Exigen que se dote a los agentes de chalecos antibalas y solicitan más prácticas de tiro
«Las armas largas se deberían utilizar en controles, al menos ahora, con la situación generada en aglomeraciones», tiene claro un agente de la Policía Local en la Región, que prefiere no ser identificado. Después de los atentados en Cataluña, España mantiene el nivel 4 de alerta, pero se ha reforzado la seguridad.
En este contexto, sindicatos policiales vuelven a pedir que los municipales porten armas largas (actualmente, no las llevan) y tengan a su disposición chalecos antibalas. Todo ello «ante lo que ya no es una amenaza sino una triste realidad: los ataques terroristas», resaltan desde FeSP-UGT.
En este sentido, este sindicato ha registrado un escrito en la Delegación del Gobierno en Murcia y el Servicio de Coordinación de Policías Locales de la Dirección General de Emergencias, «con el fin de que se remuevan los impedimentos que están poniendo en una peligrosa situación de desigualdad de medios a las policías locales de la Región y, por consecuencia, a los ciudadanos».
En la misma línea se muestran desde el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos (SPPLB). «En cuanto al armamento y las prácticas de tiro, y teniendo en cuenta la situación actual, se hace relevante invertir en armas largas para la Policía Local, así como un reciclaje y formación adicionales que aumenten la eficacia y la seguridad de todos», remarcan.
«Actualmente, muchos municipios no llevan ningún tipo de control sobre las prácticas de tiros, encontrándonos plantillas de Policía Local que pueden llevar sin practicar con su arma de fuego durante años», asegura el SPPLB.
Desde el Sindicato de Empleados Públicos (SIME) van más allá y denuncian que últimamente, en la capital murciana, «se ha agravado la situación en cuanto a la insuficiencia de efectivos que prestan el servicio en la vía pública, dejando gran parte de los 880 kilómetros cuadrados del término municipal sin presencia policial, o en su caso haciendo recorrer a los policías de servicio distancias kilométricas cada vez más inasumibles, tanto para la protección de la ciudadanía como la de los propios policías que precisan ayuda o colaboración».
«No podemos entender por qué se ordena o se permite que los trabajadores de la Policía Local deban asumir de forma individual los riesgos de intervenir solos de forma unipersonal en urgencias o en servicios en los que sean requeridos, mientras que las patrullas de la Guardia Civil o Policía Nacional están siempre conformadas por un mínimo de dos agentes», subraya el SIME.
«Actualmente, con motivo del refuerzo al nivel 4, hemos podido observar en nuestra ciudad patrullas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no solo han aumentado el número de agentes en una patrulla, sino que además han reforzado su seguridad portando armas largas», apostillan desde el sindicato.
Resaltan que « la Policía Local es el primer Cuerpo interviniente que actúa y efectúa en su caso las diligencias de prevención necesarias», y lo hacen, en su mayoría «de forma unipersonal, es decir un sólo trabajador».
Desde el Ministerio del Interior mandaron una carta, con fecha del pasado 19 de agosto, en la que el secretario de Estado de Seguridad llamaba a incrementar «los cauces de colaboración con policías locales con la finalidad de incorporar, dentro de sus competencias, las capacidades de estos Cuerpos al desarrollo de las medidas recogidas en el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, promoviendo reuniones de las Juntas Locales de Seguridad en las que se lleve a cabo un análisis de riesgos que permita valorar la instalación de medidas pasivas de seguridad».
La normativa en España dicta que las armas largas sólo las pueden utilizar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y con carácter excepcional.
Desde el sindicato CSIF destacan que «el arma larga provoca el empuje necesario para detener la fuerza de un adulto exacerbado acometiendo con intención de matar. Por eso los atentados en Cambrils pudieron ser contrarrestados por un solo agente. Por el arma larga utilizada».
A este respecto, resaltan que «el arma corta se argumenta en que la mayoría de enfrentamientos son a corta distancia, pero la situación actual exige la incorporación de las armas largas».
Los policías se preguntan «qué fundamento tiene pedir el Ministerio mayor colaboración si no se nos permite la actuación adecuada a estas necesidades».
También consideran que «la Comunidad Autónoma tiene que tomar mayor protagonismo en el funcionamiento de las Policías Locales, para que el servicio ofrecido por los diferentes municipios sea lo más homogéneo posible, independientemente de la capacidad económica de estos. No puede haber ciudadanos de primera y segunda en materia de seguridad y protección, porque su municipio tenga menos posibilidades económicas».
Este sindicato recuerda que «lo lógico sería suscribir acuerdos entre los municipios y la Comunidad para que todos los municipios tengan una galería de tiro de referencia para realizar sus prácticas».
«Los acuerdos deberían ser también de ámbito económico: además del personal necesario, coste de la munición y otros, habría que contar con el desgaste que sufre una instalación de este tipo al someterla a un uso más continuado», puntualiza.
El CSIF también recuerda que existen otras defensas, como el táser, que es un arma de electrochoque diseñada para incapacitar a una persona. El sindicato detalla que cada agente decide en un segundo «entre ser lo suficientemente hábil para detenerlo con la posibilidad de morir o utilizar mi arma y quitarle la vida a él».
En el caso del táser, o de los gases, «estas armas provocan la caída del atacante sin causarle ningún daño», subrayan.
En la Comunidad Valenciana desde el 2015 se está solicitado también la modificación del decreto de armamento para la inclusión de armas largas.
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