El Sindicato de Policías y bomberos SPPLB está en pie de guerra por culpa del decreto 153/2019 que regula el acceso a los cuerpos de Policía Local de la Comunitat. La formación sindical interpreta que esta nueva normativa, publicada la semana pasada, facilitará que más de 1.500 agentes «se vayan a ir a la calle a final de año», algo que califican como «un ERE camuflado». Ante esta situación, el sindicato presentó el pasado martes un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat con el objetivo de que quede sin efecto un decreto que, según el SPPLB, «ha generado una gran decepción en el colectivo de la Policía Local», especialmente entre los interinos, puesto que esta normativa regula, precisamente, las condiciones que deben reunir los agentes para poder acceder a los puestos de trabajo.
Desde el sindicato apuntan que «en lugar de sacar un decreto que facilite la consolidación de los policías locales interinos, hacen todo lo contrario, todos a la calle», situación que ha llevado el malestar a un nivel en el que desde el SPPLB solicitan al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, «el cese inmediato» del secretario autonómico José María Ángel, como responsable de la Agencia Valenciana de Seguridad «por el caos que está generando en los cuerpos de la Policía Local», así como la supresión del decreto de acceso. Es más, si el próximo mes de septiembre esta normativa sigue en vigor, el sindicato convocará una manifestación a las puertas del Palau de la Generalitat «para decirle a Puig que su secretario autonómico ha desestructurado totalmente los cuerpos de Policía Local y, sobre todo, que ponga orden», tal y como detallaron ayer fuentes de la organización, que invitan al resto de fuerzas sindicales, partidos políticos, agentes y opositores a sumarse a la protesta.
Por otra parte, en el recurso presentado ante el TSJ, el SPPLB solicita que «paralice de forma inmediata» algunas cuestiones como la fase previa (sólo se convoca una prueba anual) y el curso de capacitación (el sindicato asegura que la normativa actual no recoge el contenido ni el motivo de este curso previo, por lo que no se acredita que sea necesario para acceder a la Policía Local). También pide la suspensión de la provisión de puestos de trabajo por mejora de empleo porque, entre otras cuestiones, «restringe el acceso a la categoría inmediatamente inferior, sin permitir que pueda ser nombrado un funcionario de carrera de un grupo o escala distinto, aunque tenga la titulación del puesto», siempre según la formación.
En relación a los requisitos de los miembros de los órganos técnicos de selección también se ha solicitado la suspensión de la regulación sobre el nombramiento de los miembros de los tribunales al exigir como requisitos, entre otros, tener la titulación de grado, licenciado o técnico superior, «de tal modo que un agente de la Policía Local sin titulación superior al grupo C1 no puede ser miembro de un tribunal de la categoría de agente, cuando la norma general lo permite» o no tener incoado un expediente disciplinario, «vulnerando la presunción de inocencia».
Otros requisitos para poder ser miembro de un tribunal son contar con una antigüedad de tres años y realizar un curso de formación en el IVASPE «del que no se regulan ni el sistema ni requisitos para realizarlo», explican.
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