La policía como es sabido no tiene derecho a la huelga y además son intimidados cuando hay conflictos laborales.
¡¡ QUE FÁCIL LE DAN LA VUELTA A LA TORTILLA!!
Lasprovincias.es
Más multas como medida de presión. El Ayuntamiento de Puçol acusó ayer a los agentes de la Policía Local de iniciar «una huelga a la japonesa con la intención de echarnos encima a la ciudadanía».
La polémica se hizo pública ayer tras el resultado final de unas negociaciones fallidas entre diferentes miembros del consistorio y los tres sindicatos de la Policía Local (UGT, CC.OO. y SPPLB). El ayuntamiento quiso tomar cartas en el asunto «por las quejas de los vecinos ante el aumento significativo de multas y, sobre todo, por el trato recibido por parte de algunos agentes». El consistorio citó a diez efectivos, que «habían multiplicado la media de denuncias en el último año» y a los cuales «les recordamos el tipo de policía que queremos en nuestro pueblo y que si no son capaces de desarrollar su trabajo con profesionalidad, que no se lo piensen y que pidan, por comisión de servicio, otro pueblo».
La corporación apunta a un motivo para esta supuesta acción reivindicativa del cuerpo policial. «Para 2016, el actual gobierno de Puçol aprobó por unanimidad realizar un horario de 8x6, el cual supone que los agentes realicen de diez a quince jornadas más al año, y el cual se negaron a aprobar dos de los tres sindicatos». En esta línea, desde la corporación recordaron que «los ciudadanos tenemos la obligación de cumplir las leyes y las normas, pero los agentes de la Policía Local también tienen la obligación de administrar la flexibilidad de la ley». Además, manifestaron que estos agentes «son policías locales, ni son policías nacionales, ni agentes de la guardia civil» y aseveraron que «no vamos a permitir que utilicen las denuncias para presionarnos y conseguir todo lo que piden». En algunos casos, los agentes habían «cuadriplicado o multiplicado por seis» las multas y uno de los agentes «las había multiplicado por diez».
Conflicto con los vecinos
Al otro lado del embrollo, el representante sindical, Juan Miguel Calomarde, acusó al ayuntamiento de llevar a cabo un «tribunal político de la inquisición que interrogó de uno en uno a policías locales con la finalidad de disuadirles en sus funciones de imponer sanciones de tráfico, además de invitarles a muchos de ellos para que se vayan a otro ayuntamiento en comisión de servicios». Asimismo, advirtió que, «de seguir con estas malas formas de gestión» y «presiones», la situación podría ser constitutiva «de un presunto delito de intimidación y amenazas en el desarrollo de la función publica».
Por su parte, Manuel Sánchez, representante del Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB), explicó que «el aumento de las multas y de todos los demás servicios que realiza la Policía Local es consecuencia del incremento de los agentes en las calles» y aseguró que «el ayuntamiento no puede pedir explicaciones a los agentes por multas que están bien puestas».
Asimismo, Sánchez lamentó que «con estas actuaciones el gobierno local esta generando un conflicto entre los ciudadanos y la Policía Local, que hace cada vez más difícil la labor de los agentes», y que, en realidad, es «una forma de tapar su mala gestión y su falta de experiencia».
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