El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valencia ha anulado los nombramientos de dos inspectores de la Policía Local de Tavernes y la oposición que pasaron para acceder al cargo. El juez considera que el tribunal no se ajustó a las normas para este tipo de selección y ha suprimido el proceso.
Esto supone un duro revés para el cuerpo vallero. El sindicato SPPLB informó que el magistrado ha dictado una sentencia de la anulación de la oposición basándose en «la incorrecta formación del tribunal de selección, pues mientras el Ayuntamiento aprobó que el alcalde nombrara a todos sus integrantes, la norma específica de la Policía Local obliga a que dos de los miembros sean designados por la Consellerias correspondientes, al no haberse hecho de este modo, la oposición ha sido anuladaEste fallo marca claramente la configuración de los mandos policiales. Según SPPLB «la cúpula de mando operativo de la Policía Local en el Ayuntamiento recae en el Intendente Jefe y los dos Inspectores nombrados tras ésta última oposición.
Estos nombramientos han sido anulados por el Juzgado, en sentencias que no son firmes. Habiéndose relegado, tras esta designación, en funciones de responsabilidad a Inspector y Oficiales funcionarios de carrera».
Desde el sindicato policial se recalca que en noviembre de 2015 se declaró la nulidad del nombramiento del Intendente Jefe, en una sentencia que estima parcialmente la demanda de otro opositor, anulando el nombramiento del Jefe y obligando a valorar nuevamente determinados méritos de la fase de concurso.
Según el sindicato, el reciente fallo del tribunal que anula la oposición de los dos inspectores supondrá un gasto de más de 4.800 euros en honorarios de abogados, por no haber atendido la solicitud que se hizo desde SPPLB antes de iniciarse el proceso.
El sindicato va más allá y recalca que desde el Ayuntamiento se han incoado varios expedientes disciplinarios a policías locales a instancias del Intendente Jefe, siendo instructor y secretario los inspectores cuyo nombramiento ahora ha sido anulado. Así pues, se abre una incógnita sobre qué pasará con estos expedientes.
Ahora se abre un periodo en el que el consistorio podrá o no recurrir. Queda por ver si el consistorio va a acatar de forma inmediata esta sentencia, lo que obligaría a redestinar a los inspectores y habría que ver cómo quedan los expedientes que se hayan podido cursar en este tiempo en el que han ejercido su función en la Vall. Todo esto se suma a las críticas que recibió el gobierno local por la apertura del nuevo retén y su elevado coste.
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