El Sindicato Profesional de Policía Locales y Bomberos (SPPLB) en la Región de Murcia recuerda que "la vigente Ley de Coordinación de las Policías Locales de la Región de Murcia (Ley 4/1998, de 22 de julio) establece claramente y sin ningún tipo de restricciones, en su artículo 28.2 (Movilidad), que los Ayuntamientos reservarán un 20 por 100 de las plazas vacantes de Agentes para miembros de otros Cuerpos de Policía Local de la Región de Murcia".

"Una reserva, por otra parte, que nunca se debió retirar de la nueva Ley de Coordinación al perjudicar enormemente a los compañeros que llevan años desarrollando sus servicio en las distintas policías locales de la Región", asevera este colectivo. Y es que "con la nueva ley se abren las puertas a la llegada a las distintas plantillas de Policía Local ciudadanos que con la anterior ley se veían penalizados en sus pretensiones como la modificación de diferentes requisitos de acceso (eliminación de la edad máxima de acceso y reducción de la altura mínima exigida) así como la futura reserva de plazas para militares profesionales, que no a los policías profesionales ya en servicio en las distintas corporaciones locales regionales".

"Se está observando que las diversas corporaciones y jefaturas no tienen el más mínimo interés en incorporar, en sus diferentes plantillas, personal de Policial Local con experiencia profesional, prefiriendo juventud sin ninguna en el campo de la seguridad pública", remarca el sindicato policial, a lo que agrega que "las nuevas incorporaciones, que con tanto trabajo y esfuerzo se están preparando para un desarrollo laboral de servicio al ciudadano, deben conocer que en su futuro profesional van a tener muy muy complicado cambiar de plantilla entre los distintos municipios de la Región, por muy importantes e imperiosos que puedan ser los distintos motivos personales o profesionales que sufran".

Pasa esto porque, explican, "ningún municipio tiene obligación de reservar plazas para los procesos de movilidad, como sí contempla la vigente Ley de Coordinación del año 1998, debiendo tener muy presente que posiblemente pasen el resto de su vida policial en el municipio donde aprueben su oposición".

"Actualmente ya se está viendo éste desaire por los procesos de oposición de movilidad, sirviendo de ejemplo el que actualmente se está siguiendo en el Ayuntamiento de Cartagena (iniciado allá en febrero de 2018) al haber ampliado las plazas de oposición libre y no hacerlo porcentualmente igual en la movilidad, incumpliendo la obligación legal del citado artículo 28.2 de la legislación vigente en materia de coordinación de policías locales de la Región de Murcia, reservando el 20% de plazas totales para movilidad", aseveran las fuentes. Así, "la corporación municipal ha llamado para la siguiente fase de la oposición libre en número mayor a las legalmente establecidas al no haber respetado la reserva establecida en la oposición de movilidad consignada en la ley".

"El motivo aludido no deja de mostrar la falta de ganas, interés y respeto por los miembros de los Cuerpos de Seguridad Locales que durante años han prestado servicios en otros municipios de la Región. Compañeros que, después de muchos años de servicio a la sociedad, y por sus diferentes circunstancias, desean incorporarse a la plantilla de la Policía Local de Cartagena antes de que la irracional nueva ley de coordinación cercene sus sueños con su próxima entrada en vigor al completo", lamentan los policías.

"Que en las bases del proceso de movilidad no se apostillara ´más aquellas que vaquen´, como sí se hizo en la libre, que niega el acatamiento legal de que en todo caso las citadas bases se ajustarán a la Ley 4/1998, de Coordinación, por ser de rango superior legal, en cuanto al porcentaje de reserva. Pero es que al igual que el número de plazas libres pudiera en el futuro modificarse (ya que no era seguro en aquel momento) también tiene que hacerse porcentualmente en las plazas de movilidad", apostillan al respecto.

"Para mayor desfachatez, la corporación municipal de Cartagena es plenamente conocedora que dentro de las acciones legítimas de los afectados para que se cumpla la vigente Ley de Coordinación, y siempre que continúe en su enroque de no ampliar el número de plazas en la oposición de movilidad, está la vía de la demanda ante el Juzgado de Lo Contencioso-Administrativo", tienen claro los agentes.

Desde su punto de vista, "al Ayuntamiento de Cartagena no le preocupa los quebrantos, no sólo a los legítimos opositores por movilidad, y sus familias, que ilegalmente se les están dejando fuera, sino al resto de opositores tanto en movilidad como libres si se llegase a adoptar medidas cautelares hasta la resolución del Juicio Contencioso, que verían temporalmente paralizados sus ilusiones y sueños de empezar esta nueva etapa profesional. Una paralización que además perjudicaría al resto de plantilla de la Policía Local que necesita urgentemente refuerzos en sus servicios cotidianos así como una sociedad cuya seguridad se está viendo dañada por irresponsables decisiones municipales respecto al cumplimiento de la legislación vigente".

"Por todo lo expuesto el Sindicato Profesional de Policía Locales y Bomberos exige al Ayuntamiento de Cartagena que, aplicando la legislación vigente en materia de Coordinación de Policías Locales, amplíe las plazas para agentes de la Policía Local en la oposición de movilidad en el 20% del total de plazas ofertadas en la oposición libre hasta la jura como funcionario en práctica, que actualmente deberían ser 5 plazas más sobre las 4 ofertadas en origen", subrayan.