Aproximadamente un tercio de los policías locales que trabajan en la Comunitat Valenciana carecen de chalecos antibalas y anticortes. Tras el atentado de Barcelona, e incluso antes, esta protección ha sido una de las principales reclamaciones de los profesionales en su dotación esencial, algo todavía lejos de la realidad. Nuestra región cuenta con algo más de 10.280 agentes municipales y, según las estimaciones de mandos consultados por LAS PROVINCIAS, alrededor de un tercio de ellos, casi 3.500, todavía no disponen de una protección que el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, calificó ayer como «fundamental».
Así lo expuso tras la reunión extraordinaria del Gabinete Técnico de Coordinación de Policías Locales que tuvo lugar en el Palau de la Generalitat, en la que participó también el director general de Emergencias, José María Ángel.
La amenaza yihadista y una respuesta acorde por parte de las policías locales fue el eje del encuentro. Entre puntos para actuar a corto plazo se encuentra el aumento en la formación de agentes ante los tentáculos del Daesh. En detección de riesgos y en cuestiones básicas de reacción y protección. «Vamos a aumentar exponencialmente cursos y contenidos», remarcó Puig sin cuantificar más el refuerzo de conocimientos a través del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE).
Otras medidas planteadas fueron aumentar la autoprotección de todos los agentes con chalecos antibalas y anticorte, superar las patrullas unipersonales y analizar las zonas más sensibles de cada localidad. En la mayoría de municipios grandes de la Comunitat ya se ha alcanzado el ratio de un chaleco por policía tan demandado por los profesionales. La asignatura pendiente está en los pueblos pequeños, con cuerpos policiales de entre uno y siete agentes. La Generalitat instará a los ayuntamientos a inversiones en este material y prevé subvenciones para su adquisición en los presupuestos del año próximo. Al mismo tiempo, habrá un estudio sobre su grado actual de implantación.
A grandes amenazas, grandes armas. Es una de las premisas que algunos sindicatos han planteado en los últimos años para demandar la incorporación de escopetas, rifles o fusiles además de las pistolas. Sin embargo, se trata de una cuestión aún sometida a debate. «El uso de armas largas tiene que estar asociado a una formación específica y lo más exigente posible», recordó el presidente Puig.
La Generalitat ha instado a los ayuntamientos a convocar trimestralmente las juntas de seguridad para elaborar planes de trabajo, buscar fórmulas de relación con la comunidad musulmana o elaborar mapas de riesgos potenciales en los términos municipales.
Además, Puig propondrá al delegado de Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, la convocatoria de la Junta Autonómica de Seguridad para «plantear con una visualización clara el combate común contra el terrorismo más allá de departamentalismos».
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