Retoma el caso con la declaración de trabajadores después de que el SPPLB ampliase la denuncia

Navarro justificó las contrataciones bajo sospecha y tildó la denuncia de política


La causa contra el ex alcalde socialista de Benidorm y actual diputado provincial, Agustín Navarro, por la contratación supuestamente irregular de unos cuarenta trabajadores municipales próximos al PSPV entre 2010 y 2011 se amplía ahora con nuevas declaraciones. En dos autos conocidos este viernes, el titular del juzgado de instrucción número 2 de Benidorm acuerda la citación de otros doce empleados municipales para que comparezcan en calidad de testigos. Los doce deberán acudir al Palacio de Justicia el próximo 20 de noviembre.

Entre los nuevos testigos, figuran el intendente de la Policía Local, el coordinador de Deportes, técnicos del departamento de Personal y de otros departamentos e incluso una administrativa del Área de Alcaldía.

Los hechos que se investigan tienen que ver con presuntas irregularidades en materia de gastos de Personal y contrataciones de personal laboral y funcionarial en el ayuntamiento benidormí. Asimismo se denunciaron otras cuestiones relacionadas con el informe de fiscalización del departamento de Intervención que ponía de manifiesto, entre otros asuntos, que no se había respetado el límite de gastos en Personal, que no se habían respetado los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en determinados contratos o que se había evitado la fiscalización previa de las nóminas por parte de Intervención.

Hasta el momento están imputados el ex alcalde y todavía edil Agustín Navarro, el ex concejal de Personal Juan Ramón Martínez y la jefa de Recursos Humanos por presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa en su modalidad de nombramientos ilegales, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

En esta misma causa también tendrán que declarar como testigos el interventor municipal, el ex secretario del Ayuntamiento, la ex concejala de Hacienda, Natalia Guijarro y la todavía edil de Liberales de Benidorm, Gema Amor, que desde agosto de 2012 hasta febrero de 2015 fue la primera teniente de alcalde tras el pacto de gobierno alcanzado con Navarro.

Además de las nuevas citaciones, el juez ha ordenado que le sea remitida numerosa documentación relativa al departamento de Personal, de los técnicos que prestan servicios en este departamento e, incluso, certificación de quienes han desempeñado el puesto de jefe municipal de Recursos Humanos en los últimos 28 años en el ayuntamiento.

La nueva ronda de declaraciones se produce después de que se aplazase una segunda comparecencia del ex primer edil, prevista para junio, tras la ampliación de la denuncia presentada por el sindicato SPPLB por la contratación de más empleados supuestamente afines al gobierno de Navarro o al PSOE.

En su primera declaración, en marzo de 2014, el ex alcalde sostuvo que todas las contrataciones bajo sospecha estaban justificadas y acusó al sindicato que denunció los hechos de acudir a la vía penal, en lugar de a la contencioso-administrativa, por «cuestiones políticas».

En esta línea, señaló que tanto los contratos como los complementos de productividad investigados se incluyeron en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2010, aprobada por la mesa de negociación (en la que está representado el SPPLB) y por el pleno. Además, añadió que el sindicato no presentó el alegaciones ni ningún recurso y esperó tres años para acudir directamente a la vía penal.