El 31 de diciembre de 2019 es la fecha límite. A partir de ese momento las plantillas de la Policía Local en la Comunitat no podrán tener agentes interinos de acuerdo con una reciente sentencia del Tribuna Supremo. De esta forma y según los sindicatos, unas 1.500 personas se pueden quedar en la calle con la consiguiente repercusión en la plantillas de los municipios que no van a tener ni tiempo ni medios para convocar procesos de oposición para cubrir las vacantes.
En localidades como Alfara o Pedralba el 90% de la plantilla está compuesto por agentes interinos con lo que de un día para otro el ayuntamiento se quedará prácticamente sin efectivos. Según cálculos del Sindicato Profesional de la Policía Local y Bomberos (SPPLB), el 70% de los municipios de la Comunitat Valenciana, es decir cerca de 380, se verán afectados.
Los sindicatos critican que el nuevo decreto del Consell agravará la situación
No sólo los pequeños municipios, donde el peso de los interinos en las plantillas es más importante por la menos capacidad económica de los ayuntamientos, se verán afectados por la eliminación de los agentes que no son funcionarios en diciembre. También las grandes poblaciones sufrirán una merma considerable en sus efectivos.
En Valencia, explicaron desde los sindicatos, un centenar de plazas están ocupadas en estos momentos por agentes interinos. En Cullera son unos quince sobre una plantilla de 60 agentes. En Sueca y Favara la situación es más grave, ya que los policías sin plaza suponen la mayor parte del cuerpo policial.
La situación se complica aún más tras la decisión del Gobierno de autorizar que los policías locales se jubilen a los 60 años lo que ha contribuido a aumentar las vacantes. El problema, según explican las fuentes consultadas, es que mientras las plantillas se han ido adelgazando no se han puesto los medios para volver a completarlas
Para colmo, explicaron fuentes sindicales, la situación en la Comunitat se ha agravado con el decreto aprobado el pasado 12 de julio por el Consell en el que se regula el acceso al cuerpo y que ha indignado a los sindicatos al considerar que vulnera la legalidad y dificulta cubrir las vacantes que se han producido en las plantillas.
La eliminación de los interinos a final de año supone un riesgo para los municipios valencianos más pequeños y que tienen menor capacidad económica. La seguridad de muchos de ellos podrá verse afectada por la fuerte disminución de plantillas que experimentarán si no se diseñan soluciones para cubrir estas vacantes.
Ante ello, fuentes sindicales señalan que los ayuntamientos pueden verse abocados a tomar otras medidas para poder garantizar la seguridad de los vecinos y de algunas instalaciones municipales. En este sentido, señalaron el recurso a la seguridad privada para ejercer alguna de estas funciones.
Desde el Consell se insiste en que la problemática tiene su origen en los gobiernos del PP. Recuerdan que fue la ley aprobada en 1999 la que posibilitó la figura del interino que se encuentra en la base de la problemática actual.
En esta línea, indicaron que la competencia es estrictamente municipal y que son los ayuntamientos los que tienen que convocar las plazas. Recordaron que la figura del agente interino ha tenido una especial importancia en la Comunitat Valencia, mientras que es prácticamente inexistente en otras autonomías. Criticaron que los ayuntamientos tendrían que haber afrontado de otra forma las exigencias creadas por la masiva llegada de turistas durante el verano en lugar de proceder a la contratación de interinos para completar las plantillas de la policía local.
Insistieron en que con la nueva normativa, la ley aprobada en diciembre de 2017, y los decretos que la desarrollan están poniendo las bases para normalizar la situación en los próximos años.
Tanto CSIF como SPPLB han anunciado su intención de acudir a los tribunales. Desde el CSIF criticaron que la falta de un desarrollo reglamentario de este decreto deja en situación de indefensión a muchos municipios. Así, las localidades que tuvieran convocada una oposición para este año no podrán celebrarla si no han aprobado ya las bases y no podrán cubrir los puestos vacantes de las plantillas.
La obligatoriedad de realizar un curso de 700 horas ha soliviantado a los representantes sindicales de los agentes. Denunciaron, en este sentido, que cualquier aspirante al cuerpo tiene que hacerlo sin la garantía de obtener una plaza al terminarlo. Señalaron que tienen que permanecer varios meses en Cheste, sede del Ivaspe, para poder realizarlo con el desembolso económico que supone.
Denuncian que la nuevanormativa dificulta a los municipios convocar las oposiciones
Además, advirtieron de que el Consell puede estar vulnerando la legalidad con este curso, ya que implicaría una limitación de los requisitos de acceso a la función pública que ya están recogidos en la legislación estatal.
Desde el SPPLB han acusado a José María Ángel, director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, de estar «destrozando» la Policía Local en apenas cuatro años.
Para los sindicatos policiales la actuación de la Generalitat está dificultando que se puedan cubrir las plazas vacantes. Han propuesto como solución un concurso de méritos que se podría convocar antes del próximo diciembre y evitar así la pérdida de más de 1.500 agentes de policía local.
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