El magistrado del juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm ha aplazado la declaración como imputado por un supuesto delito de prevaricación administrativa del ya ex alcalde de la ciudad, el socialista Agustín Navarro, que estaba prevista para hoy a raíz de la ampliación de denuncia presentada por el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB).
En su denuncia inicial, el sindicato acusaba al alcalde de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos a cuenta de una serie de contrataciones de personal de los años 2010 y 2011, de las que se habrían beneficiado algunos afines al PSPV-PSOE.
En la ampliación, el SPPLB ha incluido otras cuestiones, como el sueldo percibido indebidamente por Navarro durante más de un año y que el ex alcalde ha apuntado que devolvió antes de dejar el cargo.
Según Navarro, el juez ha aplazado esta declaración por varios motivos, entre ellos porque "tomó posesión hace unos pocos días" y no ha podido leer toda la documentación de este procedimiento, que es "muy voluminosa".
Además, al parecer "no estaban oficialmente citadas" las dos testigos pedidas por el SPPLB, la ex edil de Recursos Humanos Natalia Guijarro y la concejal de Liberales de Benidorm (LiBE) Gema Amor, y también faltaba alguna documentación "que pidió la Fiscalía".
Navarro ha adelantado que su defensa va a solicitar "muchas" más testificales y que la intención del juez es que éstas, en caso de ser aceptadas, "se concentren" y se hagan con poco tiempo de diferencia para no retrasar más este procedimiento.
Aunque no ha adelantado qué testigos se van a solicitar, el ex alcalde ha hablado de técnicos del ayuntamiento -por ejemplo de los departamentos de RRHH o Intervención-, incluso de "beneficiarios de esas contrataciones".
A su salida del juzgado, Navarro ha señalado que aunque entiende la decisión tomada por el juez, este nuevo aplazamiento le supone un "perjuicio" a nivel "personal y profesional".
Así, ha argumentado que "todo el mundo relaciona la palabra ´imputado´ con "corrupción" -cuando la suya es "una prevaricación administrativa"- y que ya lleva dos años en esta situación procesal.
Tras asegurar que "las cosas se hicieron bien" en esas contrataciones, el ex alcalde ha recordado que ha sido investigado tres veces por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Guardia Civil (UDEF) y que todas ellas ha concluido que está "limpio como una patena".
Por último, ha afirmado que algunas de las cuestiones puestas en duda por el SPPLB e incorporadas en la ampliación de denuncia ya han sido avaladas por los tribunales.
Fuentes jurídicas han señalado que, tras el aplazamiento, Navarro podría ser citado a declarar "en septiembre, octubre o incluso, noviembre".
La situación judicial del ya ex alcalde de Benidorm, el socialista Agustín Navarro, imputado por un presunto delito de “prevaricación administrativa”, seguirá siendo la misma durante varios meses más. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm ha aplazado la declaración de Navarro prevista para este jueves y que respondía a la ampliación de denuncia hecha por el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB).
Navarro a su salida del Palacio de Justicia tras aplazarse su declaración. FOTO: Miquel Benítez
Una denuncia que tiene que ver con una serie de contrataciones de personal -“masivas”, según el sindicato- hechas por el Ayuntamiento en los años 2010 y 2011. Según el SPPLB, entre los beneficiarios de esas contrataciones había personas afines al PSOE y familiares de algunos dirigentes. Los socialistas mantienen, por su parte, que entre los contratados también había ciudadanos cercanos al PP o a otras formaciones políticas y siempre han subrayado que estas contrataciones se hicieron por razones de “necesidad”, puesto que Benidorm precisaba guardaplayas o vigilantes de instalaciones deportivas.
Aunque en la denuncia inicial el sindicato acusaba al alcalde de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, el procedimiento abierto por el Juzgado de Instrucción número 2 sólo contempla la prevaricación. Y de carácter “administrativo”, según ha reiterado este jueves el propio Navarro a su salida del juzgado.
En esta ocasión, el ex alcalde debía contestar al juez sobre la ampliación de la denuncia hecha por el sindicato, en la que se había incluido cuestiones como el sueldo percibido de más al no aplicarse a rajatabla el acuerdo del pleno en el que se rebajó su retribución. Navarro, que explicó en su momento que los técnicos no sabían cómo aplicar esa reducción, ha asegurado que ya ha devuelto íntegramente los algo más de 41.000 euros.
Sin embargo, Navarro no ha podido responder a las preguntas del magistrado porque éste ha decidido dejar la declaración para más adelante, puesto que hace pocos días que se puso al frente del juzgado y le ha sido imposible estudiar toda la documentación de este procedimiento, que es “muy voluminosa”, según ha apuntado el ex alcalde.
Además, otras dos cuestiones han motivado este aplazamiento. De un lado, que ni la ex edil de Recursos Humanos, Natalia Guijarro, ni la líder liberal, Gema Amor, habían sido citadas oficialmente a declarar como testigos, a pesar de que el Juzgado había accedido a la petición del SPPLB. Y de otro, que todavía falta por recabar una documentación de la Intervención del Estado y de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Guardia Civil (UDEF) que pidió la Fiscalía. La misma UDEF que ya ha investigado “tres veces” a Navarro, para acabar concluyendo que “estoy limpio como una patena”, ha apuntado el ex alcalde.
A la espera de la nueva citación, que según fuentes jurídicas podría retrasarse incluso hasta noviembre, la defensa de Navarro va a pedir “muchas” testificales, para que se llame a declarar en calidad de testigos a técnicos municipales e incluso a algunos de los beneficiarios de las contrataciones denunciadas por el SPPLB. El ex alcalde ha señalado que la intención del juez, el tercero que asume este caso, es que estas testificales puedan “concentrarse”, y se hagan más o menos seguidas para no alargar el procedimiento.
Varios aplazamientos y con la Diputación en juego
El procedimiento iniciado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm después de que la Fiscalía remitiera la denuncia presentada por el SPPLB contra Navarro dura ya dos años. En este tiempo el ex alcalde ya ha declarado una vez ante el juez, al igual que lo hizo como testigo el que fuera concejal de Recursos Humanos entre septiembre de 2009 y mayo de 2011, Juan Ramón Martínez. Ambos respondieron entonces por la denuncia inicial del sindicato, mientras que ahora Navarro tenía que hacerlo por la famosa ampliación, en la que según el ex alcalde se han incluido cuestiones puestas en duda por el SPPLB y que ya han sido avaladas por los tribunales.
En principio, la declaración de Navarro estaba prevista para el 16 de abril. Sin embargo, su abogado pidió que se retrasa esta citación. Básicamente porque esa comparecencia iba a producirse en plena precampaña electoral y estaba “asegurado” el uso “electoralista y político” del paso del candidato del PSOE por el juzgado. Además, faltaba parte de la documentación pedida por la Fiscalía, al parecer la misma que sigue pendiente.
La entonces juez del caso aceptó esta petición y Navarro salvó así la foto en los juzgado en plena precampaña. El problema es que la citación frustrada de este jueves ha llegado en un momento en el que su nombre suena como diputado provincial por la Marina Baixa, e incluso como posible candidato del PSPV a presidir la institución provincial en caso de que Ciudadanos (C’s) vete la investidura del popular José Císcar. Y lógicamente el hecho de no haber podido declarar ahora va a provocar que Navarro siga varios meses como imputado, aunque sea por “una cuestión administrativa” y “no por corrupción”.
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