Les Corts ha aprobado hoy, con los votos a favor del PSPV, Compromís y Podem, la abstención del PP y en contra de Ciudadanos, la Ley de coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana, que pretende dar respuesta a los nuevos retos de la sociedad y a los nuevos paradigmas de seguridad pública.
La norma, a la que también han votado en contra los cuatro exdiputados de Ciudadanos, trata de acabar con la inestabilidad laboral existente con procesos de consolidación del empleo temporal de los internos y obliga a reservar un 30 por ciento de plazas para mujeres hasta que se consiga una composición equilibrada.
El PSPV, Compromís y Podem han defendido la importancia de esta ley y su apuesta por la igualdad dentro del cuerpo y por la estabilidad laboral de los agentes, al poner solución a la precariedad de los interinos, al tiempo que han asegurado que la norma ha sido ampliamente consensuada.
Desde el PP y Ciudadanos se ha criticado la falta de participación en su elaboración; han afirmado que la norma no soluciona los problemas de este cuerpo, y han acusado al Consell de haber "engañado y traicionado" a los interinos por haberles prometido que "consolidarían a personas".
La ley impulsa el Observatorio de Seguridad de la Comunitat Valenciana, crea la figura del asociacionismo de municipios para prestar servicios de policía local y contempla los convenios de colaboración entre municipios para la prestación puntual de servicios.
Impulsa el IVASPE como centro de capacitación de policías locales; regula la figura del funcionario en prácticas mientras realiza el curso de formación del IVASPE, y sienta las bases para construir un futuro cuerpo de policía autonómica aprovechando la experiencia de la coordinación de los cuerpos de policía local.
La popular Verónica Marcos (PP) ha considerado que la ley lleva "el inconfundible sello del tripartito: propaganda, postureo, promesas de cara a la galería y creación de falsas expectativas", en este caso, a los agentes de policía local, a quienes, según ha denunciado, "han intentado engañar".
El diputado de Ciudadanos Antonio Subiela ha criticado que la ley, además de no haber sido consensuada ni dialogada, establece "más burocracia" y "más obstáculos a los jóvenes" para acceder a este cuerpo, e impone "un modelo de policía autonómica" sin ningún debate previo.
Ambos han coincidido en denunciar "el engaño" a los interinos y la introducción de un curso obligatorio para presentarse a la oposición de Policía Local, lo que para Subiela "es absurdo e injusto", mientras que Marcos se ha preguntado si "tratan de hacer negocio con las oposiciones".
La socialista Ana Barceló (PSPV) ha defendido que la ley da respuesta a la precariedad laboral y a los interinos, a quienes se han explicado todos los cambios introducidos, así como a la jubilación anticipada que prevé el Gobierno, al tiempo que promueve acciones positivas para favorecer la incorporación de la mujer.
Francisco García (Compromís), por su parte, ha afirmado que la norma no crea una policía autonómica sino que sienta las bases para poder usar como base de este futuro cuerpo a los agentes de policía local, pues "son los mejor preparados porque conocen el territorio y a la gente" que vive en él.
Cristina Cabedo (Podem) ha afirmado que el Consell Jurídic Consultiu "dijo que no se pueden consolidar personas sino plazas" y por ello se ha introducido ese cambio en la ley "para que los interinos puedan consolidar sus plazas" sin que la norma pueda ser bloqueada en el Tribunal Constitucional.
El Sindicato de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) se ha concentrado para protestar contra una ley que a su juicio "solo beneficia a unos pocos y perjudica a muchísimos policías locales" en los alrededores de Les Corts, donde han mostrado una pancarta con la frase "por una ley para todos, no solo para ´algunos´".
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