Lasprovincias.es Levante-emv.com Elperiodicodequi.com
Varapalo a la cúpula de la Policía Local de Mislata, y sobre todo al Ayuntamiento. Una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 10 de Mislata anula la comisión de servicios (traslado de un destino a otro) por la que se dio luz verde a la designación del intendente principal del municipio. Lo que en definitiva viene a significar la anulación de su nombramiento como jefe de la Policía Local.
El juez acepta un recurso presentado por el Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB) y anula la resolución por la que se produjo el nombramiento, al «no ser ajustada a derecho». El principal motivo de la impugnación aceptada es que la comisión de servicios por la que se produjo el nombramiento del responsable policial (Antonio Collado) se realizó «sin publicidad», lo que perjudicó, o de hecho «imposibilitó, a cualesquiera otros funcionarios interesados a aspirar a la misma».
Es el primer pronunciamiento que realiza el juzgado. Después, la mayoría de argumentos de la sentencia son ´dardos´ contra el Ayuntamiento de Mislata. La siguiente frase de la sentencia no tiene desperdicio: «El estudio de las cuestiones de fondo revela de inmediato un grave vicio en la forma de acordarse la comisión de servicios».
Pero el mayor aldabonazo figura en el siguiente párrafo incluido dentro de los fundamentos de derecho de la sentencia. El juzgado de Valencia considera que el proceso por el que se eligió el intendente principal de Mislata «ha carecido por completo de publicidad alguna, y hasta puede decirse que se ha otorgado en condiciones enormemente extrañas, habida cuenta de que ha acabado por recaer en un funcionario de Ayuntamiento distinto».
La sentencia se hace después una serie de preguntas sobre el proceso seguido. «Cómo ha llegado este (por el actual responsable policial) a enterarse de dicha comisión (era agente en L´Alcudia) y por qué le fue ofrecida con anteposición y exclusión de los restantes integrantes de la Policía Local de Mislata es algo que no consta en el expediente», subraya el juez en su resolución.
La sentencia reconoce que al tratarse de un puesto de naturaleza discrecional, la ley permite al Consistorio designar para el cargo a cualquier persona mediante una «libre decisión». Pero, como añade el juez, lo que en ningún caso permite la legislación es «su provisión sin publicidad o concurso de ninguna clase». Tras el fallo, que no es firme y contra el que cabe recurso, fuentes del SPPLB señalaron la posibilidad de acabar presentando una querella por la vía penal contra el Ayuntamiento de Mislata «por un presunto delito de prevaricación por parte del Equipo de Gobierno». Por su parte, el alcalde, Carlos Fernández Bielsa, aseguró ayer que el nombramiento «se realizó con todos los informes favorables y la supervisión de la jefatura de Personal. Es más, se hizo de la misma manera, punto por punto, que lo hizo el PP en su momento». La sentencia «está recurrida y el recurso aún no está resuelto».
Recibe las últimas noticias en tu correo una vez al mes.