Los sindicatos y la oposición ya habían dado la voz de alarma: la Policía Local de Valencia no dispone de todos los medios necesarios para realizar su trabajo adecuadamente. Sus quejas, sin embargo, colisionaban frontalmente con la versión ofrecida por el equipo de Gobierno municipal, desde donde se insistía en que los agentes disponían de la tecnología más puntera para su desempeño.
Ahora, sindicatos y oposición se han encontrado con un aliado inesperado, la Fiscalía General del Estado. En la memoria que se presentó a Felipe VI tras escuchar las sugerencias de los fiscales valencianos, el ministerio público denuncia que la tercera ciudad de España no cuenta con dispositivos para detectar el consumo de sustancias estupefacientes.
Según este documento, la Fiscalía ha detectado un "tímido inicio de esfuerzo inversor por parte de algunos ayuntamientos en la compra de dispositivos indiciarios de análisis salivales", pues se ha constatado que "Policías Locales de algunas ciudades de la importancia de Madrid o Valencia, carecen de ellos".
La nueva ley de seguridad vial castiga con sanciones administrativas de 1.000 euros la mera presencia de drogas en el organismo del conductor. La forma de verificar que un conductor ha ingerido drogas es una prueba salival con un dispositivo autorizado que en Valencia, por ejemplo, aún es muy limitado pese a que es la Policía Local la que tiene competencias en el ámbito urbano. Todos estos aspectos se incluyeron porque la anterior norma había generado muchos problemas con los jueces y el Ministerio de Interior se comprometió a sacar a las drogas de las carreteras.
Pero Fiscalía mantiene que los agentes "recurren episódicamente a instancias de la Fiscalía a los reconocimientos médicos y análisis clínicos" cuya utilización "queda reducida a supuestos indiciarios claros de consumo y presencia de signos externos" y no de forma generalizada. Según la memoria, en España el año pasado sólo se tramitaron como diligencias penales 6 positivos, lo que supone menos del 1% (0,29%).
Esta versión coincide con la del sindicato mayoritario en la Policía Local de Valencia, el SPPLB, desde donde se confirmó que sólo se puede recurrir a la prueba de consumo de estupefacientes cuando se ha producido un accidente y es necesaria la presencia del juez. "Necesitamos que un forense certifique la presencia de drogas en el organismo pero sólo lo podemos reclamar en casos justificados y no para controles rutinarios. Es decir, que no se previene sino que se actúa cuando ya no hay más solución", aseguró el portavoz del sindicato, Jesús Santos.
Pese al tirón de orejas, los fiscales destacan el grupo de trabajo integrado con los agentes locales valencianos para reforzar la unificación de criterios en el ámbito urbano y evitar una persecución desigual de los delitos viales.
En julio, la concejala de EU en el Ayuntamiento, Rosa Albert, criticó que la "dejadez y pasividad" del equipo de Gobierno ha llevado a que la Policía Local no cuente "ni con la formación necesaria ni con el material" para aplicar la nueva Ley 6/2014 sobre Tráfico. Según dijo Albert, el concejal de Seguridad, Miguel Domínguez, le respondió por escrito que está prevista la realización de dos cursos de formación en la Academia del Cuerpo de Policía "para la correcta realización de los controles que se necesita, aparte del instrumental técnico, la preparación y formación del personal de atestados y no todos tienen hecho el curso para la correcta detección de dichas drogas y estupefacientes".
Fuentes sindicales, sin embargo, incidieron en que muchos agentes ya conocen el protocolo y están preparados para usar los dispositivos de detección de estupefacientes, ya que realizaron cursillos de manera individual.
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