Acusan a la empresa de «fraude de Ley» a la hora de acabar con la eventualidad
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La sección sindical SPPLB de Bomberos Forestales, denunció públicamente ayer la «coacción que están sufriendo los trabajadores por parte de la empresa concesionaria Tragsa», una firma semipública que según el sindicato hace «muchos años que ha dejado de convertir en indefinidos a los trabajadores con derecho a ello, saltándose a la torera lo estipulado en el VI Convenio Colectivo y el propio Estatuto de los Trabajadores». En este sentido, se está enfrentando a una «avalancha de litigios por parte de los bomberos forestales que se encuentran en fraude de Ley», pero ha optado por «impedir a sus trabajadores que se puedan personar en los actos a los que son convocados por los juzgados laborales, sobre todo, conciliaciones y juicios frente a la propia empresa.
Actualmente en la provincia de Alicante hay 10 unidades de 13 efectivos cada una a los que se les suman mandos, cargos intermedios y trabajadores con otras funciones, unos 150. No obstante, desde 2012 (cuando sólo había 8 unidades) la empresa no acaba con la temporalidad de sus trabajadores, habiendo cerca de 20 litigios laborales abiertos sólo en la provincia. Esto, más el hecho de que se les coaccione impidiéndoles personarse, según el sindicato, «supone un grave ataque contra el derecho de defensa de los bomberos forestales, aprovechando su posición de autoridad de la empresa»..
«Estos hechos no son nuevos para el colectivo, que ya está acostumbrado a sufrir los continuos abusos de Tragsa», continuaron en su comunicado, «pero este asunto es más grave todavía cuando gracias a todo esto, Tragsa está ganando dinero a través de esta contratación eventual en fraude de Ley, ya que le permite implementar unos salarios más bajos». Más aún en una empresa con capital público d de la SEPI (administración central) y que trabaja para la propia administración, «por lo que debería dar ejemplo», añaden desde el sindicato. «Con esta estrategia de doble martillo (mayor temporalidad y salarios más bajos) ya son más de un centenar de trabajadores afectados y en breve las cifras pueden alcanzar a la mitad de la plantilla».
«No obstante, la respuesta de la empresa es recurrir todas y cada una de las demandas planteadas por los trabajadores hasta llegar al TSJ. Recordamos que todo estos litigios son con cargo a fondos públicos, ya que Tragsa se nutre del dinero aportado por las administraciones públicas, mientras que los trabajadores tienen que afrontar el proceso con su escaso salario y desafiando las órdenes emitidas por sus superiores». Algo que puede acrecentarse en los próximos meses como consecuencia de la subrogación del servicios a la Agencia Valenciana de Emergencias aprobada por unanimidad en la Ley de Presupuestos de 2018.
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