El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha aceptado a trámite una denuncia interpuesta por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) contra la convocatoria de 75 jefaturas que el equipo de Gobierno (PP) quiere ocupar mediante el sistema de libre designación. En un escrito al que ha tenido acceso EL MUNDO, la sección 2 de la Sala de lo Contencioso-administrativo da un plazo de nueve días al consistorio para que le entregue el expediente administrativo donde se detalla la propuesta, que pasó por Junta de Gobierno en octubre de 2013.
El sindicato explica que el Ayuntamiento de Alicante ha estado ocupando estas plazas mediante la «adscripción provisional», un fórmula considerada «legal pero irregular» cuando se convierte en el sistema de provisión habitual de puestos de trabajo en una Administración pública. Pese a esto, el edil de Recursos Humanos, Juan Seva, lo lleva haciendo desde hace años.
Esta forma de colocar a los jefes de los funcionarios también ha llamado la atención del TSJ, quien ya acusó a Alicante de «desprecio absoluto de los mandatos constitucionales y de la legalidad ordinaria» después de condenarle a readmitir al jefe de la legalidad urbanística de la ciudad en 2007. Y remataba: «El Ayuntamiento ha convertido la adscripción provisional en el sistema ordinario de provisión de puestos de trabajo, con la afectación que ello supone al mérito y capacidad a que debe responder la provisión de los puestos de trabajo en la función pública, la estabilidad en el desempeño de los mismos y la carrera profesional del apelante».
¿Qué hizo entonces el consistorio? Intentar regularizar la mayor parte de estas plazas. En octubre de 2013 la Junta de Gobierno Local sacó a concurso 80 puestos mediante el sistema de libre designación, la mayor parte de ellos (75) jefaturas. La Ley contempla la posibilidad de hacerlo mediante un sistema de méritos, pero el PP consideró adecuado que todos -sin excepción- se eligiesen a dedo.
El SPPLB considera que esta decisión «vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad» y permite «a la Administración elegir a amigos en lugar de funcionarios». De hecho, existe jurisprudencia que ha tumbado concursos similares de otras administraciones (como uno del Principado de Asturias, según denuncian desde UGT).
El sindicato de bomberos y policías explica que el problema en estos casos «es, más que el nombramiento, el cese», porque si el cargo se ocupa de manera política y no en función de unos criterios objetivos y computables «lo normal es que un cambio de corporación sustituya a los anteriores responsables». Sin embargo, la Ley exige que estos ceses se hagan de manera motivada, por lo que «es posible que se incurra en irregularidades». «Y lo más importante: da una sensación de arbitrariedad impropia de una Administración pública
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