La exconcejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Benidorm Natalia Guijarro se ha desentendido de los 43 posibles enchufes a familiares y afines del PSOE durante el mandato del anterior alcalde, Agustín Navarro, en su declaración durante una hora ante el juez que instruye el caso de las contrataciones irregulares. «No pinto nada en esta causa», ha afirmado, con el argumento de que las funciones del departamento de Intervención no tienen que ver con el de Hacienda.
No obstante, en su curriculum difundido en redes sociales figura de forma destacada la «dirección y supervisión del personal del Ayuntamiento de Benidorm, más de 900 personas», además de constar en su experiencia profesional que fue responsable tanto del área económica como el de empleo.
Más en detalle, Guijarro describe en su ficha profesional, dentro del apartado del «Departamento de Hacienda y Recursos Humanos en el Ayuntamiento de Benidor, entre 2007 y 2015» las siguientes funciones: «dirigir a los más de 900 trabajadores del ayuntamiento; realizar los presupuestos anuales; negociar con las empresas concesionarias; controlar el gasto público; reestructurar el sistema de gasto e ingreso».
En cuanto al área de Intervención a la que ha aludido en su comparecencia de este viernes en sede judicial, no existe ninguna concejalía con ese nombre en la información oficial de la Diputación de Alicante sobre todos los municipios de la provincia, ni en la Corporación de Benidorm de 2007 ni en la de 2011.
La exconcejal ha vuelto a indicar a Efe antes de su declaración que estaba «muy tranquila» con lo que hizo «cuando era concejal» y se ha reiterado en que su imputación en este asunto se debe «a una persecución por parte de un sindicato policial».
En este sentido, Francisco Ángel González, representante del SPPLB, -que fue quien destapó el caso con su denuncia que luego hizo suya la Fiscalía- ha rechazado en declaraciones a Efe las acusaciones de persecución y ha insistido: «Lo que perseguimos es el despilfarro de varios millones de euros en aquella época, la nefasta gestión de esa etapa en la que nos obligaron a apretarnos el cinturón mientras ellos se gastaban el dinero en contrataciones irregulares».
Según ha indicado a Efe la propia exconcejal, las preguntas del abogado del SPPLB han hecho «mucho hincapié» en los motivos por los que no se amortizó la plaza de Jefe de Personal, de acuerdo con lo que se establecía en el Plan de Ajuste municipal. Guijarro ha defendido que dicha plaza la dejaron «vacante y sin cubrir, sin embargo el PP la ha cubierto con un miembro del SPPLB, a pesar de que el Plan de Ajuste sigue vigente».
En esta causa, el juzgado también investiga al exalcalde Agustín Navarro, el exconcejal de Recursos Humanos Juan Ramón Martínez, la exjefa de Personal y el excoordinador de Recursos Humanos.
El juez investiga la comisión de posibles delitos continuados de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
En el caso de Guijarro, está siendo investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa, mientras que Agustín Navarro lo es por el mismo motivo además de tráfico de influencias.
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