Tras tres años de continuos aplazamientos, el PP introdujo el pasado mes de mayo una enmienda en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2018 que garantizaba la puesta en marcha de la jubilación anticipada de los policías locales.
Días después salió adelante la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa. Eso sí, con el compromiso del presidente de aplicar las cuentas del Estado para este ejercicio elaboradas por el PP, prácticamente sin retoques.
Ahora, el nuevo Gobierno se ha comprometido a tener listo el real decreto de jubilación anticipada de los policías locales en cuanto haya una resolución positiva del Consejo de Estado. Tiene previsto trasladarle el documento a principios de septiembre. A partir de ahí, estima un plazo de dos meses para llevar el texto definitivamente al Consejo de Ministros.
Según este calendario, los sindicatos contaban con que la norma entraría en vigor el primer día del mes siguiente a ser aprobada. Por tanto, como muy tarde, habría luz verde a principios de noviembre. No será así. Tendrán que esperar varios meses más.
Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras del proceso, el Gobierno ha trasladado un mensaje de prudencia a los agentes a la hora de solicitar estas jubilaciones de forma inmediata y masiva, en un momento en el que el país se encuentra todavía en nivel 4 de alerta terrorista por la amenaza yihadista.
Les ha recordado que existe el riesgo de que las plantillas se vean excesivamente mermadas a partir del próximo año, en caso de que no se llegue a tiempo para que todo este personal que se marcha pueda ser reemplazado en número suficiente.
Así, Función Pública se ha dado plazo hasta final de año para reorganizar el personal que permanecerá en activo y ha aplazado las primeras retiradas al día 1 de enero de 2019. Un proceso que está realizando junto a Interior y los ayuntamientos de las grandes ciudades.
Los policías municipales coinciden con el Ejecutivo en que, con la jubilación inminente de un gran número de efectivos o, en otros casos, con su paso a una segunda actividad ajena al servicio y vigilancia de las calles, algunas capitales de provincia quedarán sin apenas plantilla.
En cualquier caso, este nuevo retraso se suma a los sucesivos incumplimientos del Gobierno de Mariano Rajoy con el colectivo. El Ejecutivo del PP había garantizado que se desbloquearía el decreto para su aprobación el pasado mes de marzo.
Pero ese anuncio acabó de nuevo en nada, después de que el Ministerio de Empleo estableciera que los agentes que cumplieran los requisitos podrían dejar sus puestos en julio del año pasado. Sin embargo, tal y cómo se contó entonces en ECD, el texto ni siquiera llegó a salir del departamento de Fátima Báñez.
El proceso legislativo exige el dictamen favorable del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Ejecutivo, antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros.
Los representantes de los policías locales conocían que la Secretaría General Técnica de la Secretaría de Estado de Seguridad Social había concluido, en la segunda quincena del pasado mes de octubre, el informe para continuar con la aprobación del real decreto que establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los agentes.
En aquel momento, Empleo solicitó a Hacienda la pertinente autorización como paso previo para la remisión del expediente al Consejo de Estado que debe elaborar el informe preceptivo antes de su aprobación definitiva. Pero los agentes denunciaron en mayo que el proceso acumulaba ya un retraso de seis meses.
Anteriormente, el decreto había permanecido otros tres meses en la fase de estudio de la comisión técnica. En total, por tanto, arrastraba más de nueve meses entre ambos organismos.
Desde Empleo insistían en que se estaban cumpliendo los plazos habituales para la aprobación de un decreto ley. Defendían que la Secretaría General Técnica de la Secretaría de Estado de Seguridad Social estaba analizando las alegaciones presentadas por los sindicatos, que habían llegado al Ministerio la primera semana de julio de 2017.
A finales del año pasado, los efectivos de la mayoría de grandes ciudades del país que se encuentran al borde de la jubilación comenzaron a organizarse y remitieron una carta al entonces ministro Cristóbal Montoro.
Los sindicatos policiales solicitaron que les confirmase que el real decreto se aprobaría el pasado mes de enero, de forma que ya en marzo se pudieran acoger a la medida, de forma voluntaria, todos los agentes que cumplieran los requisitos legales exigidos. Pero los agentes no volvieron a ser informados de más detalles.
Se calcula que alrededor de 20.000 policías locales se encuentran en esta situación, aproximadamente el 10% de la plantilla de toda España.
Ahora, un policía local puede retirarse a los 60 años con tal de que haya cotizado durante 35 ejercicios. El decreto contemplará que puedan beneficiarse de un coeficiente de bonificación de 0,20 puntos al llegar esa edad y retirarse cobrando la pensión completa.
Es una fórmula similar a la que desde 2010 ya se aplica a los 8.000 agentes de la Ertzaintza.Recibe las últimas noticias en tu correo una vez al mes.