El Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm, que instruye la investigación por las supuestas contrataciones irregulares llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Benidorm durante la etapa de gobierno del socialista Agustín Navarro, ha ampliado el cupo de investigados en la causa y ha citado a declarar a la exconcejal de Hacienda y de Personal en aquella etapa, Natalia Guijarro. Así se recoge en un auto fechado el pasado 14 de febrero y al que ayer tuvo acceso este diario, en el cual emplaza a la exedil, que en la actualidad está fuera de la política activa, a comparecer el próximo 6 de marzo ante la Justicia en calidad de investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa, tal y como figura en el encabezamiento de las diligencias.
Además de Guijarro, en la causa se encontraban ya imputados el exalcalde socialista Agustín Navarro, que sigue siendo edil y diputado provincial; el exconcejal de Personal del PSOE Juan Ramón Martínez, ya retirado de la primera línea política; y a la exjefa del departamento de Personal, Carmen Navarro, todos ellos investigados por supuestos delitos continuados de prevaricación administrativa en su modalidad de nombramientos ilegales, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Junto a ellos, también está implicado en la misma condición el excoordinador de Recursos Humanos, Daniel Caneiro, quien también es representante sindical de UGT en el Ayuntamiento y uno de los funcionarios que habrían salido beneficiados en su día por los ascensos ejecutados por el gobierno socialista, que después avalaron los tribunales.
Los hechos objeto de la causa fueron denunciados en su día por el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos (SPPLB) y tienen que ver con la firma de hasta 130 contratos temporales en el año 2010, de los que 43 habrían ido a parar a personas con vínculos familiares o políticos con el PSOE local, cuando el Gobierno central había prohibido taxativamente incrementar las plantillas para reducir la inmensa deuda que entonces tenían los ayuntamientos. También, por la concesión de pluses, complementos y ascensos a funcionarios supuestamente afines desde finales de 2009 a 2012, entre otros hechos. La suma de todo ello generó un desfase presupuestario cercano a los 4,5 millones en el capítulo de Personal con respecto a lo que preveía el plan de ajuste municipal.
En aquella época, Natalia Guijarro ejercía como concejal de Hacienda, mientras que su compañero de grupo, Juan Ramón Martínez, era el responsable de Recursos Humanos. Tras las municipales de 2011, que ganó el PSOE, Guijarro mantuvo las delegaciones del área económica y sumó también las de Personal, departamento que gestionó hasta que los socialistas perdieron las elecciones de 2015.
La declaración de Guijarro como imputada se sumará a la que ya realizó en su día en calidad de testigo para dar su versión sobre los hechos que se instruyen en esta causa.
La exedil compareció a finales de 2015 ante el juez, junto a otros técnicos municipales, a petición del sindicato denunciante, el SPPLB, que desde que comenzó la investigación ha presentado varias ampliaciones de su denuncia inicial, presentada en el año 2013
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