionales, que son funcionarios y en los que también se incluye el personal de administración y otros servicios, hay trece personas afines al partido, de una plantilla total de 202 trabajadores. Entre ellos están el alcalde de Castillo de Vilamalefa, Diego Gallen Bou, que trabaja en la sede de Castellón del Consorcio. En este mismo lugar trabajan dos cuñadas de Luis Rubio.

En el caso de Tragsa, se trata de una empresa de capital público y tiene sus propias vías de selección. No obstante, el sindicato CGT denuncia que hay una vía por la que la empresa puede seleccionar a personas sin que cumplan los criterios de baremación pactados con los sindicatos. Se trata de la cobertura de bajas por maternidad y prejubilaciones. En la plantilla de Tragsa en la provincia trabajan 20 candidatos o cargos públicos del PP, así como un familiar de uno de los candidatos, de un total de 334 personas empleadas. En las brigadas de Tragsa trabajan, por ejemplo, David Monferrer, alcalde de Llucena del Cid, y Luis Gregori, regidor de Figueroles.

Dudas sobre la contratación de Tragsa

Castelló en Moviment recuerda que el sistema de contratación de Tragsa “ha sido cuestionado en repetidas ocasiones. Los casos más conocidos fueron las contratacioes del yerno del diputado del PP Gabino Puche, de la hija de un exsocio del exministro Arias Cañete (...). En el caso valenciano, Compromís ya denunció en 2013 la contratación de los alcaldes de Xodos y Figueroles y del hijo del alcalde de Atzeneta del Maestrat”. eldiariocv.es se ha puesto en contacto con Tragsa para consultar sobre la abundancia de cargos públicos del PP en su plantilla castellonense, pero la empresa no ha contestado.

En cuanto a los bomberos voluntarios, en principio fueron concebidos como un servicio altruista de la población, y por tanto no tienen derecho a retribución por su trabajo. Sin embargo, según fuentes internas del Consorcio, sí reciben una remuneración por hora en concepto de indemnización. La vía para entrar en este cuerpo es mucho más laxa que en el caso del personal funcionario. Deben cumplir unos requisitos de edad y residencia, pasar una entrevista personal y superar un curso de formación. Entre los bomberos voluntarios está Jordi Lucena, alcalde de Fuentes de Ayódar.