La Policía Local de Valencia llegó a tener en 2009 un total de 1.699 funcionarios adscritos entre agentes y mandos. Esa cifra ha bajado a 1.565 funcionarios en la actualidad, mientras que los servicios se han multiplicado con las tareas habituales, otras que se han agravado y las nuevas que incorporan las futuras ordenanzas, como la de Movilidad con el control de los patinetes o el reglamento de la EMT con la prohibición de fumar en las paradas.
También suben las peticiones de los barrios. La presidenta de la Federación de Vecinos, María José Broseta, señala que es indispensable un refuerzo en la policía de barrio, agentes que patrullan a pie en un modelo del gobierno anterior que se ha ido reduciendo por los recortes en la plantilla. «Está claro que la Policía Local no puede estar en todos los sitios, pero falta personal», dice.
La vocal vecinal de Seguridad Ciudadana, Carmen Berlanga, apunta que las quejas se han multiplicado porque «tenemos un Ayuntamiento incómodo con la Policía Local», para señalar que muchas de las reclamaciones «se ignoran y de eso tenemos constancia. Además, hay concejalías que no colaboran nada como es el caso de Movilidad o Bienestar Social porque de eso nos hemos dado cuenta en las reuniones de Ciutat Vella y el Cabanyal, por ejemplo».
Botellón, manteros, atascos de tráfico y otros problemas crónicos en los barrios siguen sin resolverse, mientras se agravan los más recientes, como las denuncias por los apartamentos turísticos, el paso de ciclistas por las aceras o la saturación de terrazas de bares en las calles.
«Si los concejales respetaran las denuncias que les entrega la Policía Local, otro gallo nos cantaría. A los policías no podemos hacerles ninguna descalificación, sino todo lo contrario», señala la dirigente vecinal, quien insiste en que la gente «es consciente de su esfuerzo, pero en el Ayuntamiento no se dan cuenta en cuestiones como las mesas y sillas de los bares, donde queda mucho por hacer de otros servicios».
«Si cobraran por objetivos, ganarían mucho más», ironiza al opinar sobre las nuevas infracciones previstas en la ordenanza de Movilidad y el reglamento de la EMT. «Sólo falta que se pongan a medir la velocidad de los patinetes», consideró. La postura de la Federación de Vecinos, como es conocido, pasa por la prohibición de estos vehículos y las bicicletas no sólo en las aceras, sino también en las calles peatonales, como una manera de facilitar el paso de los viandantes y por añadidura, agilizar el trabajo de los agentes.
La concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, coincide en que la plantilla es corta, lo que achaca a la falta de oposiciones desde hace más de una década. Recuerda que hay dos procesos en marcha para incorporar a 70 agentes y que la Policía Local «responde a todos los servicios, no está desbordada y buena prueba de ello es que asume muchas competencias impropias que no les corresponde sin ninguna oposición».
Una amenaza añadida es el decreto del Gobierno pendiente de aprobar para adelantar la jubilación de estos funcionarios municipales a los 59 años, siempre como una opción voluntaria. Este ejercicio se jubilarán 32 personas, pero el próximo año podrán hacerlo 227, una vez que la legislación salga del Consejo de Estado y sea aprobada por el Consejo de Ministros.
Menguzzato afirma que desde hace años se está hablando de este decreto, que no se ha llegado a materializar. «En todo caso, los ayuntamientos tenemos el compromiso del Gobierno de que cuando eso ocurra, los procesos de oposición serán más rápidos para reponer funcionarios. No puede ser lo que ocurre ahora, con siete pruebas y después cuatro meses de formación», apunta.
El Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos tiene una visión más pesimista. «Se producirá el colapso del servicio de policía a partir del año próximo como consecuencia de la situación de desmantelamiento progresivo en la que se encuentra la plantilla, donde en toda una legislatura solo se van a incorporar 30 agentes», destaca su secretario general en el Consistorio, Jesús Santos. La jubilación anticipada compensa a los agentes de la escala básica, por lo que es razonable que en este grupo se produzcan las mayores bajas y el efecto sea menor en lo referido a los mandos. Además, se trata de funcionarios de segunda actividad, dedicados a tareas administrativas o la custodia de edificios. En todo caso, la edil de Protección Ciudadana admite que será un perjuicio al tener una plantilla corta.
Para Santos, la nueva situación «obligará a parchear de manera continua, con un sobreesfuerzo importante de los agentes en horas extras, un peor servicio al ciudadano, y aumentando el estrés de los agentes y su potencial de riesgo de accidentes y seguridad en las actuaciones, al no poder abordarlas con el personal suficiente, como ya se ha podido comprobar: carreras con déficit de personal, no poder tratar el botellón de forma eficaz, los manteros, gorrillas y muchos más servicios».
«Es evidente la retirada de los policías de barrio (proximidad con el nuevo gobierno) de las calles, convirtiéndose en auténtica especie en extinción, desmantelando un proyecto pionero en España y que tan buenos resultados dio en el pasado».
El concejal del grupo popular Alberto Mendoza dice sobre esto que desde 2015 «se han perdido 50 efectivos más los 25 que se jubilarán este año». Señala que esto provoca situaciones como la de 2017, cuando «se generaron más de 70.000 horas extraordinarias así como la contratación de en torno a 6.000 servicios operativos y extraordinarios».
Menguzzato habla sobre los servicios de las llamadas competencias impropias. «El botellón lo puede tratar también la Policía Nacional con la ley de 2015, y también hacemos mucha tarea de seguridad ciudadana, pero nadie reniega», insiste, para comentar que es «normal que los vecinos llamen a la Policía Local porque es lo que tienen más próximo y nunca les decimos que no podemos responder a su petición».
La concejala de Ciudadanos María Dolores Jiménez afirma por su parte que desde el «inicio del mandato pusimos de manifiesto el principal problema de los servicios de seguridad y emergencias, la falta de personal y lo que representaba para una ciudad como Valencia. El tripartito no nos hizo caso, no se lo tomaron en serio». Abunda diciendo que siempre que se «habla de este tema, aluden a los años sin oposiciones y que son ellos los que lo han solucionado, pero, la realidad, es que a fecha de hoy, hay menos policías locales que al inicio de mandato».
En cuanto a los nuevos servicios que afrontarán los agentes con las nuevas ordenanzas, Menguzzato señala que «ampliamos competencias para dar respuesta a los que nos pide la ciudad», para citar como ejemplo el balance del botellón, con medio millar de multas este año. La edil insiste en que «las llamadas se responde aunque no nos competa».
Mendoza añade que «otro hecho no menos preocupante es lo envejecida que se encuentra la plantilla, con una edad media aproximada de 50 años, una cifra muy alta para un Cuerpo que pasa a segunda actividad a los 55 años». Jiménez asegura por último que «Menguzzato se ha plegado a lo que decida Compromís y Podemos, no ha defendido a los policías ni a los bomberos, les ha dado la espalda», para insistir en que «la plantilla de policías y bomberos, siendo aproximadamente un tercio del total del Ayuntamiento, para este año de 351 plazas no han llegado a ofertar esa cantidad».
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