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El ministerio público remite al juzgado más de medio centenar de contrataciones realizadas entre 2010 y 2011 al hallar indicios de delito - La investigación a Agustín Navarro tiene su origen en una denuncia del SPPLB
La Fiscalía ha remitido al juzgado una denuncia contra el alcalde de Benidorm, el socialista Agustín Navarro, por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias, vinculados a la masiva contratación o pago de productividades a familiares propios, de miembros de su equipo de gobierno o afines al PSPV, entre los años 2010 y 2011. Los contratos y el pago de los pluses contaron con el informe desfavorable del Interventor.
El ministerio público, según han confirmado a este periódico fuentes oficiales de la Fiscalía de Área de Benidorm, observa «indicios de delitos» y ha trasladado los hechos al juzgado para que abra una investigación.
Agustín Navarro accedió al cargo de regidor en septiembre de 2009 en virtud de una moción censura, con el concurso de un exedil tránsfuga del PP, que acabó con casi dos décadas de gobierno local conservador.
La actuación de la Fiscalía se produce a raíz de una denuncia del Sindicato Profesional de Policías y Bomberos de la Comunidad Valenciana (SPPLB). La organización adjunta más de medio centenar de contrataciones y productividades supuestamente ilegales y cifra el alcance económico a las arcas municipales en 4,5 millones de euros, de acuerdo con los datos recogidos en el plan de ajuste de 2012.
La resolución de la Fiscalía fue adoptada a finales de septiembre y, según las mencionadas fuentes, el caso se encuentra en la fase de reparto en los juzgados de Benidorm.
El SPPLB presentó la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia de Alicante el 22 de febrero. La organización dirigió su escrito contra el alcalde de Benidorm por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Cuatro días más tarde, el fiscal jefe, Juan Carlos López Coig, ordenó el oportuno expediente gubernativo y su traslado a la Fiscalía de Área de Benidorm, al haber ocurrido los hechos en esta demarcación territorial. Tras la fase de investigación, el destacamento de Benidorm ha decidido trasladar el caso al juzgado para que se investiguen al hallar indicios de delito.
El sindicato incorporó un escrito donde relata las supuestas ilegalidades en materia de contratación, detalla el perfil y afiliación de los beneficiados y el modo de acceso al puesto y sus complementos. La denuncia se completa con una serie de documentos oficiales (la mayoría decretos de Alcaldía y actas municipales) como base de su acusación. En este último apartado, destacan tres informes del interventor municipal desfavorables a las contrataciones realizadas por Navarro.
El sindicato señala que «desde hace tiempo, la política de personal y presupuestaria del alcalde del señalado Ayuntamiento, resulta manifiestamente irregular, motivando que se hayan denunciado numerosos procedimientos selectivos presuntamente irregulares, decretos de productividades desorbitadas de 1.000, 900 y 800 euros, así como la adscripción indiscriminada a puestos públicos de personal que forma o ha formado parte de la ejecutiva local del PSOE, con afinidad político-familiar al partido, y familiares directos de concejales del equipo de gobierno».
«Todas estas situaciones ponen de manifiesto la desviada utilización de los recursos y caudales públicos, para fines que nada parecen tener que ver con los intereses generales, pasando por encima de las necesidades del municipio, en aras de beneficiar a un grupo de personas allegadas o muy cercanas a los cargos públicos que tienen en su mano la toma de decisiones en el Ayuntamiento de Benidorm, todo ello con conocimiento, participación directa o indirecta, y consentimiento, por ser el responsable del Ayuntamiento de Benidorm, y de la utilización de sus recursos, del alcalde», concluye
La denuncia pone el acento en la primera mesa general de negociación para la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2010. Según el escrito, el presidente de la reunión, el concejal socialista Juan Ramón Martínez, propuso una subida salarial a aquellos empleados que tenían una retribución más baja y, «además, según manifestaciones verbales del propio concejal, esa subida contaba con el visto bueno del interventor municipal». La propuesta fue aprobada, pero «posteriormente se pudo saber que el Interventor había emitido un informe en contra». La denuncia incluye ese dictamen desfavorable. «Queda constatado que el contenido del informe de intervención era conocido por el equipo de gobierno (ya que es el destinatario del mismo), sin embargo, y aún siendo conocedores de este informe negativo, la RPT fue aprobada por el pleno».El sindicato señala que el motivo real del informe en contra del interventor a la RPT fue que las plazas y los incrementos salariales que se pretendían aprobar, suponían un aumento de la masa salarial superior la máxima autorizada. Además de este informe, el interventor emitió otros dos en contra. En uno afirmó: «Todo indica que en los expedientes relativos a la contratación de personal o a sus condiciones de trabajo y remuneraciones habría existido un generalizado incumplimiento de las normas básicas».
La denuncia del SPPLB contra el alcalde de Benidorm distribuye en tres grandes bloques las supuestas irregularidades en materia de contratación: aumento no justificado de personal laboral temporal, contrataciones de familiares o afines políticos y pago indiscriminado de productividades. No obstante, el escrito comienza resaltando la contratación por parte del Ayuntamiento de un criminólogo (único caso en España) sin «justificar ni su urgencia ni su necesidad».
En el primer apartado, la denuncia resalta que de los 15 puestos de inspectores de playas y 10 de peones vigilantes de instalaciones deportivas que constaban en la RPT, se pasó a 23 en el primer grupo y a 20 en el segundo.
En otro bloque, señala que, como consecuencia del desarrollo de la RPT, se convocó la cobertura de ciertas plazas por el sistema de concurso-oposición, que por distintas circunstancias fueron anuladas por los tribunales. «Este dato pude parecer irrelevante, pero alcanza su verdadera importancia por el hecho de que siempre han sido las mismas personas las que han conseguido dichas plazas, siendo personas que presentan una estrecha relación política y familiar con el equipo gobierno». A continuación, desvela la identidad de los 24 beneficiados. La lista incluye padres, esposas, esposos, parejas y hermanos, primos e hijos de concejales, exconcejales, sindicalistas de UGT y familiares de éstos y miembros de la ejecutiva local del PSPV, así como parientes directos de los mismos.
El listado de las productividades reproduce la afinidad familiar y política de los beneficiarios. En este capítulo de «productividades desorbitadas que por decreto, sin criterios de aplicación que consten, concedió el alcalde a personas allegadas», según señala textualmente la denuncia, se incluye el nombre de 15 otras personas.
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