La Comisión de Investigación que la Diputación de Albacete creó para la revisión de la Oferta Pública de Empleo del año 2009
ha concluido que gran parte de los procedimientos de selección, que se desarrollaron del 2011 en adelante “han estado lastrados por la falta de respeto a los requisitos básicos o principios rectores del acceso al empleo público… resultando un fiel y meritorio escenario del clientelismo político y social que tanto daño está haciendo a las instituciones públicas y a su imagen frente a la ciudadanía”.
Ésta es una de las supuestas irregularidades que pone de manifiesto el Informe de Acuerdos, Conclusiones y Recomendaciones de la Comisión, cuyo dictamen se hacía público en la mañana de este martes en el transcurso del Pleno Extraordinario que la institución provincial convocó a tal efecto y que fue aprobado con los votos a favor de PSOE, Ganemos-IU y Ciudadanos y el voto en contra del PP. En él, se hacía también público que la Diputación se personará como acusación particular en cualquier proceso penal que pueda reabrirse o plantearse de nuevas a la luz de la documentación existente, que se va a poner de disposición de cualquier interesado.
La creación de esta Comisión Especial fue aprobada en el Pleno de agosto de 2015 y ha venido trabajando hasta junio de 2016, conociéndose ahora las conclusiones de la misma. Entre ellas, se encuentra la de la existencia de un supuesto modus operandi “que ha dado como resultado un presunto trato de favor en algo tan grave como la obtención de puestos de trabajo en la administración pública de forma irregular, con el consiguiente perjuicio a todas las personas, que con gran esfuerzo económico, de tiempo y sacrificio personal y familiar, han visto frustrado o vulnerado los principios de igualdad, mérito y capacidad”.
Dice la Comisión que, además, hay un “plus de gravedad, ya que existen personas que han perdido su puesto de trabajo como interinos y que fueron despedidos de forma intencionada, para posteriormente volver a contratar a otras personas consideradas afines, incluidas en las bolsas de sustituciones resultantes de la oposición, en los mismos puestos que antes ocupaban los interinos despedidos”.
“Y dado que los principios básicos que regulan el acceso al cargo público han sido en gran parte menospreciados, descuidados e incluso esquivados en algunos procedimientos selectivos, no ha quedado garantizado dicho acceso a las funciones y empleos públicos, con pleno respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad”, lamenta la Comisión, que asegura haber constatado “que se han producido modificaciones en algunas Bases respecto a convocatorias anteriores para las mismas plazas” de tal forma que “podría considerarse que, presuntamente, se estaban adecuando las bases a unos determinados perfiles de unos determinados aspirantes”.
En las conclusiones, se califica como no “adecuado” introducir en las bases “variables que serán posteriormente resueltas a juicio del Tribunal, y más cuando esas variables fueron propuestas por quien más tarde ocuparía la Presidencia de dicho Tribunal”; y “reprobable” “que se exija en la convocatoria estar en posesión de titulaciones accesorias o irrelevantes para el desempeño de la plaza, cuando se tiene la sospecha que las mismas solo las poseen unos determinados aspirantes”.
“También censuramos el criterio de exigir requisitos de acceso que resultan innecesarios para desarrollar el trabajo del puesto al que se opta”, expone el informe, que considera que estos hechos “pudieron favorecer a unos determinados aspirantes sobre otros”.
Asimismo, se asegura que en alguno de los procesos “se establecieron temarios inadecuados a la especialidad que se seleccionaba y que no se ofreció a los aspirantes bibliografía de referencia para la preparación de las pruebas”; y que “ha quedado acreditada que en algunas bases existió cierta indefinición sobre la materia a incluir en las pruebas prácticas”.
El informe reseña que las bases elaboradas, objeto de estas conclusiones, “fueron propuestas en su momento por el equipo de Gobierno del Partido Popular”.
Composición de los Tribunales. Respecto a la composición de los tribunales la informe recuerda que el nombramiento de muchos de los componentes de los Tribunales dio lugar a varios escritos de recusación e impugnación por parte de los sindicatos, que no se ha cumplido la paridad de género en su composición y que la “propuesta discrecional de los nombramientos ha podido producir una imagen de falta de neutralidad alarmante, que van desde el predominio de nombramientos de personas ligadas de alguna forma a un determinado sindicato, hasta presencia de las mismas personas en varios procesos diferentes”.
En este aspecto, la Comisión “ha observado una falta de especialización técnica en alguno de los miembros que formaron parte de ciertos tribunales”, que “la composición de los Tribunales tampoco ha sido plural, dándose además la circunstancia de que en su composición se repite frecuentemente la presencia de las mismas personas”, o que han existido casos “en los que quien es hoy aspirante en un determinado proceso selectivo en el que resulta seleccionado, mañana forma parte de otro Tribunal Calificador, en el que, curiosamente, resulta seleccionada una persona, o alguien allegado a la misma que formó parte de su Tribunal Calificador, ofreciendo una imagen de devolución, o cadena de favores”.
“Se permitió por acción, por omisión o por desconocimiento, que figurasen, como personal colaborador de un determinado Tribunal de un proceso selectivo, funcionarios con familiares que opositaban al mismo”, expone el texto, que considera “igualmente contraproducente” que hayan existido casos en los que “son los propios compañeros los que examinan a trabajadores interinos y más cuando se trata de una oposición libre”.
La Comisión se ha reunido en 36 ocasiones, se han analizado 32 procesos selectivos diferentes incluidos todos ellos en la Oferta Pública de Empleo del año 2009, de los que dos fueron suspendidos por orden judicial y tres quedaron desiertos; se ha contado con el testimonio de 14 personas entre miembros de Tribunales y opositores, además de conocer y estudiar varios informes, tanto escritos como verbales, de técnicos de la propia Diputación Provincial y de la Universidad de Castilla-la Mancha. Se han aprobado por unanimidad 33 recomendaciones tendentes a mejorar el sistema de selección de personal de la Diputación y 53 conclusiones repartidas en seis apartados diferentes, éstas ya sin unanimidad.
El documento final de Acuerdos, Recomendaciones y Conclusiones, quedó aprobado con los votos favorables de los representantes en la Comisión de los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y SPPLB; los grupos políticos de Ciudadanos, Ganemos-IU y PSOE y con los votos en contra de CSIF y Partido Popular.
El PP defiende la legalidad y transparencia de los procesos selectivos
El viceportavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial de Albacete, Constantino Berruga, ha defendido en todo momento la actuación del equipo de gobierno del PP en la legislatura 2011-15 en relación al desarrollo de la oferta pública de empleo de 2009, y ha manifestado durante el Pleno celebrado hoy que “todo el proceso está avalado por el contenido de 27 sentencias judiciales que confirman que todo fue ajustado a Derecho”.
Berruga defendió una actuación limpia y transparente en los 12 de 32 procesos selectivos puestos en tela de juicio por la comisión de investigación que ha presentado hoy el dictamen en el Pleno extraordinario de la Diputación, y ha señalado que “todo está basado en sospechas y suposiciones de una serie de aspirantes, sin que se haga referencia a las sentencias judiciales que han dado la razón al anterior equipo de gobierno, así como al informe de Estadística de la Universidad de Castilla-La Mancha que no ha encontrado nada llamativo al respecto”.
El viceportavoz del Grupo Popular sí reconoció que los procesos son susceptibles de mejora porque todo evoluciona para ganar en transparencia, y por ello ha votado favorablemente sobre varias de las 33 recomendaciones que recoge el dictamen de la comisión de investigación, pero ha explicado que la composición de los tribunales de las oposiciones están presididos por funcionarios que son jefes de Servicio y por tanto no se puede dudar de la legalidad de los mismos, como tampoco de las bases que no fueron recurridas en ningún momento”.
“De todo lo que pone en duda la comisión de investigación, en la que se han buscado posibles irregularidades por tierra, mar y aire, ya está juzgado y sentenciado, y por tanto desmonta una por una todas las elucubraciones que se han ido plasmando en este documento”, concluye Constantino Berruga.
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