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El sindicato profesional SPPLB de la Policía Local de Tavernes de la Valldigna ha interpuesto una denuncia ante el juzgado contencioso-administrativo de Valencia contra el decreto que regula el régimen interno y las condiciones la borales de la policía. La agrupación sindical asegura que ese decreto fue «impuesto» por la edil de Seguridad, Llum Sansaloni.
El motivo principal de la demanda es «la mala fe negocial que se ha seguido para su aprobación, pues se implantó en contra de todas las secciones sindicales presentes; SPPLB, CSI-F y CCOO». El sindicato SPPLB considera que el decreto «vulnera los derechos laborales de los funcionarios policiales», ya que, entre otros puntos, se les suprimen las vacaciones y permisos que la ley contempla, al igual que el derecho al disfrute de la mitad de fines de semana y festivos establecidos para las Policías Locales de la Comunitat Valenciana, «atentando todo ello en contra del derecho a la conciliación de la vida familiar de los policías».
En un escrito denuncian que la plantilla ha sufrido una reducción importante durante los últimos años debido a jubilaciones y pases de compañeros a la situación de segunda actividad sin que se hayan cubierto dichas plazas, por lo que desde este sindicato se pide al gobierno que no pretenda «intentar cubrir más servicios con una menor cantidad de policías en activo». El sindicato agradeció el apoyo de la población respecto al tema de las armas de fuego que se pretendía aplicar, «el cual se incluía como punto en el presente decreto y que llevó al alcalde a intervenir en su retirada». En la tarde de ayer este periódico trató de contactar sin éxito con la edil de Seguridad Ciudadana.
En el pleno del lunes, el PP preguntó por qué se pagaron en diciembre 1.350 euros de productividad al jefe de la Policía Local cuando no estuvo operativo gran parte de ese mes. El alcalde pidió a sus concejales que no respondiesen al considerar que se trataba de una persecución a la persona que ostenta esa plaza.
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