El Sindicato de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) de Alicante y un trabajador municipal han recurrido el nombramiento de dos intendentes de Policía Local (uno raso y otro principal) que la Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 10 de febrero. Se trata de dos plazas, correspondientes a la oferta de empleo público de 2010, que se cubren en calidad de «funcionarios en prácticas» y a las que se ha accedido mediante concurso.

El problema que han detectado los recurrentes es que ha habido «problemas de forma y fondo» en los procesos de selección. En un caso, la persona escogidas por la Concejalía de Recursos Humanos «no dispone de la titulación reglada para poder optar a este puestos», e incluso la ha utilizado de manera reiterada para ir ascendiendo por el organigrama municipal. En el otro el sindicato considera que hay una «irregularidad» en las bases del concurso.

Estos nombramientos llaman también la atención porque, tal como publicó EL MUNDO, el Ayuntamiento dispone de dos intendentes de Policía Local, con rangos muy similares a los que ahora se cubren, completamente apartados de cualquier gestión municipal. El intendente jefe Luis Gómez acudió a un acto público a principios de febrero, después de seis años desaparecido; el consistorio lo colocaba cada ejercicio en el capítulo «formación» de la plantilla de la Policía Local, junto con otro agente.

El SPPLB denunció que Gómez no realizaba «ninguna función» para la Policía Local, entre otras cosas porque el edificio de la academia que debía estar construido en 2010 ni siquiera se ha empezado.

El otro intendente apartado es Carlos Cormenzana. Este agente recibió la orden de elaborar un plan de formación, en el que estuvo trabajando un año. Después llegó a la conclusión de que la tarea que se le había encomendado era «imposible» con los recursos que el Ayuntamiento había dispuesto para ello, por lo que pidió al jefe de la Policía Local de Alicante, José María Conesa, que le diese «funciones acordes a su cargo». Desde entonces espera un destino.

En su reunión con el SPPLB, el alcalde de Alicante,Miguel Valor, aseguró que ya se había ordenado la reincorporación de estos dos trabajadores, aunque en el sindicato se mostraron «prudentes» hasta «ver que realmente se ha hecho algo». «Estamos hartos de promesas, sobre todo a las puertas de las elecciones. Sólo en el caso de estos dos intendentes, el equipo de Gobierno se ha gastado durante años más de 130.000 euros anuales en sueldos que podían haberse destinado a necesidades básicas del cuerpo, como las revisiones de material».

Fuentes de EU acusaron al equipo de Gobierno de «no garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad» en los concursos públicos de personal municipal, e indicaron que, en el caso de los jefes de Policía, «es evidente que los nombramientos se producen por una afiliación reconocida al PP». De hecho, uno de los trabajadores que se ha promocionado salió en un reportaje de La Sexta acompañado de la ex alcaldesa Sonia Castedo, y con una tarjeta identificadora del PP colgando del cuello.

La política de Recursos Humanos, gestionada por el también concejal de Seguridad Juan Seva, ha sido una constante fuente de conflicto en los últimos años. UGT denunció un caso similar al de la Policía Local en el área de bomberos, en el que se colocó un jefe de servicio que no contaba con la formación adecuada. En su informe sobre el control económico del Ayuntamiento en el año 2011, la Sindicatura de Cuentas acusaba al consistorio de no realizar adecuadamente las contrataciones de personal. Y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana aprovechó una sentencia contra el Ayuntamiento para subrayar su «absoluto desprecio a la legalidad más ordinaria» al ocupar reiteradamente jefatura mediante el sistema de adscripción provisional.

Pese a esto, Seva mantiene a siete trabajadores interinos en puestos de responsabilidad, algo considerado «ilegal» por los sindicatos. Finalmente, el concejal acumula una sentencia en contra por haber puenteado a la Junta de Gobierno y haber degradado en 2012 a un interventor municipal que ponía reparos a sus gestiones económicas. En su lugar colocó a un trabajador (el antiguo tesorero) que no es habilitado nacional, por lo que lleva en funciones dos años.

El portavoz de UPyD, Fernando Llopis, pedirá en el pleno del próximo viernes la reprobación de Seva por su gestión de personal. Además, Llopis recordó que el consistorio alicantino lleva sin regular su plantilla desde 1998.