El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene previsto pronunciarse de manera inminente ante las cuestión prejudiciales suscitadas por diversos Juzgados de lo Contencioso Administrativo en relación con el abuso en la contratación temporal por parte de las distintas Administraciones Públicas, pudiéndose reconocer la fijeza a los funcionarios interinos y personal laboral temporal que se encuentran prestando servicios durante más de tres años, lo que la normativa europea considera como un fraude de ley.
Es por ello que la totalidad de los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Sax (SPPLB, CSIF, UGT y CC OO) solicitan que se proceda a la adopción de medidas provisionales por parte del municipio, consistente en la paralización de toda Oferta de Empleo Público que conlleve la inclusión de las plazas que en la actualidad vienen desempeñando el personal interino y temporal del Consistorio sajeño, al objeto de no causar perjuicios de imposible reparación, toda vez que del contenido de la citada resolución se podrían reconocer derechos a favor de los mismos, y la no adopción de tales medidas provisionales afectarían a sus derechos e intereses legítimos que se verían afectados, causándoles perjuicios de imposible o muy difícil reparación. Además, en el caso de que se reconozca dicha fijeza y los empleados hubiesen sido cesados, la administración podría verse en la situación de una duplicidad de plazas en el supuesto de que la sentencia del TJUE reconozca como sanción disuasoria y adecuada el reconocimiento de los interinos a la fijeza en su puesto de trabajo, teniendo que ser readmitidos e indemnizados, lo que causaría un daño económico a la administración.
Por lo que, en aras de evitar un perjuicio a los empleados públicos afectados, que en el Ayuntamiento de Sax son más de una veintena, al propio Ayuntamiento y a la ciudadanía, los sindicatos reclaman la paralización y suspensión de toda Oferta de Empleo Público así como las oposiciones que incluyan las plazas que vienen desempeñando los empleados públicos en situación de interinidad o temporalidad. Una medida que se pide mantener mientras no se diriman las cuestiones pendientes y se emita un pronunciamiento por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, cuya resolución parece que podría recaer en el último trimestre de 2019.
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