El concejal de Limpieza Viaria de Benidorm y exresponsable de Personal, Juan Ramón Martínez, se escudó ayer en los «informes técnicos» al declarar en el juzgado en el «Caso Enchufes» a pesar de que el interventor municipal exhortó a parar las contrataciones por sus «irregularidades». Con todo, admitió que a raíz de una de estas advertencias sí «se tomó la decisión» de no renovar al personal para las playas e instalaciones deportivas.
En su comparecencia en calidad de testigo y ausente el alcalde, Agustín Navarro, que aplazó su declaración por encontrarse ayer en la feria de turismo Fitur, Martínez –que fue concejal de Personal de 2009 a 2011– defendió ante la juez que estos contratos se hicieron «por necesidad» y «siempre» amparados en «la legalidad». Algunos, como ha publicado ABC, se firmaron para dar clases de «funky» y baile moderno por parte de la hija de la secretaria particular de Navarro, entre cerca de medio centenar de supuestos «enchufes» investigados.
El alcalde socialista está imputado a raíz de una denuncia del Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB) que hizo suya la Fiscalía por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. «Tenemos plena confianza en la Justicia y solo esperamos que trabajen jueces y fiscales para aclarar este asunto», manifestaron ayer desde el SPPLB.
A su salida, Martínez incidió en que «este sindicato solo ha denunciado un proceso de promoción interna de los 16 o 20 que se hicieron» y que beneficiaron a alrededor de un centenar de funcionarios. Entre ellos, había «simpatizantes del PSOE», pero «también» del «PP, de IU» y «seguro que había funcionarios apolíticos que llevan 30 años en la casa».
Argumentó también que estos ascensos se hicieron para regular la plantilla tras cinco sentencias, y rescató su teoría del «complot» del PP «para cargarse de un plumazo al candidato del PSOE», Agustín Navarro.
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