Se adivina nueva crisis de Gobierno en el Ayuntamiento de Valencia, en este caso al hilo de los manteros y del trato que les dispensa la Policía Local. Sindicatos policiales y oposición han cargado contra una resolución del Consejo de Inmigración que el pasado lunes aprobó, con los votos a favor de Compromís y València en Comú (el representante del PSPV se ausentó antes de esa votación), pedir una investigación a la Policía Local sobre la manera de tratar a las personas migrantes del Cuerpo municipal. La concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, ha expresado esta mañana su apoyo a la Policía Local.
El Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (Spplb) ha emitido hoy un duro comunicado en el que «desaprueba y rechaza las acusaciones vertidas de ´violencia institucional o actuaciones discriminatorias´« hacia la Policía Local por parte de València en Comú y de Compromís. El sindicato recuerda que los agentes se dedican a cumplir con su trabajo, por lo que exige »más respeto hacia nuestras actuaciones y más si esas acusaciones vienen de integrantes del propio gobierno municipal del que los funcionarios locales forman parte«.
El sindicato ha anunciado que pedirá al alcalde, Joan Ribó, que se manifieste al respecto: «Queremos saber si contamos con el apoyo del máximo responsable para seguir trabajando«. »Entendemos, aunque no compartimos, que estando en pre-campaña y llevando el área de inmigración la señora Neus Fàbregas de València en Comú haga su papel y venda su libro pero que el grupo político del propio alcalde (Compromís) apoye esa medida nos preocupa, por eso pedimos su opinión y más cuando la semana que viene el alcalde se presentará frente a cientos de policías en el Día de la Policía en la Central«, indica Jesús Santos, portavoz de la Policía Local en el Spplb. »Necesitamos saber si quieren que nos repleguemos a nuestras comisarias y no salgamos a la calle y que cada uno haga lo que le dé la gana«, ha dicho, y ha añadido que su trabajo ya es complicado de por sí »como para que encima nos pongan en duda desde dentro«.
«Este es un estado de derecho en el que el Ayuntamiento está inmerso, este no es un estado fallido, falsa democracia o dictadura sometida a multinacionales afortunadamente para las personas que vivimos aquí (vengamos de Cáceres, Perú o Senegal) y existen mecanismos para garantizar los derechos de todos, y cualquiera puede utilizarlos, poner en duda gratuitamente (como mecanismo de propaganda electoral) las instituciones desde las propias instituciones no beneficia a nadie«, señala el comunicado, que insiste en que el sindicato »avala y apoya al 100% las actuaciones de los compañeros en defensa de la legalidad vigente y la pacifica convivencia de los vecinos de esta ciudad«. »Vecinos a los que estamos agradecidos por sus múltiples muestras de apoyo y reconocimiento que suelen trasladarnos por nuestro trabajo y a los que muchas veces (cada vez más) no podemos darles el servicio que se merecen por culpa de una nefasta gestión en políticas de plantillas de este Ayuntamiento que está paralizando el cuerpo de Policía Local«, comentan desde el Spplb.
No ha sido el único sindicato que ha criticado la resolución adoptada en el Consejo de Inmigración. CCOO, UGT, STAS, y CSIF del Ayuntamiento de Valencia han apoyado la actuación policial «legítima» llevada a cabo por tal de evitar la comisión de actos delictivos.
«La venta de productos falsificados es una actividad delictiva que forma parte de una red internacional organizada. Por lo que consideramos que los esfuerzos deben ir dirigidos a exigir que se impida la entrada de estos productos y a que se investiguen a estas redes delincuenciales o bien, se inste a través de sus grupos políticos a nivel estatal, si así lo consideran, a la derogación o reforma de los artículos del 270 al 277 del Código Penal«, han indicado el resto de sindicatos, que han pedido a cualquier miembro del Consejo Local de Inmigración que posea »algún indicio de que se ha producido cualquier irregularidad en el servicio policial realizado« que lo denuncie, »sin criminalizar una vez más a la Policía Local«.
La oposición también critica la decisión. El portavoz del grupo municipal popular, Eusebio Monzó, ha manifestado que en su opinión la decisión de Compromís y València en Comú «resulta lamentable e indignante«. Incluso en la reunión de la Comisión Permanente previa al consejo la representante del grupo municipal socialista llegó a votar a favor de la propuesta inicial en la que se llegaba a acusar a la Policía Local de tener un »patrón de trato completamente inaceptable« hacia el colectivo de los manteros, se manifestaba la »preocupación ante un accionar que insiste en criminalizar a personas« o se pedía el cese inmediato de las »persecuciones policiales que sufren los manteros en nuestra ciudad«, según ha explicado Monzó. El edil cree que la concejala Menguzzato debería haber intervenido en el consejo »para dar las explicaciones oportunas y defender las actuaciones de los agentes municipales«.
«Desde el Grupo Popular estamos en contra de que se criminalice, en general, a ningún colectivo, y menos aún, si cabe, por su origen o por la actividad a la que se dedique; pero lo que no vamos a aceptar nunca es que se acabe criminalizando al cuerpo de la Policía Local de Valencia, y menos aún por cumplir con su obligación de perseguir cualquier tipo de conducta o actividad ilegal«, ha dicho Monzó.
La concejal de Ciudadanos María Dolores Jiménez ha defendido la actuación de la Policía Local que, dice, «se encuentra dentro del marco de su propia actividad profesional, que no es otra que la de servir a los vecinos de Valencia garantizando sus derechos y haciendo cumplir con la normativa vigente y el marco legal establecido«. Para Jiménez, las actuaciones contra los manteros, »no van contra ningún grupo concreto de personas sino contra una actividad ilegal realizada en la vía pública«: »No cabe la insinuación de actos racistas. Esto es un despropósito y una acusación muy grave hacia unos profesionales que velan por nuestra seguridad y nuestras libertades«.
Jiménez insiste en que la Policía Local «no puede incumplir con sus obligaciones como agentes de la ley, porque eso supondría una ilegalidad por parte de los agentes, pero además sería desproteger los derechos y garantías del resto de ciudadanos». Para la concejala, es «inaudito» que los agentes «tengan que padecer este tipo de acusaciones y desprestigio profesional».
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