El levante 24 de Mayo de 2011
Siete agentes de la Policía Local de Villanueva de Castellón han puesto en conocimiento de la Fiscalía y del Decanato una serie de diligencias realizadas por este cuerpo por si “hubiera indicios de que se estuviera cometiend por parte del alcalde Alfred Gregori delitos de tráfico de influencias y de prevaricación”, denuncian.
Los agentes, respaldados por el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos ponen en entredicho las órdenes de la máxima autoridad local, del que dicen que les presiona “para que no realicen denuncias sobre los locales de ocio que están incumpliendo reiteradamente los horarios establecidos en sus licencias”.Mientras que , por otro lado, le acusan de ordenar “inspecciones exhaustivas” a un determinado local por razones estictamente personales.En la inspección no se aprecia ninguna infracción, señalan.
Esta situación se resolvió, según explican, con la imposición de una orden de servicio, dictada por el alcalde el 21 de febrero pasado, que dice:” ... los agentes no quedan autorizados a realizar ningún tipo de acto de inspección de forma discrecional, por lo que siempre actuarán con la correspondiente habilitación en cumplimiento del principio de jerarquía”. En este sentido , indica que : “Podrán desarrollarse inspecciones extraordinarias únicamente ante situaciones excepcionales y siempre con la autorización previa del alcalde-presidente, el jefe del cuerpo o,en ausencia de estos, el oficial responsable del turno”.
La orden concluye que se establece este protocolo de actuación siempre con el objetivo de cumplir la legalidad y velar por la seguridad ciudadana, según subraya el alcalde, quien achaca esta denuncia de los policías al “acoso” que sufre por parte de varios agentes relacionado con “temas laborales y de dinero”, explica Gregori.
El munícipe alega que la mediación ante la inspección de un local por incumplimiento del horario se debe a un afán por buscar “mas flexibilidad”:”Ese local abre antes por que quieren ganarse la vida, y con los tiempor que corren...”. Niega que haya ordenado la inspección exhaustiva de un “pub” y justifica su mediación para anular el abono de la tasa de la grúa por parte de unos trabajadores a los que la Policía denunció, y por lo que le acusan de presunta prevaricación, por que se trataba de operarios que trabajaban en la construcción del Auditorio Rex y “habían dejado su coche a la puerta para poder cargar los trastos”, explica
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