Esculturas descabezadas, papeleras rotas, bancos llenos de graffitis, plantas o incluso tuberías y váteres arrancados. Cuando el Ayuntamiento de Alicante empezó a instalar cámaras de vigilancia en los parques, en 2009, lo hizo para intentar frenar el deterioro de estos espacios públicos con los que los gamberros se cebaban especialmente. “El objetivo es inhibir a los vándalos, abortar sus acciones y en todo caso identificar a los autores de estas tropelías”, explicaba en agosto de 2010 Andrés Llorens, edil de Atención Urbana. Desde entonces, 50 cámaras vigilan los parques y el vandalismo no ha aumentado, sino que ha ido bajando, en parte debido al efecto disuasorio de las cámaras, según el Ayuntamiento. Sin embargo, y paradójicamente, tres años después, el primer y más destacado eslabón para garantizar la eficacia en el plano de la seguridad ciudadana del sistema, o sea, la Policía Local, no tiene acceso a los ficheros informáticos de las videocámaras y desconoce el uso y destino final de las imágenes grabadas.

El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos de la Comunidad Valenciana presentó el 25 de noviembre de 2011 un escrito ante registro general del Ayuntamiento dirigido a la concejalía de Atención Urbana solicitando información sobre la instalación, mantenimiento, uso y destino final de las imágenes grabadas. Medio año después, el sindicato no ha tenido respuesta.

En su escrito, el sindicato policial solicitaba datos sobre la existencia de carteles en todas las zonas públicas donde se instaló el sistema avisando a los ciudadanos del mismo, la fecha de inicio del contrato y si durante el tiempo que lleva en funcionamiento ha sido inspeccionado por el funcionario municipal encargado de la seguridad privada y contratas.

El vandalismo que sufre Alicante, lejos de ser un fenómeno organizado, es una acumulación de acciones individuales que protagonizan principalmente jóvenes y que en muchas ocasiones guarda una estrecha relación con el alcohol, explican fuentes municipales. El peor momento se vivió en 2009 cuando parques como Lo Morant o Monte Tossal eran destrozados con asiduidad. El Ayuntamiento paga de media cada año entre 300.000 euros y 400.000 euros para reparar daños.

El área de Atención Urbana, en cualquier caso, defiende que cuanto antes se repare el desperfecto ocasionado, “más se respeta”. Por ello, se trata de reaccionar con rapidez ante la detección o la denuncia de cualquier acto vandálico en un parque de cualquier punto de una ciudad de servicios muy volcada al turismo. Uno de los actos vandálicos que indignó más en los meses en los que se decidió la instalación de cámaras fue el que dañó la fuente del Niño Flautista, la más emblemática de Canalejas, que fue mutilada al arrancarle el niño que da nombre al monumento en 2010, tras haber sido restaurado un año antes.

En su denuncia, el sindicato policial mantiene que los únicos datos públicos que han trascendido hasta el momento del proyecto “son que en los parques de la Ereta y El Palmeral funciona cámaras, captan imágenes en tiempo real a través de pantalla y, a su vez, están presuntamente grabándose imágenes en un equipo informático”. “Si bien los agentes de policía desconocen en caso de existir algún tipo de infracción, como poder acceder al rescate de datos y el tiempo que disponen para ello (cuando se llena el disco duro se borra el contenido y se vuelve a empezar otra vez de nuevo la grabación)”, añade.

Fuentes de la Concejalía de Atención Urbana, por su parte, aseguran que las imágenes no se ceden por motivos de seguridad. Estas fuentes, en cualquier caso, agregan que si la policía necesita una imagen concreta para intentar esclarecer algún acto vandálico no debe haber ningún problema en que ésta sea entregada. Y puntualizan también que todas las grabaciones de los distintos parques de la ciudad son destruidas finalmente.

Por otra parte, el sindicato asegura también que en parque de Monte Tossal, el agente encargado de la vigilancia de la zona no encuentra “lugar alguno donde se ubique el visionado y grabación de las imágenes”. Y en el parque de Lo Morant el agente de policía señala que desde hace un año “dejaron de funcionar las imágenes de la pantalla y el ordenador y, a pesar de advertir reiteradamente la incidencia, no se subsana la anomalía, pese a estar contratado el mantenimiento del sistema de videovigilancia”.

Ante el silencio del concejal Llorens, el sindicato reclamó la misma información a la concejalía de Seguridad, que dirige el edil Juan Seva. Este departamento municipal sí ha contestado a la petición. En la respuesta corrobora la tesis del sindicato, es decir, que la Policía Local está excluida del control de los ficheros informáticos de las videocámaras. Esta área también admite las deficiencias de las cámaras del parque Lo Morant al reconocer que ha instado a la concejalía de Atención Urbana a que subsane las deficiencias mencionadas.

La cuantía del contrato, según datos facilitados por sindicato extraídos de la Junta Local del 26 de diciembre de 2006, es la siguiente: 313.068,40 euros para los ejercicios entre noviembre y octubre de 2009 y 2010; 30.325 euros para los dos últimos meses de 20011; 181.952 euros para 2012; y de 151.627 euros para 2013. El sindicato también preguntaba a qué obedecía la sustancial rebaja del precio de la contrata de los primeros dos años a los dos últimos.

Esta variación del presupuesto se explica, según fuentes municipales, en que en los datos del primer año estaría incluido el coste de la instalación de la infraestructura en los distintos parques de la ciudad. Cuando Llorens ofreció, en agosto de 2010, una rueda de prensa para explicar el proyecto de videovigilancia contra el vandalismo en Alicante detalló que el presupuesto inicial era de 40.000 euros. En aquel momento, en cualquier caso, ya estaban instaladas las primeras cámaras en el parque de la Ereta y en la ladera del Castillo de Santa Bárbara, dos de los parques más visitados por los turistas que llegan a la ciudad.