Un juez ordena por primera vez en la provincia a un ayuntamiento que realice test periódicos a sus funcionarios para garantizar su seguridad frente al covid-19. Esta sentencia pionera afecta al Consistorio de Sant Joan y abre la vía para hacerla extensiva a otros municipios. El fallo del Juzgado de lo Social número 1 de Alicante fue notificado el 21 de diciembre, admitiendo así la demanda de la Federación de Sindicatos de Empleados Públicos (Fesep). Y, en virtud de la misma, el Ayuntamiento de Sant Joan empezará con los test ya en enero. Del mismo modo, el sindicato va a exigir al resto de consistorios que se aplique el fallo y hagan controles periódicos, ya que si no los denunciará en los tribunales.
La sentencia va en la línea de la dictada el pasado octubre sobre Cocentaina, en la que se condenaba a la Corporación por haber vulnerado los derechos de los trabajadores y obligaba a adoptar medidas. Pero en el caso de Sant Joan va más allá al estipular la obligación de test periódicos para garantizar su seguridad. El magistrado declara «vulnerado el derecho a la integridad física y salud de los empleados públicos de la Corporación municipal demandada en contacto directo con ciudadanos, condenando a la misma al restablecimiento de los derechos vulnerados y a proporcionar a los empleados públicos a su servicio en contacto directo con ciudadanos un entorno seguro en el ámbito laboral, y, en virtud de ello, realice a sus empleados en contacto directo con ciudadanos y con otros compañeros de trabajo y entorno laboral las pruebas preventivas de detección eficaz que sean necesarias para conocer de su afectación por el coronavirus».
Por su parte el alcalde de Sant Joan, Jaime Albero (PSOE), explicó a este medio que ya han acordado con Personal y con la empresa de riesgos laborales que a principios de año se realicen las pruebas a varias decenas de funcionarios en virtud del fallo judicial.
Este juzgado ya ordenó como medida cautelar en mayo la realización de test, tras presentar la Fesep la demanda, unos controles que se realizaron en ese mes a todo el personal del Ayuntamiento. Y ahora el fallo recoge que se vulneraron los derechos de los trabajadores y que no se volvieron a hacer más test, algo que considera necesario el juez y que afecta a los trabajadores en contacto directo con el ciudadano, como policías locales o funcionarios de servicios de atención al público.
La Fesep denunció la vulneración del derecho a la integridad física y del deber derivado de la protección a la salud por incumplimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales, manteniendo que ese deber es obligación del Ayuntamiento de Sant Joan.
Contundente
Para la Fesep la sentencia es «contundente, ya que obliga al Ayuntamiento a restablecimiento de los derechos vulnerados y a proporcionar a sus empleados públicos en contacto directo con los ciudadanos un entorno seguro en el ámbito laboral», obligando a realizar a dichos empleados públicos pruebas preventivas de detección. El sindicado destaca que «la sentencia no admite la tesis del Ayuntamiento que se justificaba con haber realizado un test ha cumplido con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales».
Para la Fesep el fallo es muy importante «por su gran transcendencia, ya que es la primera que se dicta en la provincia de Alicante que obliga a los ayuntamientos, y por deducción también a las demás administraciones públicas, a planificar y realizar de forma periódica test de diagnóstico y de prevención para la detección del covid-19 a sus empleados públicos que presten servicio en contacto con los ciudadanos y resto de compañeros de trabajo».
Así mismo la organización sindical denuncia que «ya son numerosos los escritos presentados en muchos ayuntamientos para que cumplan con sus obligaciones como empleador garantizando a los empleados públicos trabajar en todo momento en un entorno laboral seguro, y realizar de forma periódica test de diagnóstico y de prevención para la detección del covid-19 mientras dure la pandemia».
Estudian acciones legales por estas negligencias
La Fesep estudia acciones legales contra los consistorios para exigir responsabilidades por estas negligencias. Explica que «a la vista del contenido de esta sentencia, y del incumplimiento por la mayoría de los consistorios de sus obligaciones en prevención de riesgos laborales, la Fesep anuncia el estudio de acciones legales civiles y/o penales, de carácter colectivo e individual de sus afiliados, contra los responsables del Servicio Municipal de Prevención de Riesgos Laborales y de RR HH de los distintos ayuntamientos implicados, valorando en su caso, el perjuicio ocasionado en la salud e integridad de los empleados».