www.libertaddigital.com 8-11-21
El Gobierno está trabajando en la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Tanto PSOE como Podemos, los dos partidos que sustentan el Ejecutivo, atacaron con fuerza el texto legal cuando fue aprobado en tiempos de Mariano Rajoy en La Moncloa, pero en los últimos años pasaron de exigir su derogación a dejar su reforma en un cajón. Ahora, en las últimas semanas, ambos partidos han pisado el acelerador.
La reforma de esta ley ha sido recibida con preocupación tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil. Sobre todo, porque las partes de esta ley que más protegen a los agentes de ambos cuerpos son, precisamente, algunas de las que con más fiereza criticaron desde los partidos de izquierda y extrema izquierda cuando se aprobó, en un contexto social en el que se estaba erosionando al entonces gobierno popular a golpe de disturbios en las calles.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha hecho público en los últimos días su preocupación por "la supresión de la prohibición de grabación y sobre todo de difusión sin autorización previa, de imágenes de policías en su trabajo diario. Una decisión que supone un peligro evidente para la integridad física de los agentes y de sus familias".
"Igualmente, permitir que se celebren manifestaciones ‘espontáneas’, sin comunicarlas previamente ni advertir de sus recorridos, atenta contra las libertades del resto de ciudadanos, y vuelve a poner en situación de peligro e indefensión a los policías que se vean obligados a intervenir", continúan. Es por eso que ha pedido que se retiren estos cambios, tanto "en defensa de los policías" como "de las libertades y el derecho a la seguridad de los ciudadanos".
"Esta situación ahonda en la situación de desamparo institucional que sufren los policías por parte de sus responsables políticos. También, crea más inseguridad jurídica en los policías, lo que puede llevar a coartar su operatividad en la complicada situación de pandemia y rotura del principio de autoridad por la que está pasando nuestro país", concluyen desde el sindicato.
En la misma línea se manifiestan desde la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC). "El anuncio de la derogación de parte de la Ley de Seguridad Ciudadana deja aún más indefensos a los guardias civiles y resto de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado. En este sentido, especialmente preocupante es la retirada de la prohibición de grabación y de difusión sin autorización previa de imágenes de los agentes durante sus actuaciones", exponen.
"Otro error de esta decisión es permitir la celebración de manifestaciones que no hayan sido anteriormente notificadas ni especificar sus recorridos. Una situación que pondría en grave riesgo la seguridad de los agentes. Y no sólo de los agentes, sino también de sus propios familiares, que en muchas ocasiones son también víctimas de situaciones de acoso e incluso agresiones por el hecho de su parentesco", añaden.
Por último, desde esta veterana asociación profesional, consideran que estos cambios en la ley "pondrían en peligro muchas operaciones policiales en curso, y crearía además muchas dudas a la hora de llevar a cabo las actuaciones en relación a las grabaciones en vídeo".
La Confederación Española de Policía (CEP) ha considerado que la iniciativa "llega en el peor de los momentos, precisamente por el aumento de incidentes violentos relacionados con los llamados botellones" y que, además de perjudicar el trabajo policial, "está pensada únicamente para una parte de la ciudadanía, al olvidar que en su articulado se regula la convivencia y que eso implica proteger los derechos de todos los ciudadanos empezando por los de aquellos que ven su vida alterada por comportamientos incívicos".
"Un ejemplo concreto de este riesgo lo tenemos en la enmienda que propone limitar la responsabilidad de los incidentes en una manifestación o concentración únicamente a los organizadores o promotores, retirando del articulado la opción de sanción a quienes ejerzan actos similares a ellos. Con este cambio, cualquier persona o colectivo que no convoque formalmente un acto público -o lo haga desde el anonimato de las redes sociales- pero que se dedique a impulsar incidentes o comportamientos sancionables quedará impune", han argumentado.
El sindicato policial ha dicho que la modificación de la ley apunta a otorgar "más impunidad para quien decida alterar la convivencia pacífica del resto de la sociedad" y ha destacado que "llama poderosamente la atención que se reactive este proyecto normativo por la agenda política y no por cuestiones técnicas o jurídicas, sobre todo teniendo en cuenta el perjuicio que provocará en los derechos profesionales de las Fuerzas de Seguridad".
La preocupación por la situación que pueda causar esta modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana también ha llegada incluso al ámbito de las policías locales, según ha confirmado este lunes el secretario de organización del SPPLB (Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos), Jesús Santos, a este periódico.
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