También deberá indemnizar a la trabajadora con 35.610,96 euros
La Audiencia Provincial de Alicante ha ratificado la condena de un año de prisión a una exconcejal socialista del Ayuntamiento de Benidorm por acoso laboral a una funcionaria. Así se recoge en la sentencia a la que ha tenido acceso este diario, según la cual, la Sección Segunda de la Audiencia considera como hechos probados que la exedil Isabel Martínez, antigua responsable de Bienestar Social, «desde septiembre de 2009 de forma continuada y sin justificación laboral, realizó u ordenó realizar una serie de acciones y tomó una serie de decisiones que afectaban directamente» a la coordinadora de este departamento «en el ámbito profesional de ésta, desde reducir o anular injustificadamente la capacidad decisoria que le competía por razón del cargo hasta incluso ser apartada de la dirección y coordinación de los centros sociales».
Igualmente, la sentencia contempla que, como consecuencia de estos hechos, la funcionaria «sufrió lesiones consistentes en el transtorno de adaptación mixto de ansiedad y humor deprimido, necesitando para curar sus secuelas, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico posterior, consistente en terapia psicológica, curando en 710 días, 276 de los cuales estuvo impedida para sus ocupaciones habituales».
El fallo de la Audiencia, desestima la apelación de Isable Martínez y corrobora punto por punto los argumentos ya recogidos en la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Benidorm, que condenó a la exedil a un año de prisión y a indemnizar a la trabajadora con 35.610,96 euros, más los intereses legales, por las lesiones padecidas por la trabajadora a raíz de estos hechos.
El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) del Ayuntamiento de Benidorm, en el que está afiliada la trabajadora afectada y del que es representante electa, ha dado cuenta hoy del fallo de la Audiencia y se ha congratulado de que la Audiencia haya ratificado la condena.
Asimismo, su portavoz, Francisco Ángel González, ha afirmado que este caso de moobing «sin precedentes en este Ayuntamiento, supuso una horrible pesadilla para nuestra compañera y una actuación impropia de un gobierno democrático, que solamente perseguía el vaciado total de competencias y funciones de la que era y es la funcionaria con mayor responsabilidad en el Área, con un solo y claro objetivo, apártala porque molestaba y suponía un obstáculo para sus pretensiones».
El sindicato SPPLB reclama que María Isabel Martínez -condenada también a un año de prisión- pague de su bolsillo la indemnización
El Ayuntamiento de Benidorm tendrá que indemnizar con 35.610 euros a una funcionaria por acoso laboral de una concejal de la anterior etapa socialista en el gobierno local, María Isabel Martínez. Al conocerse la sentencia ratificada en segunda instancia, el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB), al que está afiliada la citada trabajadora, ha instado al actual equipo municipal, del PP, a tomar las medidas para que sea la condenada por acoso quien abone este dinero de su bolsillo.
«Los ciudadanos de Benidorm y las arcas municipales no tienen porque pagar las maniobras de acoso, linchamientos, cacerías y hostigamientos que efectuaron contra una trabajadora», han subrayado desde el sindicato.
La Audiencia Provincial de Alicante ha rechazado el recurso de apelación que había interpuesto la acosadora -tras ser ya considerada culpable por un juzgado- y ha confirmado la condena a un año de prisión, contra la que no caben más recursos.
Se considera probado que la entonces concejal tomó decisiones que afectaron a la empleada municipal «y que abarcaban desde reducir o anular injustificadamente la capacidad decisoria que le competía hasta ser apartada de la dirección y coordinación de los centros sociales».
Francisco Ángel González, secretario general del sindicato, ha recordado que su compañera «sufrió lesiones, necesitó asistencia facultativa y estuvo impedida durante un año para desempeñar sus funciones» y ha enfatizado que «es un caso de acoso laboral a una trabajadora que condenamos enérgicamente».
Aquel episodio «supuso una enorme pesadilla para nuestra compañera y una actuación impropia de un gobierno democrático con el único objetivo de apartarla de su puesto», ha añadido. A su entender, la única finalidad que perseguía la concejal era «apartala porque molestaba y suponía un obstáculo para sus pretensiones».
El SPPLB han lamentado que el PSOE «tenga que recurrir constantemente a estas maniobras de acoso y derribo contra el Sindicato Profesional y todo lo que le rodea, por haber denunciado ante la Fiscalía Provincial las contrataciones irregulares», en alusión a que ejercen la acusación particular, «ahora mas férreamente, si cabe, en la investigación judicial de los supuestos casos de enchufismo»
El recurso de apelación ha sido desestimado en todos sus extremos y se condena a la Ex-concejala Socialista a un año de prisión y a indemnizar a la Trabajadora con 35.610,96 €.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, a través de la SENTENCIA Nº 00471/2016, contra la que no cabe recurso alguno, ha confirmado en todo sus extremos la que dictó el Juzgado de lo Penal nº 2 de Benidorm que condenaba a la Ex- Concejala Socialista de Bienestar Social, Isabel M. P., que formó parte del Equipo de Gobierno del actual Diputado Provincial D. Agustín Navarro (Hoy Investigado por la trama de los enchufes), por un delito de Acoso Laboral sobre la Coordinadora del Departamento de Bienestar Social, afiliada y representante electa del SPPLB.
La Audiencia Provincial ratifica como hechos probados que la acusada, desde Septiembre de 2009 (Moción de censura), de forma continuada y sin justificación laboral, ordenó una serie de acciones y tomó parte en una serie de decisiones que afectaban directamente a la Coordinadora de Bienestar Social en su ámbito profesional. Acciones y decisiones que abarcaban desde reducir o anular injustificadamente la capacidad decisoria que le competía por razón del cargo, hasta incluso ser apartada de la dirección y Coordinación de los Centros Sociales. Como consecuencia de estos hechos, la Coordinadora de Bienestar Social sufrió una serie de lesiones para las que necesitó asistencia facultativa, tratamiento médico e incluso estuvo impedida casi un año para poder desempeñar sus ocupaciones habituales.
La funcionaria afectada, Coordinadora de Servicios Sociales, fue trasladada a otras dependencias por orden del Ex- Concejal de RR.HH, D. Juan Ramón Martínez, siendo desalojada del despacho que ocupaba en la Concejalía y trasladada a otro Centro Social donde se encontró con un despacho que no reunía los elementos y herramientas necesarias para posibilitar el correcto y completo desempeño de sus funciones y tareas profesionales, en concreto, se le había habilitado especialmente para ella una mesita y cuatro sillas infantiles para pasar su jornada laboral. “ El descenso de categoría de la empleada se concretó por la vía de los hechos, con vaciado total de competencias, de todo a nada, sin despacho, sentada en una silla de niño escolar junto a la mesa del Director de ese centro social, sin acceso a herramientas electrónicas, ni biblioteca, ni expedientes, ni historiales. Le cortó toda comunicación con el resto de Funcionarias que habían sido sus subordinadas”.
Este caso de moobing, en el que ha actuado ejerciendo la acusación particular la letrada Dña. Cecilia Morote, fue desvelado en su momento por el SPPLB, quien denunció públicamente la conducta impropia de la Ex concejala contra su afiliada y representante electa. Según el Secretario Local, Francisco A. González: “lo que sucedió en el Ayuntamiento de Benidorm y más concretamente en el despacho de la funcionaria Coordinadora del Área, afiliada y Representante electa del Sindicato Profesional, supuso una horrible pesadilla para nuestra compañera y una actuación impropia de un gobierno democrático que solamente perseguía el vaciado total de competencias y funciones de la que era y es la funcionaria con mayor responsabilidad en el Área, con un solo y claro objetivo, apártala porque molestaba y suponía un obstáculo para sus pretensiones”.
La Justicia es justa y, por todo ello, la Audiencia Provincial ha desestimado, en todos sus extremos, el recurso de apelación, ratificando el fallo y condenando a la Ex-concejal Socialista a un año de prisión y al Ayuntamiento de Benidorm (Como responsable civil subsidiario) a indemnizar a la representante del SPPLB por las lesiones sufridas con 35.610,96 €. En este sentido, se hace constar que en caso de que el Ayuntamiento abone la totalidad o parte de la indemnización, éste podrá proceder a su repetición contra la condenada. Desde el SPPLB, se ha exigido al Ayuntamiento de Benidorm que dicte las órdenes oportunas para que la Ex-concejala socialista condenada, devuelva la totalidad de la cantidad a las arcas municipales. “Los ciudadanos de Benidorm y las arcas municipales no tienen porque pagar las maniobras de acoso, linchamientos, cacerías y hostigamientos que efectuaron contra una trabajadora”.
Para terminar, desde el SPPLB, han lamentado que un partido político Socialista y Obrero tenga que recurrir constantemente a estas maniobras de acoso y derribo contra el Sindicato Profesional y todo lo que le rodea, por haber denunciado ante la Fiscalía Provincial las contrataciones irregulares. “Sin embargo, aquí seguimos y seguiremos confiando en la Justicia, defendiendo los intereses de todos los empleados municipales, ejerciendo la acusación particular, ahora mas férreamente, si cabe, en el caso de los supuestos casos de enchufismo aunque para ello tengamos que aguantar las manipulaciones e injusticias provenientes de los que lo tienen todo perdido”. Apostilló González.
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