el alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, ha visto cómo le reprendían en los juzgados y en varias instancias del Estado por sus contrataciones presuntamente fraudulentas –que ahora se investigan por la vía penal– desde que llegó al poder.
El primer varapalo judicial se lo llevó en 2010, cuando el juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Alicante anuló el contrato de nada menos que su coordinador de Recursos Humanos, Daniel Caneiro (número 15 de la candidatura del PSPV en 2007). Fue a raíz de una demanda presentada por el sindicato CSIF, y denuncias del Sindicato de Policías Locales y Bomberos (SPPLB) por presuntas irregularidades en un centenar de colocaciones sospechosas de «enchufismo» a allegados y simpatizantes socialistas. El proceso de contratación de Caneiro se había decretado por la vía de la promoción interna a favor del también responsable local de UGT.
Las bases de las convocatorias para estos contratos se tuvieron que redactar tres veces por otras tantas sentencias favorables a ambos sindicatos.
La también socialista Encarna Llinares, a la sazón subdelegada del Gobierno en Alicante, abrió un «expediente administrativo» sobre las prácticas de «enchufismo» denunciadas en el Ayuntamiento benidormense por el SPPLB y el CSIF. En este caso, se había amliado la plantilla municipal con 56 nuevas plazas y se incrementó el gasto con una mejora de sueldos. Pero Llinares –antigua compañera de Navarro cuando estaban en la oposición municipal– descartó interponer recurso para respetar el «principio de autonomía local» alegando que se trata ba de medidas «excepcionales». No obstante, sí aplicó mano dura en otros municipios gobernados por el PP como Polop, y su antecesora (también del PSOE) hizo lo propio en Orihuela, Denia y El Campello.
El interventor municipal apercibió en aquel momento en un informe de que habría problemas para pagar las nóminas de los funcionarios y, un año después, la concejal de Hacienda y Recursos Humanos, Natalia Guijarro, optó por un duro recorte de la plantilla, que incluyó la retirada del complemento de producitivdad en algunos departamentos y 160 despidos, entre prejubilaciones forzosas, extinciones de contratos temporales y otros.
La segunda sentencia contraria partió del juzgado de lo contencioso número 2 de Alicante contra el nombramiento de siete cargos creados «a medida» que beneficiaron a militantes del PSOE, sindicalistas de UGT e incluso algunos familiares del equipo de gobierno. Eso no arredró a Agustín Navarro, que burló el fallo judicial vía decreto al nombrar a los mismos funcionarios afines a su partido, si bien los hizo interinos con el mismo sueldo que tenían asignado hasta ese momento mientras convocaba un nuevo concurso para adjudicar las plazas.
En el verano de 2012, Navarro firmó 26 decretos de Alcaldía para asignar nuevos complementos de productividad a otros tantos cargos de confianza y funcionarios afines a su partido que representaron un gasto de 126.000 euros más al año. Aquellos pluses superaban los 500 euros de tope estipulados por el plan de ajuste aprobado por el Ayuntamiento. En algún caso, alcanzaban los 840 euros al mes.
A principios de este año, el interventor municipal volvió a disparar las alarmas, al constatar en otro informe que el Ayuntamiento no cumplía «el principio de sostenibilidad financiera». La deuda a 31 de diciembre de 2013 suponía el 122,8% de los ingresos liquidados en el ejercicio anterior, un porcentaje por encima del máximo legal. Esto obligó al alcalde a reducir a la mitad el número de los asesores de los grupos políticos, sobre todo, los suyos y de su socio de gobierno, ya que de los 23 cargos de confianza con que contaba en ese momento, 15 estaban adscritos al PSPV, otros seis a los liberales de Gema Amor y tan solo dos al PP –cuando este partido tiene 11 concejales en el Consistorio, frente a 10 socialistas y tres liberales–.
Desde ayer, la declaración patrimonial de los concejales benidormenses se puede consultar en la web municipal, un ejercicio que Navarro destacó por la «transparencia» que denota. El alcalde aseguró asimismo que su ayuntamiento ha pasado del 30% a más de 90% de transparencia en un año, dentro de la clasificación de municipios según este criterio.
En su caso, la información revela que ya ha devuelto 20.417 euros de los 41.290 que percibió indebidamente entre mayo de 2012 y enero de 2014 al no aplicarse el el acuerdo plenario de reducción de sueldo.
Y sus , ya que además de abonar entre 1.000 y 3.000 euros mensualmente para saldar esta deuda «inesperada», también adquirió justo hace ahora un año una casa en la urbanización Partida Foia Conill (La Nucía) por un importe de 150.000 euros. Esta compra está financiada con un préstamo hipotecario de 120.000 euros con La Caixa y los 30.000 euros restantes mediante «préstamos personales y ahorros familiares», según consta en su declaración.
Navarro también posee un piso en propiedad de 72 metros cuadrados en la céntrica calle Marqués de Comillas de Benidorm. Y figura en esta información pública como concejal como dueño de dos vehículos: un BMW 316 y un BMW X3, adquiridos en 2002 y en 2008, respectivamente. Con unos ingresos brutos en 2013 de 74.177 euros, al alcalde le salió su última declaración de la renta negativa y Hacienda le devolvió 1.042 euros.
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